Por Alberto J. Olvera
En el contexto de un mundo convulsionado por rebeliones juveniles en Francia, España, Bélgica, Portugal, Italia y otros países europeos, y por la inminencia de elecciones de importancia histórica en Estados Unidos, Brasil, España e Israel, México destaca por la pobreza de su debate público, por la patente incompetencia del Estado, especialmente en materia de salud y justicia (entre tantas otras cosas), y por un ambiente de ominosa espera de que algo pase, lo que sea, que cambie las cosas. La incertidumbre en tiempos de estabilidad política interna es un fenómeno extraño, pero sin duda un signo de tiempos frustrantes, de acumulación de tensiones, de ceguera de la clase política y de impotencia, política y de comprensión, de las clases intelectuales y artísticas.
Todos sabemos que las cosas no van bien. Todos los días hay marchas, paros, tomas de calles, de carreteras, de escuelas. La crisis más urgente en este mes es la de la salud. Hospitales desabastecidos, carencia de personal, enfermos sin atención a pesar de la “tarjeta universal de salud” que prometía acceso a todos a este derecho, y que en realidad es garantía de angustiosa espera o franca negligencia. Los jóvenes siguen desapareciendo en cantidades alarmantes. Hay decenas de crímenes a diario, menos que antes, pero igual de impunes que siempre. Hay estados donde el crimen manda en regiones completas. La corrupción sigue carcomiendo al Estado, a las empresas privadas, a las fuerzas armadas y a la sociedad, como de costumbre. Y la impunidad es la regla universal, sólo que más politizada que nunca. Los crímenes de los políticos de Morena se perdonan de facto, los de la oposición se castigan con ejemplar severidad.
La perplejidad de propios y extraños es general. Nos preguntamos cómo es que un Estado disfuncional, que parece una suma caótica de partes no articuladas, que enfrenta formidables retos internos y externos, que sufre una crisis fiscal terrible, que carece de una tecnocracia competente, que está colonizado por políticos mediocres y oportunistas, puede mantener una gobernabilidad precaria, pero operativa?. Por qué no hay una oposición política digna de ese nombre, ni una sociedad civil movilizada y organizada?.
Nadie ha podido responder estas preguntas. Pero una posible respuesta es que el orden político en México se basa en una asombrosa continuidad histórica. El viejo orden autoritario instaurado por el PRI en realidad sigue vivo en sus fundamentos. Logramos una transición a la democracia electoral, pero en la práctica el sistema político reformado trasladó a una competencia entre tres partidos principales y tres oportunistas la disputa que antes se daba puertas adentro del PRI. Se democratizó relativamente el acceso al poder, pero no se renovaron las élites políticas, con la excepción de la irrupción masiva de mujeres a la política partidaria, quienes de inmediato imitaron entusiastamente el comportamiento oportunista de los hombres. Mientras tanto, el orden corporativo en los sindicatos y el clientelismo en el mundo rural y en las zonas urbano-populares continuó vivo y próspero, en el contexto de alianzas políticas cambiantes, pero con los mismos líderes autoritarios y añosos de siempre. Los arreglos corporativos con las universidades públicas y con las instituciones culturales se mantuvieron sin cambio, y aunque se propició desde arriba la academización y la profesionalización, las viejas formas de control: el verticalismo autoritario, el caciquismo universitario y el control político estudiantil simplemente adquirieron nuevas formas, sin abrir nunca espacios democráticos ni arenas de debate que trascendieran los claustros universitarios.
La democracia electoral devino en un sistema cerrado y autorreferencial. El generoso financiamiento público a los partidos les permitió autonomizarse de la sociedad. Se convirtieron en agencias de colocación política, sea vía elecciones o por acceso a cargos en la administración pública, con merecimiento o sin él. Las disputas por candidaturas y cargos se hicieron cada vez más intensas en tanto el acceso al poder garantizaba impunidad y privilegios. El nuevo partido que nació apenas en 2012, Morena, se sumó con singular alegría a estos vicios después de unos pocos años de bregar en la marginalidad opositora, para luego ganar limpiamente dos elecciones presidenciales sucesivas presentándose como una alternativa verdadera a la debacle moral de la alianza neoliberal PRI-PAN. El capital político que Morena acumuló en los diez años pasados está sin embargo desgastándose con rapidez, aunque sin consecuencias electorales inminentes.
