Por Carlos Tercero
La preocupación en Estados Unidos por la Reforma Judicial, se entiende desde el punto de vista comercial, dado que la incertidumbre desincentiva la inversión; sin embargo, la designación de Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía del gobierno entrante, debe ser garante de la disposición de la doctora Sheinbaum por alcanzar los mejores acuerdos comerciales con Estados Unidos y Canadá. Por supuesto que como socios comerciales, ambos países tienen legítima preocupación e interés por contar con un marco jurídico sólido que permita la certeza de que las controversias se puedan dirimir en un sistema judicial con apego irrestricto a la ley, pero igualmente deben comprender que en la evolución y desarrollo de México, la justicia sigue siendo un asunto pendiente de la agenda social que reclaman millones de mexicanas y mexicanos, quienes por el hecho de no contar con recursos económicos quedan negados de los recursos legales.
El largo y tortuoso camino nacional por la igualdad y justicia social, tiene precisamente en la justicia uno de sus rezagos más lacerantes para la sociedad y el pueblo de México. La justicia no puede seguir siendo exclusiva para quienes puedan pagarla, pero también es cierto que se han logrado grandes avances, sobre todo en lo que respecta a la división de poderes y en lo que la virtual Presidenta electa, claramente expresó ante el Consejo Coordinador Empresarial que la reforma no significa autoritarismo ni concentración de poder.
Existen serias y fundadas dudas respecto a que la elección popular sea lo adecuado para la designación de ministros, magistrados y jueces, sobre todo porque el nivel de comprensión jurídico-judicial de la enorme mayoría que no tiene el conocimiento preciso en la materia, expone a opinar sobre un tema para el cual se está calificado, para ello, están ya los representantes populares que desde el poder legislativo deben, al menos en teoría, proceder a tomar decisiones basadas en la suma de voces e intereses de sus representados. Además, la oportunidad de que las y posibles contendientes a dichos espacios surjan desde las militancias y/o cuadros de los partidos políticos, representa el riesgo de sesgar sus decisiones, violentando con ello la anhelada autonomía.
Tal vez los cambios en el sistema judicial y de impartición de justicia, debieran plantearse, primeramente, el resolver los temas que todo mundo sabe que existen, pero nadie parece ver, como el exacerbado nepotismo, la falta de profesionalización, el tráfico de influencias y, en el caso específico de las fiscalías de los estados, la utilización de estas instancias como brazos de presión y represión política del ejecutivo.
Pero retomando el tema respecto al tratado comercial con nuestros países vecinos del norte, se debe considerar que en un hecho sin precedente, nuestro país tendrá en su Gabinete Legal, además de un Canciller del mayor nivel en todos los sentidos, a dos excancilleres en temas estratégicos para el mejor desempeño y marcha del T-MEC: en SEMARNAT con la doctora Bárcena como garante de la sostenibilidad; y en Economía con Ebrard, para quien los detalles del acuerdo comercial no son tema nuevo y, por tanto, están preparados para atender la revisión del tratado en 2026. Luego entonces, la preocupación en estados Unidos, debiera quedarse a ese nivel y no insistir en el llamado de quienes pretenden frenar las iniciativas, lo cual está cerca de considerarse una muestra de intervencionismo, al que México difícilmente reacciona de forma positiva; sobre todo cuando existe el recurso legal del arbitraje internacional, el de establecer cláusulas en caso de controversias, predispuestas a solucionarse en tribunales de Estados Unidos o Canadá según se defina en cada caso; sin que ello implique el dejar de impulsar en México las condiciones para un sistema de justicia que sea capaz de resolver conflictos entre particulares y sancionar a quienes cometan delitos y, con ello, otorgar certeza y seguridad a la inversión extranjera.
El sistema judicial debe dar certeza, pero no solo a los inversionistas o los tratados comerciales, pues se debe en primer término a las y los mexicanos.
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