Por Luis Emilio Soto
En los últimos años, la ciudadanía xalapeña ha enfrentado una problemática creciente relacionada con las compañías de arrastre y encierro, comúnmente conocidas como “grúas”.
Estas empresas han sido señaladas por prácticas abusivas que incluyen cobros excesivos y, en algunos casos, agresiones físicas a los usuarios. A lo largo de 2024, la Resistencia Ciudadana Xalapeña, encabezada por Ricardo Alarcón, ha liderado denuncias públicas y ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz en un esfuerzo por detener los abusos, aunque él mismo revela que los propios servidores públicos están corrompidos.
La lucha contra las irregularidades de las empresas de grúas comenzó cuando los retenes implementados por la policía estatal en 2021 llevaron a la incautación masiva de vehículos.
Estas prácticas incluían la remisión de vehículos al corralón por supuestas irregularidades como la falta de licencia, incluso cuando no había justificación legal para ello. Desde ese entonces, la ciudadanía comenzó a organizarse y compartir sus experiencias a través de redes sociales y aplicaciones como WhatsApp, buscando apoyo para recuperar sus vehículos sin pagar tarifas exorbitantes.
Ricardo Alarcón y su agrupación Resistencia Ciudadana Xalapeña, documentaron estos retenes y presentaron quejas formales. Sin embargo, fue hasta finales de 2021 cuando lograron un pequeño avance: un decreto dictado por el entonces secretario de Seguridad Pública, Hugo Maldonado Gutiérrez, que establecía tarifas fijas para los servicios de arrastre y encierro. Según este decreto, el cobro por el servicio de grúa no debía superar los mil 200 pesos. A pesar de esto, las empresas continuaron cobrando hasta 10 mil pesos en muchos casos.
Un detonante para la escalada de quejas ocurrió el pasado 1 de noviembre de 2024, cuando el portal Sigüenza Comunica publicó una denuncia anónima sobre un ciudadano que fue agredido en el corralón de Grúas M2 en la colonia Revolución de Xalapa. El afectado denunció que, tras reclamar los altos costos y el mal estado de su vehículo, los empleados lo golpearon y amenazaron con secuestrarlo si continuaba quejándose.
Casos similares han sido expuestos a lo largo de los últimos años. Emilio Torres, un ciudadano entrevistado, narró cómo su vehículo fue llevado al corralón sin justificación mientras estaba estacionado en una zona permitida. Al intentar recuperar su auto, Tránsito Estatal alegó que la zona estaba prohibida, a pesar de no haber ninguna señalización visible.
“Hace como año y medio, en la calle Profesor Adalberto Lara, estacioné mi auto en una zona libre de prohibición de estacionamiento. A la hora de salir del trabajo, mi auto no estaba e investigando, resultó que se lo había llevado la grúa. Fui a las oficinas de Tránsito y alegaron que sí está prohibido y que si no estaba yo de acuerdo tenía que interponer demandas con abogado y todo el rollo, lo que, por supuesto, salía más caro. Tomé fotos y mostré y en ninguna parte había prohibición”.
Ricardo Alarcón, al escuchar el testimonio del ciudadano, explicó que, aunque no haya señalización, algunas reglas del tránsito podrían justificar un remolque. Si un ciudadano considera que su auto fue llevado injustamente, puede presentar un “recurso de inconformidad” ante Tránsito del Estado. Si tiene razón, se anula la infracción y se devuelve el dinero.
El entrevistado menciona que muchas personas tienen miedo de denunciar debido a un individuo llamado Mario “N”, a quien relacionan con las empresas de grúas. Según Alarcón, el temor hacia el sujeto ha generado que algunos ciudadanos prefieran no levantar quejas, ya que lo vinculan con actividades relacionadas con el crimen organizado, aunque Alarcón aclara que él no ha encontrado pruebas directas al respecto, sí ha leído en notas periodísticas que en propiedades asociadas al usuario se han hallado cuerpos y que tiene una presunta relación cercana con la Secretaría de Seguridad Pública.
A pesar de la creciente atención mediática y las múltiples denuncias presentadas, las autoridades han sido ineficaces para resolver la situación. Según Alarcón, desde 2021 se han presentado diversos recursos administrativos para sancionar a las empresas responsables, pero a partir de 2024, los trámites han comenzado a ser sistemáticamente rechazados o postergados con excusas administrativas.
