Una comisión de Naciones Unidas inició este lunes una visita a México para evaluar el trabajo de las autoridades contra la desaparición forzada de ciudadanos, que el gobierno reconoce como una «crisis humanitaria» que suma ya más de 94 mil casos.
La presencia en el país del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) «muestra la voluntad del Estado mexicano (…) de abrir las puertas a ese escrutinio», dijo la jefa de la delegación, Carmen Rosa Villa.
En un acto con funcionarios gubernamentales, Villa destacó que se trata de una «visita histórica», al ser la primera de este tipo que realiza la CED a un país desde su creación hace 11 años. La comisión llevaba solicitando la visita a México desde 2013.
Según cifras oficiales, el país registra más de 94 mil personas desaparecidas. De ellas, unas 76 mil desde 2006, cuando el gobierno lanzó un cuestionado operativo militar antidrogas.
Desde entonces se contabilizan además unos 300 mil asesinatos, atribuidos principalmente a los cárteles del narcotráfico y otras bandas del crimen organizado.
Villa informó que los comisionados visitarán 12 estados y se reunirán con autoridades federales y locales para «identificar medios» que ayuden a la «prevención y lucha contra la impunidad por las desapariciones».
También participarán en exhumaciones que realizan funcionarios judiciales y familiares de víctimas.
La visita concluirá el 26 de noviembre y la comisión presentará un informe en marzo próximo ante el pleno de la CED.
En el mismo acto, el subsecretario de Derechos Humanos de México, Alejandro Encinas, garantizó la cooperación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Encinas recordó que desde su llegada al poder, en 2018, López Obrador reconoció las desapariciones como parte de «la crisis humanitaria y de derechos humanos» que afecta al país.
«Estamos abiertos plenamente al escrutinio internacional», expresó el funcionario, subrayando que esa situación es la «herencia más dolorosa que está enfrentando el gobierno».
Encinas explicó que tras la llamada «guerra sucia», como se conoce la violencia que ejercieron agentes del Estado contra opositores políticos entre 1965 y 1980, la lucha antidrogas desató el fenómeno de la «desaparición entre particulares, vinculada a la corrupción de las fuerzas policiales ligadas al crimen organizado».
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