Por Alberto J. Olvera
Las victorias confirmadas de Abelardo de la Espriella y de Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales de Colombia y Perú, respectivamente, corroboran el cierre de la fase más tardía del llamado «ciclo progresista» en América Latina, en consonancia con el ascenso internacional de la derecha a escala global. Sin embargo, cabe matizar la rotundidad de este aserto. Ni se ganó tanto en la fase previa ni se ha perdido tanto con estas derrotas. Se inicia, eso sí, una nueva fase de la confrontación entre los bloques populares emergentes en varios países y las viejas élites políticas y económicas, un tiempo en el cual es imprescindible una renovación programática y de liderazgo tanto en las «izquierdas» como en las «derechas» regionales.
Las derrotas por un mínimo margen de Iván Cepeda en Colombia y de Roberto Sánchez en Perú demuestran que los bloques populares que se han venido construyendo en ambos países andinos, históricamente muy conservadores, han logrado consolidar un poder electoral antes inexistente, ligado a un poder social emanado en Colombia de las grandes protestas de 2019 y 2021 (el estallido social) y, en Perú, de la reacción popular frente al encarcelamiento del presidente de origen campesino Pedro Castillo en 2022. En ambos países, todo el poder de las élites y todo el apoyo de Estados Unidos se ha empleado al límite para vencer a los candidatos de una izquierda muy poco orgánica, carente de liderazgos intermedios y de organización civil. Y, sin embargo, ese poder sigue ahí y tiene cierta representación en el Congreso y una trayectoria de movilización que ya es parte de la política nacional.
En general, en Sudamérica las grandes limitaciones de los débiles Estados de toda la región y la falta de consolidación de un modelo capitalista más inclusivo cobran factura sobre las corrientes «progresistas», cuyo único programa visible fue la redistribución relativa de la riqueza y, más importante aún, pero menos comprendido, el impulso a la inclusión simbólica y política de los sectores populares marginados. Su mayor limitación ha sido su incapacidad para atacar el problema de la violencia criminal, tarea que exige instituciones de justicia funcionales. Analicemos los casos más recientes, porque las lecciones son claras y contundentes.
En el caso de Colombia, el gobierno de Gustavo Petro fue el primero de izquierda en la historia de esa nación. Petro se montó, de alguna manera, sobre la gigantesca movilización social producida en los años 2019 y 2021, que marcó el rompimiento del control policial y militar sobre la movilización social en ese país, así como la separación simbólica y política entre la guerrilla de izquierda y la resistencia social popular. Ese fue el gran logro del proceso de paz con las FARC que llevó a cabo el presidente Santos. La normalización de una izquierda social y política, aunada a los efectos de largo plazo de la crisis del modelo capitalista colombiano, condujo a la irrupción de las masas en el espacio público en un proceso súbito y, por momentos, violento.
Las divisiones internas dentro de la vieja élite política colombiana facilitaron la formación de un frente de izquierda que encontró en Gustavo Petro a un líder creíble. Gran orador, se hizo rodear de un grupo heterogéneo y plural de políticos de centroizquierda que articularon un programa de transformaciones sociales que la mayor parte de la sociedad colombiana aceptó como necesarias. El triunfo de Petro fue, en ese sentido, un acto de reconocimiento de la injusticia social y de sus efectos negativos en la convivencia colectiva. Se construyeron así las bases de un nuevo consenso social que, bien utilizado, pudiera haber permitido la construcción de una nueva hegemonía progresista en un país en donde la izquierda fue siempre marginada y reprimida.
Sin embargo, el presidente Petro demostró ser un mal político en el terreno de la construcción de alianzas. Empezó bien su gobierno, pero perdió muy pronto la paciencia al no estar acostumbrado a la negociación continua y al pensamiento de mediano y largo plazos, a pesar de ser un político profesional de larga trayectoria y entender claramente los límites que enfrentaba. La novedad que representó su coalición política en el gobierno se vio rápidamente conducida a un escenario de confrontación con la vieja élite política y económica. Las clases medias, en principio tolerantes al proyecto de justicia social, fueron asustándose ante los exabruptos radicales del presidente Petro, la falta de eficacia de su gobierno, los escándalos de corrupción y la incapacidad para atender el problema central de la violencia.
Puede decirse que la errática conducción de Petro fue la principal limitante que tuvo el frente progresista para establecer una hegemonía. La derrota que ha sufrido este sector ha sido por una mínima diferencia, lo cual demuestra que, a pesar de los errores del liderazgo, existe realmente un nuevo sujeto político, basado en los sectores populares, que ha llegado para quedarse. Mientras tanto, la derecha histórica colombiana sufrió una enorme transformación, al ser desplazados sus liderazgos tradicionales por un líder populista e irresponsable que construyó su propia imagen bajo los modelos de Donald Trump, Nayib Bukele y Jair Bolsonaro.
