Por Jesús Castañeda Nevárez
En México estamos viviendo un fenómeno que merece discutirse con mucha seriedad: el gobierno ya no solamente gobierna, pues al parecer le sobra tiempo y ahora también quiere competir como empresario.
Y el problema no es únicamente económico e ideológico, el problema es de piso disparejo.
Hoy vemos al Estado construyendo aeropuertos, administrando trenes, operando una aerolínea, distribuyendo combustibles y participando cada vez más en actividades donde durante años trabajaron miles de empresas privadas (cafeterías), particularmente pequeñas y medianas, por lo que forzosamente surge una pregunta fundamental: ¿las empresas del gobierno compiten bajo las mismas reglas que cualquier empresario mexicano? La respuesta, claramente, es no.
Mientras un pequeño empresario vive presionado por el SAT, por el IMSS, por el INFONAVIT, por las declaraciones mensuales, por las auditorías y por el riesgo permanente de multas o clausuras, las empresas públicas pueden operar durante años con pérdidas multimillonarias y seguir funcionando gracias al dinero público.
Porque competir contra el mercado ya es difícil… pero competir contra una empresa respaldada por el presupuesto federal resulta ser prácticamente imposible.
Es decir, al empresario privado se le exige rentabilidad inmediata y al gobierno se le justifican pérdidas en nombre del “interés nacional” y eso genera una percepción muy peligrosa para la economía, porque claramente “el árbitro ya se metió al partido”.
Y aquí hay algo muy importante, porque cuando hablamos de empresas privadas, no hablamos precisamente de grandes corporativos, no.
En México, el 99% de las empresas son micro, pequeñas y medianas empresas. Son negocios familiares, comercios, talleres, restaurantes, pequeños distribuidores, proveedores y emprendedores que generan la mayor parte del empleo del país.
Son personas que arriesgan su propio patrimonio, que pagan impuestos, nómina y seguridad social sin subsidios ni rescates financieros.
Por eso el verdadero riesgo no siempre es que una micro o pequeña empresa cierre mañana. El riesgo más grave es el que no se ve: que las inversiones ya no llegan, que los negocios deciden no crecer, que el emprendedor mejor ya no invierte o el empresario que empieza a pensar que en México ya no basta competir económicamente… sino también política e ideológicamente.
Y cuando la confianza se debilita, la economía empieza a frenarse lentamente.
México necesita un Estado fuerte, sí, pero un Estado fuerte no necesariamente significa un Estado empresario, porque ningún gobierno puede sustituir la capacidad productiva de millones de mexicanos que todos los días generan empleo, invierten y pagan los impuestos que sostienen la economía real del país, la que los políticos derrochan y dilapidan sin misericordia.
Porka Miseria.