Otro factor de estabilidad estructural, ésta de carácter económico, es el increíble grado de integración con Estados Unidos que se construyó en las pasadas tres décadas de implantación neoliberal. Surgieron miles de nuevas empresas orientadas a la manufactura y exportación de productos al vecino del norte, pero sin que la modernización y complejización industrial y agropecuaria del país se tradujera en un crecimiento económico significativo. México se ha convertido en una gigantesca maquiladora industrial que articula las economías de China y Estados Unidos. Es un sistema altamente independiente del gobierno nacional, que aprovecha la mano de obra barata y la falta de regulación laboral, ambiental y legal que siempre ha caracterizado a México. La escala impresionante de esta economía ha permitido hasta ahora sobrellevar el colapso de PEMEX y de la CFE y las carencias acumuladas de infraestructura, educación y estado de derecho. Durante décadas la exportación de petróleo permitió ocultar la disfuncionalidad estatal y los desequilibrios económicos, pero en los veinte años recientes ese papel lo ha cumplido la industrialización dependiente, la emergencia de una agricultura de exportación y la explosión de la economía del narcotráfico.
Lo más grave de todo es que el proceso de relativa democratización política coincidió en el tiempo con el empoderamiento histórico del crimen organizado. Los grupos criminales que desde décadas atrás se habían especializado en el contrabando y la exportación de mariguana y heroína se encontraron con la oportunidad única de tornarse en intermediarios imprescindibles para el trasiego de cocaína desde Colombia a Estados Unidos desde fines de los años ochenta. Conforme ese mercado creció en proporciones increíbles, el negocio del tráfico de drogas devino en una rama completa de la economía nacional, con múltiples empresas criminales en competencia y con ingentes necesidades de control territorial y por tanto de alianzas con políticos locales, policías de todos los niveles y los sectores de las fuerzas armadas que siempre estuvieron involucradas en el supuesto control del narcotráfico. Mezcla tóxica en extremo: competencia electoral real pero acotada a organizaciones profesionales del negocio del acceso al poder, y competencia real entre organizaciones criminales cada vez más profesionalizadas en el uso de la violencia y de tácticas y estrategias militares para controlar territorios y mercados ilegales. No es sorpresa, en tal contexto, que la política institucional conviva, en buena parte del país, con diversas empresas criminales trasnacionales.
El gobierno de López Obrador no cambió este orden. Lo usó para sus fines estratégicos, ante todo, el control de los gobiernos estatales y la construcción de una mayoría calificada en el congreso. Peor aun, para tal fin no dudó en reconstruir la pieza clave del viejo régimen: el presidencialismo casi absoluto. La estrategia: el populismo personalista de López Obrador, con toda su parafernalia: la polarización afectiva y simbólica; la encarnación del pueblo en un líder; la división de la sociedad en amigos y enemigos; la destrucción de las instituciones de control horizontal del poder ejecutivo (de suyo disfuncionales); la reversión del modesto federalismo construido en la transición; la construcción de un mito nacionalista-desarrollista al estilo echeverrista, acompañado por desgracia por la precipitada construcción de megaproyectos absurdos y económicamente catastróficos (Tren Maya, Tren Transítsmico, Refinería Olmeca, Aeropuerto Felipe Ángeles, y lo peor: “rescate” de las empresas paraestatales quebradas: PEMEX y CFE). Y la joya de la corona: el constitucionalismo súbito y salvaje de septiembre de 2024, mes durante el cual el Presidente López Obrador usó una supermayoría parlamentaria artificialmente construida para borrar de la constitución los cambios introducidos por los gobiernos neoliberales en los veinte años anteriores, y dejar sentadas otras, como la elección universal de todo el poder judicial, que borraron de un plumazo la relativa autonomía del poder judicial federal y convirtieron al poder legislativo en oficialía de partes del ejecutivo.
