La confirmación del asesinato de la periodista veracruzana Roxana Berenice Guzmán Ramírez provocó una inmediata condena de organismos nacionales e internacionales defensores de la libertad de expresión, que demandaron al Estado mexicano garantizar una investigación independiente, exhaustiva y con perspectiva de libertad de expresión, así como llevar ante la justicia a todos los responsables materiales e intelectuales del crimen.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su más enérgica condena por el homicidio de la directora del portal Pulso Informativo del Sureste, ocurrido después de permanecer desaparecida desde el pasado 2 de junio, cuando un grupo armado irrumpió violentamente en su domicilio de Nanchital y la privó de la libertad frente a su familia.
A través de un pronunciamiento difundido en sus canales oficiales, la Relatoría manifestó su solidaridad con los familiares y colegas de la comunicadora y reconoció las detenciones realizadas por las autoridades, entre ellas las de cuatro policías municipales presuntamente vinculados con el grupo criminal responsable del secuestro y asesinato.
Sin embargo, el organismo interamericano subrayó que las investigaciones deben continuar hasta esclarecer completamente los hechos y evitar que el crimen quede en la impunidad.
La RELE recordó que la violencia contra periodistas no solamente vulnera el derecho a la vida de quienes ejercen el periodismo, sino que constituye un ataque directo a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a recibir información.
Asimismo, advirtió que este tipo de homicidios generan un efecto inhibidor sobre el resto del gremio periodístico, favoreciendo la autocensura, particularmente en regiones donde confluyen altos niveles de violencia e impunidad.
Por su parte, Article 19 Oficina para México y Centroamérica, organización especializada en la defensa de la libertad de expresión, lamentó profundamente la confirmación del asesinato de Roxana Guzmán y reiteró las exigencias que había planteado desde el momento de su desaparición.
La organización recordó que desde el mismo 2 de junio solicitó que las autoridades aplicaran el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión y que la actividad periodística de la comunicadora fuera considerada como una línea prioritaria de investigación, sin descartarla anticipadamente.
Article 19 sostuvo que la participación de servidores públicos en el caso —particularmente policías municipales señalados por proporcionar apoyo logístico a la célula criminal— vuelve indispensable esclarecer no sólo la autoría material del crimen, sino también las posibles redes de complicidad entre grupos delictivos y autoridades locales.
La organización insistió en que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar justicia, reparación integral para la familia y medidas efectivas para evitar que agresiones similares vuelvan a ocurrir.
El asesinato de Roxana Guzmán vuelve a colocar a Veracruz como uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo en México.
De acuerdo con los datos difundidos tras la confirmación de su muerte, Guzmán se convirtió en la periodista número 34 asesinada en la entidad desde que existen registros de organizaciones defensoras de la libertad de expresión y en la tercera víctima mortal del gremio en Veracruz durante 2026.
Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado derivaron en la captura de ocho personas, entre ellas cuatro presuntos integrantes de una organización criminal y cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, quienes, según la autoridad ministerial, habrían brindado recursos, alimentos y apoyo logístico a los responsables del crimen.
La participación de elementos policiales ha incrementado la preocupación de organismos internacionales debido a las posibles conexiones entre autoridades locales y grupos delictivos que operan en el sur de Veracruz.
