Por Jesús Castañeda Nevárez
Hay hechos que, por su crudeza, nos obligan a detenernos y reflexionar sobre el valor de la vida y el contraste con la muerte, además la responsabilidad de quienes gobiernan en ambas cosas.
El 30 de septiembre, en Tennessee, las autoridades intentaron ejecutar a Christa Pike, condenada a muerte por un asesinato cometido en 1995. Tras recibir dos dosis de pentobarbital, sobrevivió y tuvo que ser hospitalizada. No intento entrar aquí al debate sobre la pena de muerte, sino a lo que ocurrió después: era el segundo intento fallido del estado en el año, el gobernador suspendió las ejecuciones pendientes y se abrió una investigación; el titular del Departamento Correccional renunció. El Estado falló, tuvo que reconocerse y el responsable tuvo vergüenza y se fue.
Qué paradoja. Allá, el objetivo del procedimiento era provocar la muerte; aquí, la obligación de las instituciones del sector salud es evitarla. Y en ambos casos surge la misma pregunta: ¿quién responde cuando el sistema falla? ¿porqué aquí no hay consecuencias y sí hay justificaciones?
Desde 2018, el sistema de salud mexicano ha pasado por profundas transformaciones: desapareció el Seguro Popular, se creó el INSABI que nunca funcionó y, tras pocos años, este también dio paso al IMSS-Bienestar. Cada cambio se presentó como el camino hacia una atención más justa y eficiente. Pero los resultados no se miden por los discursos ni por el nombre de las instituciones, sino por lo que sucede en los hospitales. Las mediciones oficiales registran entre 34 y 44 millones de personas sin acceso a servicios de salud; hay familias que compran los medicamentos con su propio dinero y pacientes que esperan meses por una cirugía.
No se trata de atribuir cada fallecimiento al desabasto: eso requiere investigaciones médicas y datos verificables. Pero sería irresponsable ignorar que la falta de un medicamento, el retraso de una operación o la ausencia de equipo agravan una enfermedad y aumentan el riesgo de morir. Cuando una carencia pone en peligro la vida, ya no hablamos de una deficiencia administrativa, sino de una responsabilidad pública.
En Veracruz, el conflicto estalló el 8 de septiembre, cuando un video mostró al coordinador estatal del IMSS-Bienestar, Roberto Ramos Alor, respondiendo a residentes que protestaban por la falta de insumos: «si no quiere operar, no opere». Después ofreció disculpas. La gobernadora Rocío Nahle calificó sus palabras de desafortunadas, pero descartó pedirle la renuncia y negó que exista una emergencia de salud; sostiene que desde mayo se habían solicitado insumos que no llegaron.
Quienes salen a las calles a denunciar las condiciones en que atienden a sus pacientes merecen, como mínimo, ser escuchados. No son enemigos del gobierno por señalar una deficiencia, ni conspiradores por exigir medicamentos, ni irresponsables por negarse a operar sin condiciones seguras.
Y si las autoridades aseguran que los hospitales cuentan con lo indispensable, tienen una salida sencilla: demostrarlo con inventarios, registros de suministro y verificaciones independientes. Tampoco basta culpar a gobiernos anteriores. México arrastra problemas de años, pero quien gobierna debe corregirlos y rendir cuentas por sus decisiones. Recibir una herencia problemática no es permiso para perpetuarla.
Si falta un medicamento, debe saberse por qué. Si se aplaza una cirugía, debe investigarse la causa. Si hay recursos que no llegan al hospital, debe identificarse dónde se interrumpió el proceso. No se trata de pedir culpables antes de investigar, sino de exigir investigaciones independientes cuyos resultados tengan consecuencias.
Tennessee nos recuerda que hasta los procedimientos más controlados pueden fracasar y que los errores institucionales exigen explicaciones. Aquí la exigencia debería ser todavía más clara: las instituciones de salud existen para proteger la vida.
Allá, quien no pudo ejecutar la orden de privar de la vida a una persona, tuvo que renunciar; aquí, quien tiene la responsabilidad de proteger la vida de las personas y no lo hace, es defendido, justificado y ratificado en su cargo. Porka Miseria.
