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El Estado mexicano reprobó en su primera audiencia en el 91° periodo de sesiones de la Comisión sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) de la ONU, celebrada en Ginebra, Suiza, donde se encuentra rindiendo cuentas sobre las acciones realizadas en cuanto a la violencia y discriminación contra las mujeres, y se destacaron las fallas en justicia y autonomía institucional.
Expertas del CEDAW cuestionaron al Estado mexicano por los desalentadores resultados en materia de violencia feminicida, matrimonio forzado, desapariciones, trata de niñas y mujeres. También reprocharon la creciente militarización de la seguridad pública, la primera elección judicial y la reforma para eliminar organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
México llegó ante CEDAW con un aproximado de 209 recomendaciones que el Comité ha extendido desde 1998. De acuerdo con la relatora Yamila González Ferrer, las respuestas del Estado mexicano no estuvieron acompañadas por estadísticas que acreditaran los resultados, es decir, en función de saber cómo han beneficiado a mujeres víctimas al tomar medidas contra los agresores.
Durante la comparecencia, las y los expertos del organismo expresaron una preocupación sostenida por retrocesos que afectan gravemente dos pilares fundamentales para la garantía de los derechos de las mujeres: la justicia con perspectiva de género y la autonomía de las instituciones encargadas de vigilarla y hacerla cumplir.
La delegación mexicana que compadeció ante la CEDAW estuvo conformada principalmente por Citlali Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres; Francisca Méndez Escobar, embajadora y representante permanente de México ante la ONU; Jennifer Feller, directora general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría Relaciones Exteriores; Jannet del Rosario Cruz, representante del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas; y Martha Lucía Micher, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República.
Cabe mencionar que, el CEDAW es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Está conformado por 23 expertos en derechos de las mujeres que hacen cuestionamientos puntuales al Estado mexicano ante el informe recibido en septiembre de 2024.
El primer interrogatorio comenzó con la relatora Yamila González Ferrer, quien expresó la preocupación del Comité respecto al cumplimiento de los artículos 1 y 2 de la Convención.
Señaló que, aunque la Constitución Mexicana prohíbe toda forma de discriminación y reconoce el principio de igualdad, no incluye una definición de discriminación contra la mujer conforme a la CEDAW, no reconoce explícitamente la discriminación indirecta ni incorpora la interseccionalidad como principio constitucional. En cuanto al marco normativo, como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la relatora manifestó preocupación sobre su exigibilidad judicial. Por ejemplo, subrayó que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) está debilitado y «carece de poder sancionador».
Otros señalamientos incluyeron la complejidad de homologar criterios en materia penal para aplicar la perspectiva de género, debido a múltiples factores, así como la falta de coordinación entre las distintas jurisdicciones y autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. También se destacó el retroceso en la autonomía, la capacidad técnica y la interlocución con la sociedad civil por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como la deficiente atención a las madres buscadoras, quienes han sido víctimas de amenazas, desapariciones y asesinatos.
En materia de acceso a la justicia, la relatora indicó que persisten numerosos desafíos. A pesar de la adopción de protocolos especializados, se observa el uso indebido del procedimiento abreviado en casos graves de violencia contra mujeres y niñas, incluidos feminicidios, aun cuando existen suficientes elementos de prueba para llevarlos a juicio. También señaló el impacto desproporcionado que tiene la prisión preventiva oficiosa sobre las mujeres, especialmente porque se ha incrementado el número de delitos que la contemplan.
Respecto a la reforma judicial, se cuestionó qué medidas se están planteando para asegurar que juezas y jueces electos cuenten con los conocimientos necesarios para juzgar con perspectiva de género, y cómo se prevé evaluar su desempeño. Asimismo, se interrogó sobre cómo esta reforma podría mejorar la independencia judicial y fortalecer la rendición de cuentas en relación con el cumplimiento de la CEDAW.
La participación de la relatora concluyó con una fuerte preocupación por la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) como organismo autónomo. Consideró que las nuevas estructuras propuestas no garantizan la misma independencia, lo que limitaría el derecho de las mujeres a saber, proteger sus datos y exigir justicia. Alertó también sobre los riesgos de opacidad, especialmente en temas como feminicidio, violencia institucional o programas sociales con enfoque de género.
