La exrectora Sara Ladrón de Guevara y los exrectores Raúl Arias Lovillo y Víctor Arredondo Álvarez publicaron un segundo pronunciamiento público en el que piden a las universidades públicas autónomas de México a sumarse al rechazo a la prórroga ilegal solicitada por Martín Aguilar Sánchez para quedarse otros cuatro al frente de la Universidad Veracruzana, sin cumplir con los requisitos de ley y de manera automática.
Los exrectores pidieron a la comunidad universitaria nacional su apoyo solidario ante “el reprobable atropello que se está preparando en contra de la vida autónoma de la Máxima Casa de Estudios de Veracruz”.
Destacaron que luego de su primer pronunciamiento público del pasado 29 de mayo, en el que alertaron que había un intento por parte de la actual rectoría para utilizar un subterfugio legaloide que implica infringir la legislación universitaria, el rector dio a conocer que había presentado a la Junta de Gobierno una petición para que le extendiera una prórroga automática por un periodo de cuatro años, “lo que implica una severa transgresión por parte de la máxima autoridad unipersonal y de la Junta de Gobierno, en caso de otorgarla, a la Ley de Autonomía y del propio reglamento de ese órgano de Gobierno”.
“La razón es muy clara, el actual rector, Dr. Martín Aguilar Sánchez está impedido a participar como aspirante para un segundo periodo porque rebasa por dos años el límite de edad que impone la Ley de Autonomía y Reglamento de la Junta de Gobierno. Este órgano es responsable de la designación de rector bajo criterios, requisitos, procesos y etapas claramente definidos en la normatividad universitaria. Éstos consisten en lanzar una convocatoria abierta dos meses antes de la designación (a más tardar el 30 de junio) para que se registren todos los aspirantes interesados que cumplan con los requisitos establecidos.
“A partir del registro de aspirantes, la Junta de Gobierno debe seleccionar a los candidatos formales, después de revisar la documentación correspondiente y llevar a cabo una primera consulta a la comunidad universitaria. La designación de rector se debe efectuar entre los candidatos seleccionados, una vez que se realice una segunda consulta y se apliquen los criterios expresamente definidos y reglamentados”, expusieron.
Puntualizaron que el pasado 4 de junio, un grupo distinguido de ex miembros de la Junta de Gobierno solicitó a la Junta de Gobierno apegarse a la legalidad y la transparencia. “Entre ellos se encuentra un ex rector de la UNAM, altos directivos de la UAM y de la ANUIES, premios nacionales de Ciencias y Artes, un receptor del Premio Princesa de Asturias, juristas conocedores de la legislación universitaria, investigadores nacionales y catedráticos de prestigio internacional”.
Sin embargo, de esos días a la fecha, “de manera inexplicable y grave, la Junta de Gobierno abrió una consulta a la comunidad universitaria que no está reglamentada en la legislación, para someter a opinión la improcedente petición del rector”.
Mencionaron que “ante la presión de algunos de sus pares en la Junta de Gobierno, la Dra. María Angélica Buendía Espinosa presentó su renuncia a ese órgano de gobierno. Hasta el día de hoy no se ha notificado a la comunidad universitaria la razón de ese lamentable incidente ni se ha atendido su reemplazo, tal y como lo mandata la norma universitaria”.
Por todo lo anterior, los exrectores de la etapa autónoma de la UV expresaron de nueva cuenta “nuestra preocupación por la salvaguarda de la autonomía universitaria y un llamado claro y categórico en favor de la legalidad, de la autonomía y de los principios éticos que deben regir y distinguir a toda institución de educación superior; y más, cuando se trata de sus propias autoridades”.
Además de lo que diversos sectores de la Universidad Veracruzana han expresado, exigieron que se respete la legalidad y la Autonomía Universitaria; no se acepte la petición de prórroga ilegal del rector y que se emita la convocatoria para la designación de rector, conforme a lo establecido por la Ley de Autonomía (artículo 8), que exige su publicación con al menos dos meses de antelación a la conclusión del actual periodo; que la Junta de Gobierno se abstenga de continuar interpretando la normatividad institucional vigente, porque esa no es su atribución legal; que no se excluya a la comunidad universitaria ni a quienes legítimamente aspiren a ser considerados como candidatos, a partir de una amplia participación y conforme a la ley; y que la Junta de Gobierno reafirme con hechos su independencia de la administración actual que está en proceso de conclusión y su compromiso con la ley y la comunidad universitaria a la que se debe.
“Este es un llamado al apoyo solidario de las universidades e instituciones de donde provienen los actuales y pasados integrantes de la Junta de Gobierno y del resto del sistema universitario nacional que da rumbo al futuro de la nación y que consolida el bagaje ético que requiere México para superar la ilegalidad. La autonomía no se pone en tela de juicio: se ejerce. La legalidad no se interpreta por quien no tiene esa atribución legal: se cumple”, concluyeron.
