Por Sandra Luz Tello Velázquez
En el debate público mexicano se ha vuelto una costumbre tan recurrente como preocupante, el recurso de tirar la piedra y esconder la mano tras el escudo del humor o la libertad de expresión. Las recientes declaraciones y actitudes de las diputadas de MORENA en Puebla, Nayeli Salvatori y Graciela Palomares, son el ejemplo de cómo se pretende justificar la irresponsabilidad en el uso del lenguaje, recurriendo a falacias argumentativas que no resisten el análisis jurídico, ni conceptual.
Ante la presión social y mediática, el discurso de defensa de ambas legisladoras suele situarse en dos supuestos argumentos, por un lado, apelar a su derecho inalienable a la libre expresión; por el otro, excusarse bajo la premisa de que sus dichos pertenecían al terreno del humor, la farsa o el entretenimiento. Sin embargo, ambas defensas son falacias, pues carecen de sustento.
Es necesario recordar un aspecto fundamental, la libertad de expresión no es un cheque en blanco, ni el fuero para la agresión o la frivolidad. En el marco constitucional mexicano y en los tratados internacionales de derechos humanos, la libertad de expresión tiene límites claros, especialmente cuando choca con el respeto a los derechos de terceros, la no discriminación y la dignidad humana.
Pero hay un agravante institucional. Ellas no son ciudadanas comunes expresándose en un café o en un bar, son representantes populares integradas al Poder Legislativo. La investidura pública conlleva un deber de diligencia, la ética del discurso y una responsabilidad social de mayor escala. Cuando un representante del pueblo utiliza micrófonos para la descalificación, el insulto o la humillación, no está ejercitando un derecho democrático; sino que está traicionando la función pública y representativa del cargo que ostenta. Trasladar la culpa a la audiencia acusándola de «sacar de contexto» o recurrir a disculpas creadas por su equipo de comunicación o por la IA, no borra el hecho de que confunden la libertad con la prepotencia.
Aún más endeble es la pretensión de amparar sus dichos en la comedia, el humor negro o la farsa. Escudarse en la tradición humorística para justificar la falta de respeto es un insulto a la historia de la literatura universal y a la inteligencia del público, es en definitiva la profanación de la sátira y la comedia
El verdadero humor tiene intencionalidad crítica, es una de las bellas artes más complejas y de mayor rigor intelectual. Desde la Grecia clásica con Aristófanes, pasando por la comedia de equivocaciones y crítica social de Leandro Fernández de Moratín o la crítica social de Molière, quienes exhibían las miserias y vicios de las élites de su época, hasta la agudeza e ironía de Oscar Wilde o Bernard Shaw, la comedia ha servido para confrontar al poder, no para atropellar al indefenso.
Lo mismo ocurre con la gran tradición de la sátira política que nació al calor de la Revolución Francesa, o la rica vertiente del teatro de carpa y la farsa del siglo XX en México, en donde plumas como la de Jorge Ibargüengoitia o Hugo Argüelles retrataron magistralmente nuestra idiosincrasia. El humor negro e ironía de estos autores nacía del absurdo, del cuestionamiento a la muerte o de la crítica a las estructuras dominantes. Requería ingenio, estructura y en especial, una profunda comprensión de la condición humana.
Lo expresado por Salvatori y Palomares no tiene nada de humor negro, ni de ironía; carece de la sustancia del teatro de farsa y no posee ni un destello del humor de ideas. Lo que vimos no fue una rutina satírica, ni un ejercicio transgresor de libertad artística, se trató de una burda manifestación de la inconsciencia, la soberbia y la falta de ética, disfrazadas torpemente de chiste.
Afortunadamente, la ciudadanía y las audiencias digitales en México han comenzado a madurar a un ritmo más acelerado que su clase política. El rechazo social ante estas expresiones, el llamado de atención colectivo en redes, no es un acto de censura; es un termómetro de dignidad. Es la señal de que la sociedad ya no está dispuesta a tolerar que la violencia o el menoscabo del otro se hagan pasar por humor.
Las diputadas tienen derecho a hablar, pero deben asumir las consecuencias éticas y políticas de lo que dicen. Es momento para dejar de profanar la comedia y de manchar la libertad de expresión para encubrir la llana falta de respeto. México exige representantes a la altura de sus cargos, no farsantes lamentables.