En la segunda parte de la audiencia, los temas centrales fueron el actuar de la Secretaría de las Mujeres, donde se cuestionaron problemáticas como la violencia de género, la participación política de las mujeres y la trata de personas, sin embargo, la constante en la comparecencia fue la falta de resultados e indicadores ante la supuesta transformación en el país emprendida desde el 2018.
Transcurrida la mañana, la audiencia prosiguió y fue la relatora y feminista Eudine Barriteau, si bien reconoció los avances logrados por el Estado mexicano en materia de derechos de las mujeres en México, subrayó que aún existen áreas críticas que requieren mayor atención. Por ejemplo, el fortalecimiento de las instituciones encargadas de garantizar los derechos de mujeres y niñas, y de la aplicación efectiva de marcos jurídicos y políticas ya existentes.
En ese sentido, Barriteau solicitó información concreta sobre las medidas que ha tomado México para mejorar la coordinación, monitoreo, evaluación y colaboración interinstitucional, incluyendo el rol de la Secretaría de las Mujeres, y su articulación con otros mecanismos nacionales y con la sociedad civil. Barriteau, planteó la necesidad de fortalecer el conocimiento público sobre el papel de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) y asegurar que se cuente con los recursos y capacidades necesarias para el cumplimiento de su mandato.
Barriteau, solicitó evidencia sobre el impacto del Programa Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres en la vida de las mujeres en situación de vulnerabilidad, especialmente datos desagregados que demuestren cambios en sus condiciones, no obstante, estos no fueron presentados por la delegación mexicana.
Recordó que hay algunos informes alternativos que denuncian la falta de resultados de esta Secretaría, pese a que la Semujeres fue elevada a nivel ministerial.
Como respuesta se dijo que enfrenta dificultades relacionadas con la falta de recursos técnicos, humanos y financieros. CEDAW cuestionó si estas limitaciones son ciertas, y en tal caso, qué medidas ha tomado el Estado para garantizar el fortalecimiento institucional de esta dependencia, incluyendo las funciones que antes cumplía la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).
Por otro lado, Elgun Safarov, abogado experto en derechos humanos y derecho internacional, cuestionó sobre el articulo 4° de la Convención que menciona:
“La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad no se considerará discriminatoria.”
En este sentido reconoció los avances en México en materia de igualdad de género, como la adopción de un Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030 con enfoque transversal en derechos humanos e igualdad, la presencia creciente de mujeres en el parlamento y en ministerios tras la pandemia, así como la promulgación de una ley de igualdad sustantiva que establece como objetivos la eliminación de la brecha salarial, la vida libre de violencia opera las mujeres y la incorporación de una perspectiva de género en instituciones como fiscalías especializadas.
Sin embargo, también señaló que, pese a estos avances normativos y formales, persisten problemas estructurales serios, sobre todo en el ámbito de la representación política local. A pesar de que las mujeres representan más del 50 por ciento de las candidaturas para ayuntamientos, siguen enfrentando barreras estructurales estereotipos de género, sesgos partidistas y prácticas discriminatorias que les impide acceder a estos cargos.
Frente a este escenario, cuestionó por qué no se han aplicado plenamente las medidas temporales especiales proporcionadas en la Recomendación General No. 25 para acelerar la igualdad sustantiva. Preguntó específicamente qué cuotas u otras acciones afirmativas ha adoptado el Estado para garantizar una representación efectiva de mujeres, especialmente de aquellas en situaciones de mayor desventaja.
Además, expresó su preocupación por la infrarrepresentación de mujeres en puestos de toma de decisión en el ámbito económico y financiero, como directoras de bancos o gestoras de fondos, a pesar de que los datos parlamentarios muestran mejoras, Subrayó que, para lograr un cambio real, no basta con la presencia formal de mujeres, sino que se deben eliminar los obstáculos institucionales y financieros que dificultan su acceso al poder y garantizar su participación efectiva.
Para cerrar su participación, hizo referencia al empleo de las mujeres en el ejército y preguntó si existen medidas temporales especiales en ese ámbito, así como en otras estructuras donde predomina la discriminación estructural. Sugirió que la implementación decidida de cuotas y acciones afirmativas puede transformar no solo a los partidos políticos, sino a las dinámicas sociales de poder.