De la Espriella, un abogado de narcotraficantes y empresarios vinculados al crimen, y dueño de una impresionante fortuna de dudosa procedencia, se convirtió en una especie de tabla de salvación de las viejas élites políticas y económicas y de unas clases medias urbanas temerosas del desborde de los sectores populares. De la Espriella es, en ese sentido, un líder efímero y de transición. Carece de partido político, no tiene el apoyo total de la vieja élite política y enfrenta un Congreso y una sociedad divididos por la mitad. No podrá llevar a cabo su programa y seguramente sufrirá un desgaste político más rápido aún que el que padeció Petro.
Lo relevante es que, si bien los sectores populares como protagonistas de la política institucional han sufrido una derrota (por la mínima), lo cierto es que se ha constituido ya un polo político-social que no existía hasta hace apenas cuatro años. La gran limitante para la consolidación de este polo popular es la generalización de la violencia y la incapacidad del Estado colombiano para controlarla. La violencia criminal afecta mucho más a los más pobres, pero también genera efectos macropolíticos y macroeconómicos al generar incertidumbre, impedir la planeación de largo plazo, generar temor y alarma y constituir un caldo de cultivo para la manipulación del miedo por parte de políticos irresponsables.
Dada la centralidad del narcotráfico en la economía colombiana, será muy difícil controlar el poder del crimen a través de medidas represivas y policiales. Esto ya se ha intentado muchas veces en Colombia. La solución solo puede producirse a largo plazo, fortaleciendo las capacidades estatales, no solo represivas, sino en términos de sistema de justicia y de acceso a los derechos sociales y civiles para toda la población. Esta es una tarea que ni siquiera se plantea De la Espriella, por lo que es esperable su fracaso y, por tanto, una nueva recomposición de la derecha. El riesgo sería que, ante la imposibilidad de controlar al crimen organizado, la tentación dictatorial emergiera de nuevo y tuviera apoyo en ciertos sectores de la población y del Ejército. Hasta ahora Colombia ha evitado ese riesgo, pero no está a salvo de él en una época en la cual los políticos de ultraderecha en América Latina tienen un aliado irresponsable, brutal e imperial en el gobierno de Donald Trump.
En el caso de Perú, la situación política y económica es diferente. Perú sufrió una traumática guerra civil durante los años ochenta y noventa del siglo pasado, que destruyó la vida comunitaria en una parte de los Andes y produjo desplazamientos forzados masivos que inundaron Lima y otras ciudades del país de pobladores miserables carentes por completo de recursos. La democracia peruana que convivió con este proceso terminó siendo capturada por Alberto Fujimori, un presidente electo democráticamente en 1990 y que, ante la incapacidad del Estado para derrotar en definitiva a las guerrillas, optó por dar un autogolpe de Estado con apoyo militar y de las élites políticas y económicas, legitimando su acto como una necesidad para poner fin a la violencia.
Su proyecto fue exitoso en términos de que la guerrilla fue derrotada, se reinició un ciclo de desarrollo capitalista que tuvo como protagonista principal al capital extranjero extractivo y abrió las puertas al desarrollo de un capitalismo popular, centrado en Lima, la capital, muy parecido al que también se produjo en Bolivia durante el gobierno de Morales, en El Alto y, en menor medida, en Ecuador, y que permitió un crecimiento económico constante que garantizó la sobrevivencia de los sectores populares, a pesar de la inexistencia de un Estado protector.
La derrota de Fujimori y el regreso de la democracia electoral en el año 2000 no lograron producir, sin embargo, un sistema de partidos estable ni resolver la crisis de representación que había marcado el ocaso de la democracia previa al golpe de Estado de Fujimori. Por el contrario, la política peruana del siglo XXI produjo una gigantesca fragmentación del poder en términos territoriales y de representación. Surgieron decenas de micropartidos políticos, muchos de ellos patrocinados por empresarios privados, aventureros y políticos regionales y locales, quienes, basados en el control territorial de la política, establecieron una especie de igualdad de fuerzas con un gobierno central completamente debilitado desde el punto de vista fiscal, institucional y operativo.
Para colmo, sucesivos escándalos de corrupción, propiciados la mayor parte de ellos por las grandes empresas constructoras brasileñas, especialmente Odebrecht, terminaron por deslegitimar a la clase política profesional que había emergido en la primera década del siglo, abriendo un vacío gigantesco en la política peruana. Este proceso condujo en los últimos diez años a una inestabilidad política permanente que llevó a que Perú tuviese ocho presidentes, cada uno de los cuales fue cayendo después de elecciones presidenciales precarias, destituidos por un Congreso unicameral empoderado por la debilidad del Ejecutivo y el pragmatismo y la corrupción del Poder Judicial.
Se instaló así una especie de dictadura parlamentaria que tuvo como eje central la negociación de puestos entre las decenas de partidos políticos ahí representados, proceso que fue posible no solo por la susodicha fragmentación, sino por el oportunismo de Keiko Fujimori, la hija del dictador y eterna candidata presidencial derrotada en todas las elecciones, pero poseedora de la mayor bancada parlamentaria y, por tanto, la fuerza decisiva que produjo la caída de los presidentes y debilitó al Estado hasta su casi completa postración.
