Por Juan José Llanes
Rachel Guadalupe Hernández Domínguez fue designada directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación de Veracruz; se trata de la misma persona que, cuando fue directora General de Catastro y Valuación de la Secretaria de Gobierno, fue públicamente denunciada por Litzy Rubí Ronzón Montiel, entonces jefa del Departamento de Estadística Catastral, por intentar forzarla a firmar una renuncia.
Resulta pertinente recapitular que lo que Ronzón Montiel denunció (exhibiendo la video grabación de tales hechos) dio muestra no solamente de la dramática ignorancia en materia de derecho burocrático que permea en la actual administración estatal, sino también del estilo que se usa (y que luego se premia) de hacer las cosas.
A Hernández Domínguez se le acusó de actos (se insiste: videograbados) no solamente violentos sino, además, innecesarios. Ronzón Montiel ocupaba una jefatura en la Dirección de Catastro y, por tanto, dado que carecía (como trabajadora de confianza) de estabilidad laboral, el tener su renuncia «voluntaria» era absolutamente irrelevante.
Sin embargo, en el diseño de la política pública de esta administración, en lo que hace al manejo de las relaciones laborales, se parte de dos premisas, absolutamente erróneas:
Primero, que ningún trabajador debe tener estabilidad laboral y puede ser despedido cuando plazca.
Y luego, que se debe «obtener» (como sea) la «renuncia» de los trabajadores de los que se prescinde, sea o no útil para un juicio.
El tema de las «renuncias» coaccionadas ha sido ya explorado ampliamente por el derecho laboral. Se trata de una forma de «despido indirecto» que es en lo que se traduce el «pedir» a un trabajador que firme su renuncia. En el caso que he referido, el tema no fue si la ex jefa del Departamento de Estadística Catastral dejaba «voluntariamente» el puesto, sino que hubiese carecido de acción para reclamar que se le reinstalara o indemnizara. De ahí lo injustificado de las acciones de la -ahora- nueva encargada de los Recursos Humanos de la SEV.
No obstante, nadie (absolutamente nadie) en el entorno cercano a las cúpulas del gobierno de Rocío Nahle, tiene el conocimiento mínimo requerido para dilucidar lo anterior, o les importa, siquiera.
Aquello de lo que se acusó a Rachel Guadalupe Hernández, ni siquiera tenía su punto más complejo en el hecho de haber despedido a una empleada de confianza, sino en que se le violentó, circunstancia que sí trajo consecuencias, claro, aunque no las que se podrían esperar en un gobierno que proclama que es «tiempo de mujeres» y que «ya llegaron».
A la ex titular de Catastro y Valuación de la SEGOB decidieron premiarla. Premiar su violencia, premiar su desconocimiento absoluto de las normas laborales, premiar su adhesión a políticas de Estado que disponen que el marco jurídico y normativo es solamente referencial, y que dictan que si se juzga necesario ejercitar actos de violencia (incluso en contra de mujeres) se puede y debe hacer, con la absoluta confianza de que habrá impunidad y se reconocerá la contribución a la «transformación».
Lo más grave, por donde se quiera ver, es que la violencia hacia las trabajadoras y trabajadores se institucionalizó, y la manera más clara de mandar ese mensaje fue encomendar el manejo de los recursos humanos de uno de los entes públicos más grandes de México (la SEV) a quien probó que es capaz de intentar arrancar renuncias por la fuerza.
