Por Juan José Llanes
Resulta, por lo menos, insultante que se pregone que se hará Justicia a los trabajadores de la UPAV y que, al mismo tiempo, el gobierno de Veracruz pretenda que no sean trabajadores sino prestadores de servicios profesionales.
El gran drama de la UPAV como empleador de las personas a través de las cuales cumple su función sustantiva, es que -nunca, bajo ninguna circunstancia- ha querido admitir que quienes le prestan un servicio personal subordinado son trabajadores. Quizás porque ello le forzaría a reconocer que deben proveerles de prestaciones laborales (vacaciones pagadas, prima vacacional, aguinaldo) y, destacadamente, seguridad social.
La idea de que la suscripción de un documento «corrige» esa situación aberrante e injusta, es un insulto a la inteligencia. El problema es, sí, claro, los minúsculos salarios, pero también la negativa a reconocer que son trabajadores.
Es el deseo de evadir, a como dé lugar, las responsabilidades inherentes a la condición de patrón.
Por tanto, ese tránsito de esa figura inexplicable de «asesor solidario», a «prestador de servicios profesionales» no solamente no corrige la situación anómala que viven los trabajadores de la UPAV, sino que pretende que se vea como un acto de «justicia» lo que no es sino una tomadura de pelo, una broma cruel.
Es tan simple como esto: en cuanto sea viable y se le vuelva a preguntar sobre el tema a las autoridades, tan gustosas siempre de alardear de avances imaginarios, que se les pregunte:
«Y los maestros de la UPAV ¿serán reconocidos como trabajadores?, ¿serán incorporados al IMSS y al IPE?, ¿se les pagará un aguinaldo, por ejemplo?»
