A 135 días de la explosión e incendio del pozo exploratorio Krem-1 de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el municipio de Las Choapas, organizaciones ambientalistas acusan un desastre ecológico de gran magnitud y exigen la suspensión de proyectos de extracción de gas mediante fractura hidráulica (fracking) en México.
El accidente ocurrió el 5 de marzo de 2026 en el ejido Constitución Mexicana, cuando durante la perforación del pozo se presentó un flujo de hidrocarburos que derivó en una fuga de gas y el incendio de las instalaciones. Desde entonces, Pemex ha realizado diversas maniobras para controlar el pozo, mientras la combustión del gas se ha prolongado por más de cuatro meses.
En un posicionamiento difundido al cumplirse más de 130 días del siniestro, la Alianza Mexicana contra el Fracking afirmó que el pozo permanece «fuera de control» y que la situación «no sólo no se ha controlado, sino que las afectaciones a las comunidades, a sus medios de vida y a la biodiversidad se agravan y se acumulan». La organización sostuvo que Pemex reconoció que las labores para contener la fuga se extenderán por varios meses más.
La agrupación señaló que en el ejido Constitución Mexicana ya se reportan graves daños a la actividad ganadera y agrícola. Entre las afectaciones documentadas menciona la muerte de al menos 27 cabezas de ganado, la pérdida de vegetación, el deterioro de los pastizales y la contaminación persistente provocada por la combustión continua del gas.
Asimismo, denunció que Pemex estaría utilizando agua del río Uxpanapa para las labores de enfriamiento y control del incendio sin que dicha medida estuviera contemplada en el Manifiesto de Impacto Ambiental del proyecto. Ramón García Sánchez, integrante del comité jurídico de la Alianza, sostuvo que esta práctica afecta a comunidades indígenas y campesinas de la región y advirtió que el monitoreo oficial sobre las emisiones contaminantes es insuficiente.
La Alianza Mexicana contra el Fracking vinculó además el accidente con la decisión del gobierno federal de impulsar la explotación de gas mediante fractura hidráulica bajo el concepto de «yacimientos de geología compleja». Consideró que el caso de Krem-1 demuestra los riesgos ambientales y sociales de esa política energética, por lo que exigió cancelar cualquier proyecto relacionado con el fracking, respetar el compromiso presidencial de prohibir esa técnica y priorizar la protección de las comunidades y de los ecosistemas sobre la expansión de la extracción de hidrocarburos.
En contraste, Pemex sostiene que mantiene el incidente bajo control. En su comunicado más reciente, del 21 de junio, informó que concluyó obras de infraestructura crítica para garantizar el control operativo del pozo y que realiza trabajos para remover componentes dañados y preparar el taponamiento definitivo. También aseguró que continúa el monitoreo ambiental permanente y que los análisis de calidad del aire no han detectado concentraciones de contaminantes por encima de los límites establecidos en la normatividad, por lo que no existen riesgos para la salud de la población.
Sin embargo, la controversia ya trascendió el ámbito nacional. La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), organismo creado al amparo del T-MEC, recibió una petición en la que se acusa al Estado mexicano de omisiones en la aplicación de la legislación ambiental por la contaminación derivada del accidente. El expediente señala que la quema continua del gas proveniente del pozo sigue generando daños ambientales y solicita revisar la actuación de las autoridades mexicanas.
A 135 días del siniestro, el incendio del pozo Krem-1 se ha convertido en uno de los accidentes petroleros más prolongados registrados en Veracruz en los últimos años.