En ese contexto se produjo un descontento creciente entre los sectores populares, especialmente en el sur de Perú, región a la que no llegó el capitalismo popular que se instauró en Lima, quedando la región abandonada a su suerte por los sucesivos gobiernos centrales. Ese descontento encontró una forma de manifestarse en las elecciones presidenciales anteriores, en las que un líder inesperado, Pedro Castillo, un profesor rural sin experiencia política, fue sorprendentemente electo por una mayoría exigua, lo cual representó la primera vez en que los sectores populares impusieron su mayoría a la clase política corrupta controlada por Keiko Fujimori.
Sin embargo, los monumentales errores del presidente campesino y el burdo intento de autogolpe, a la Fujimori, que él mismo intentó, produjeron el temprano colapso de este gobierno y la constitución de un gobierno zombi controlado por un Congreso corrupto. Así llegamos a la reciente elección, en la que finalmente Keiko Fujimori ha logrado romper el empate catastrófico que vive Perú gracias al voto de los peruanos en el extranjero.
Perú tiene ahora una oportunidad de constituir un Ejecutivo con mayor fuerza, puesto que Keiko podría construir una mayoría parlamentaria en donde su propio partido sea la fuerza principal y, de esa manera, recuperar la fuerza del presidencialismo que históricamente caracterizó al país. Sin embargo, las protestas de los sectores populares, que se sienten defraudados una vez más por la clase política tradicional, posiblemente le impidan a Fujimori gobernar y esta sienta la tentación de resolver el impasse a través de la represión y la imposición de medidas autoritarias.
Como vemos, tanto en Colombia como en Perú, la irrupción de las masas populares en la política por la vía electoral ha roto la hegemonía de las viejas élites políticas y plantea nuevos retos a las precarias democracias que han sobrevivido en estos países. La derecha radical de De la Espriella tiene pocas posibilidades de consolidarse como un verdadero populismo radical de derecha, porque en realidad carece de una base social amplia y existe una tradición civil muy fuerte en el país, que posiblemente ponga límites a las pretensiones autoritarias de un líder claramente incompetente.
El problema central está en la reacción popular al reto de gobernabilidad que planteará un Ejecutivo desbocado y de ultraderecha. En la medida en que intente llevar a cabo algunas de las absurdas propuestas que ya ha anunciado (despido masivo de funcionarios públicos, reducción radical del gasto, encarcelamiento masivo de delincuentes, combate militar frontal al crimen y a los restos de las guerrillas), se encontrará de frente con una resistencia popular que ha alcanzado un grado de organización notable en los últimos diez años.
Un conflicto de esta naturaleza solo puede tener dos salidas. La autoritaria, en donde el Ejecutivo, con apoyo relativo del Congreso, del Ejército y de las élites, trate de imponer estados de sitio regionales y procure mantener su popularidad a la Bukele, es decir, reprimiendo brutalmente al crimen organizado y, al mismo tiempo, la protesta popular. La otra salida sería democrática e implicaría que la derecha institucional controlara los excesos de De la Espriella y este aceptara moderar su discurso y su práctica, procurando no deshacer los logros sociales del gobierno anterior y abriendo canales de diálogo con una sociedad movilizada. Está por verse cuál de estos dos extremos termina convirtiéndose en realidad.
En el caso de Perú, la situación es muy parecida. Si bien Keiko Fujimori no es una populista de derecha extrema, la única forma en que puede buscar legitimar su mandato es a través de una práctica basada en el populismo penal y clientelar.
Ahora bien, la dramática precariedad fiscal del Estado peruano no le permitirá crear programas de subsidios masivos ni hacer grandes obras públicas en el sur del país para apaciguar aquella región. Para consolidar su poder, Fujimori requerirá una gran reforma fiscal que debería incluir la formalización, así sea parcial, del capitalismo popular informal, que, por cierto, es su principal apoyo popular. Sin extraer algún tipo de impuestos de la gigantesca economía informal peruana, el gobierno central seguirá siendo incapaz de resolver los ingentes problemas de educación, salud, vivienda, transporte y empleo que padece la población mayoritaria.
Aumentar los impuestos al capital extranjero extractivo es otra alternativa a la que puede recurrir la presidenta Fujimori. En los dos casos se requerirán pactos políticos explícitos y la creación de un nuevo consenso en las élites políticas y económicas sobre la necesidad de construir un verdadero Estado en Perú.
Una vez más hay dos posibles salidas a este proceso: la autoritaria, en donde Keiko se vea obligada a reprimir las protestas populares, apoyarse en el Ejército e imponer un orden autoritario con graves consecuencias para la sobrevivencia de la democracia. La otra salida es la del pacto social que involucre tanto a las élites como a la sociedad movilizada.
La falta de un liderazgo reconocido entre los sectores populares y la inexperiencia de Fujimori en la negociación con esos grupos plantean una enorme dificultad para llevar a cabo esta segunda opción. Es de anticiparse una enorme conflictividad social, cuyo manejo político, tanto del lado del gobierno como del lado de los sectores populares, será clave para evitar una confrontación total y construir, al menos, los cimientos de un Estado operativo.