López Obrador retrotrajo al país, en términos constitucionales y políticos, a un tiempo ido: el del presidencialismo casi absoluto. Pero el pasado nunca regresa. Ya nada es como antes. Todo parece igual: hay un partido oficial hegemónico, una oposición testimonial, una sociedad civil golpeada y sin recursos; un control total sobre corporaciones sindicales y grupos clientelares locales. Pero nada es lo mismo. El partido oficial, Morena, es todo menos un partido institucional. Es una alianza inestable de intereses que sólo fue funcional mientras el líder populista impuso su voluntad. En su ausencia, relativa y dudosa, Morena carece de liderazgo cierto y de autoridad incuestionable. La presidenta Sheinbaum no tiene el control real del partido como sí lo tenían los presidentes priístas. De cara a las elecciones de alcaldes, diputados federales y locales y 17 gobernadores de 2027 no está claro quien decide las candidaturas oficiales. Hay señales encontradas sobre la relación entre gobierno y grupos criminales, algunos de cuyos liderazgos han sido detenidos o eliminados bajo la presión inclemente de Estados Unidos. No se sabe cómo quedarán las alianzas con los partidos oportunistas y chantajistas de la 4T, los partidos Verde y del Trabajo, sin cuyos votos Morena no será más una mayoría parlamentaria. Y el gobierno no sabe qué hacer con los políticos morenistas abiertamente aliados con grupos criminales locales, cuyas cabezas reclaman los gringos, y cuyo castigo es imprescindible para establecer la autoridad presidencial.
Todo lo anterior deriva de la irresolución del problema fundamental de la 4T: Morena no es el PRI. Fue un instrumento personal de un líder populista que no está realmente retirado, y hoy es un aparato electoral sin cabeza. El carisma no se hereda, lo sabemos desde Weber, y la presidenta es todo menos una líder carismática. No tiene equipo propio y carece de malicia política. Pero ha lidiado con relativo éxito, de manera pragmática, con los principales retos que ha enfrentado, sobre todo el crimen organizado, y el brutal obstáculo representado por Donald Trump. Y es la presidenta de jure, y nadie tiene en claro que puede hacer o dejar de hacer. De ahí la incertidumbre, dentro y fuera del régimen.
Mientras tanto, la oposición languidece en su falta de legitimidad. Incapaces de renovar su liderazgo, tanto el PRI como el PAN son aparatos controlados por mafias del pasado, sin programa ni discurso, que viven de la esperanza del colapso de la 4T. Movimiento Ciudadano no es un partido, sino una franquicia electoral oportunista que atisba espacios donde sobrevivir. Tiene dos gobernadores impresentables que representan todo menos una nueva forma de política democrática. Sin embargo, estos partidos tienen dinero y redes, que pueden poner al servicio de candidatos locales a municipios y hasta a gubernaturas en caso de que la ocasión se presente.
La sociedad civil es otra historia. En México siempre ha sido débil en extremo, debido al estatismo de la cultura política, la cobardía política de la burguesía nacional y la falta de tradición autonómica de las elites intelectuales. Hay miles de asociaciones civiles y movimientos sociales de todo tipo, pero viven en un aislamiento político casi total y en una falta de articulación ya no se diga nacional, sino regional y local. Las barreras a la acción colectiva son enormes, tanto organizacionales como políticas, agravadas por la falta de liderazgos creíbles. Poco a poco se gestan nuevas alianzas horizontales, pero en ausencia de una crisis política nacional, no se formarán frentes civiles significativos a corto plazo. Sólo si hubiese una percepción de verdadera emergencia nacional, saldrán a la luz con inesperada fuerza actores que hoy no observamos en la esfera pública.
Nos toca vivir hoy a los mexicanos que aspiramos a una democracia con justicia una coyuntura de confusión, desaliento, parálisis y frustración derivada de la larga agonía del viejo régimen autoritario priísta, que transmutado primero en democracia electoral neoliberal y luego en populismo anacrónico, sigue vivo en su esencia. La política hoy está enclaustrada dentro de un sistema político autorreferente, que ha introducido un grado de competencia electoral sin controlar a los verdaderos poderes fácticos. La sociedad no tiene voz. Pero las presiones se acumulan en las múltiples capas de una sociedad harta de carencias, promesas incumplidas, vidas sufridas, violencia imparable y ausencia de futuro. Nadie sabe a dónde conducirá este explosivo coctel. Pero este país está acostumbrado a dar sorpresas. Esperemos que la próxima sea para bien de la justicia y la democracia.