Al mismo tiempo, algunas empresas, al verse acorraladas por las quejas y la atención pública, han optado por cobrar tarifas más acordes al decreto establecido. Sin embargo, el cobro excesivo sigue siendo la norma en muchos casos, afectando principalmente a quienes no tienen acceso a apoyo legal o no están al tanto de sus derechos.
A la fecha, la Resistencia Ciudadana Xalapeña continúa luchando contra estos abusos. Ricardo Alarcón ha declarado que seguirá presentándose cada lunes ante la Fiscalía para sumar nuevas denuncias, aunque reconoce que la batalla es cuesta arriba. Las empresas MG y M2 han sido señaladas repetidamente por los ciudadanos, mientras que las autoridades, lejos de ofrecer una solución efectiva, parecen ser cómplices pasivas en esta red de corrupción.
Ricardo Alarcón afirma que algunas empresas de grúas son ilegales, sobre todo MG, porque no tienen los permisos necesarios para operar como servicio público, defendiendo que es un requisito estipulado por la ley.
Señala que las concesiones para operar deben ser otorgadas por la Dirección de Transporte Público, y en muchos casos, las compañías no cuentan con estas concesiones. Alarcón ha realizado gestiones para obtener la lista oficial de empresas autorizadas, destacando que las compañías que operan sin estos permisos están incurriendo en un delito, conforme al artículo 272 bis del Código Penal de Veracruz.
Sin embargo, el jurista Ricardo Rafael Negroe señala que esta interpretación legal podría no proceder:
“Si nos vamos en estricto sentido a lo que dice el Código Penal, no aplica, pero si le damos una interpretación en sentido de que están prestando hasta cierto punto un servicio, es que ellos son prestadores de servicios, no son como tal transporte público, entonces ahí la categorización del delito o de la del tipo penal está mal”, explicó.
Sin embargo, el abogado señala que en todo caso podría proceder como robo de vehículo en grado de tentativa, porque si bien están prestando un servicio, al no haber un fundamento que indique una falta, podría proceder fácilmente como un robo.
Por otro lado, Ricardo Alarcón denuncia una red de corrupción entre las empresas de grúas, la Secretaría de Seguridad Pública y el Ayuntamiento de Xalapa.
Afirma que las autoridades permiten y solapan los cobros excesivos y otras prácticas abusivas de las compañías de grúas, como lo demuestra el hecho de que no aplican las tarifas reguladas por la ley.
Según Alarcón, el dinero recaudado por las infracciones, que debería entrar a las arcas municipales, es desviado por la Secretaría de Seguridad Pública, lo que constituye un delito grave. Además, señala que la falta de una autoridad competente para calificar las faltas administrativas contribuye a esta conducta ilícita.
Para comprobar la corrupción, el entrevistado proporciona una documentación en la que muestra como la empresa de Grúas MG no cuenta con los permisos necesarios para dar un servicio público, por lo tanto, es donde recae el tema del Código Penal 272 bis y la encargada de la vigilancia y supervisión de las grúas sí es transporte público y ése es el sustento para el primer oficio.
Además, anexa un documento que mandaron de la dirección para que dejaran de usar las grúas que tuvieran denuncias o quejas por los cobros excesivos, alegando que no se está cumpliendo.
Durante la noche del 10 de noviembre, se registraron nuevos incidentes de abuso de autoridad por parte de oficiales en Xalapa, quienes fueron grabados mientras realizaban «inspecciones preventivas» en las patrullas SP 4023 y SP 3451. A pesar de su intento de intimidar, se logró documentar su uso indebido de grúas y su huida al ser confrontados.
Adicionalmente, se reportaron varias intervenciones rutinarias por parte de la policía, las cuales consistieron en interrogatorios sobre el destino y ocupación de los ciudadanos con el fin de realizar inspecciones visuales, sin solicitar documentos.
Estas intervenciones, consideradas legales y preventivas, buscan disuadir el delito. Sin embargo, se detectaron más irregularidades, como el uso de grúas sin permiso por parte de la unidad SP 3643, situación que será denunciada próximamente de acuerdo con un comunicado oficial por parte de Resistencia Ciudadana Xalapeña.
En Xalapa, el escándalo de las grúas ha generado una ola de denuncias por extorsión, amenazas y corrupción, a lo que se suman agresiones físicas y un entramado de presunta corrupción que involucra a la Secretaría de Seguridad Pública y al Ayuntamiento que, según Ricardo Alarcón, permiten estas prácticas.
Aunque algunas empresas han ajustado sus tarifas, los abusos persisten, mientras las autoridades postergan sanciones.
