La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió un nuevo frente judicial contra presidentes municipales emanados de Movimiento Ciudadano, al presentar ante el Congreso de Veracruz solicitudes de declaración de procedencia para retirar el fuero constitucional a los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, a fin de que puedan ser sometidos a proceso penal.
El primer caso avanzó este martes en el Poder Legislativo, donde las comisiones unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales dictaminaron como procedente la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía en contra del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, por lo que el expediente será turnado al Pleno del Congreso para su discusión y eventual votación.
Aunque la Fiscalía mantiene bajo reserva los detalles de la investigación, el procedimiento implica que el Ministerio Público considera contar con elementos suficientes para solicitar que el edil pierda la inmunidad procesal que le otorga el cargo y pueda enfrentar un proceso penal.
De manera paralela, la FGE presentó una segunda solicitud de desafuero, ahora contra el alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, también militante de Movimiento Ciudadano.
En este caso, la petición está relacionada con la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y de su colaborador Ignacio López, quienes fueron vistos por última vez el pasado 14 de mayo, luego de acudir al domicilio del presidente municipal en Barra de Chachalacas. Desde entonces, ambos permanecen desaparecidos.
De acuerdo con la solicitud presentada por la Fiscalía, existen elementos para pedir el retiro del fuero del edil con el propósito de que pueda ser investigado y, en su caso, procesado por su probable responsabilidad en los hechos.
El procedimiento legislativo establece que, una vez recibida la solicitud, ésta deberá ser analizada por las comisiones correspondientes del Congreso local antes de ser sometida a consideración del Pleno.
Las acciones de la Fiscalía colocan a dos alcaldes de Movimiento Ciudadano en el centro de investigaciones penales prácticamente de manera simultánea, en un momento en que varias administraciones municipales veracruzanas se encuentran en la recta final de su gestión.
Hasta el momento, ni la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano ni los alcaldes involucrados habían fijado una postura oficial sobre ambas solicitudes de desafuero. Mientras tanto, será el Congreso del Estado el que determine si procede retirarles la protección constitucional para que enfrenten los procesos judiciales correspondientes.
