La Corte
Por Mónica Camarena Crespo
A pesar de las ministras “carnalas” de Palacio Nacional, ayer nuevamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación salvó al país con valor y convicción a la Constitución.
El Plan B de AMLO pretendía modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas. Uno de los objetivos centrales era que toda aquella propaganda que no fuese etiquetada como tal por entes públicos, no sería considerada propaganda, todo ello pese a que esto implicaba el uso de recursos públicos.
De esta forma, se daba pie a que servidores públicos pudieran realizar manifestaciones públicas en torno a temas electorales bajo el amparo de que se está haciendo uso de su libertad de expresión o que están en pleno ejercicio de sus funciones públicas.
La primera parte del Plan B de AMLO, fue aprobado por legisladores de Morena y aliados en la Cámara de Diputados, sin embargo, el procedimiento legislativo se abrevió de manera grosera, al punto de que los diputados ni siquiera tuvieron tiempo de leer lo que votaron, como acostumbran.
La Corte determinó un desaseo legislativo, ahora los ataques desde Palacio Nacional contra ministros, magistrados y jueces que se han negado a complacer al presidente se van a intensificar. De hecho se volvió a abrir fuego apenas el mes pasado, cuando la Corte echó abajo la ley que ponía a la Guardia Nacional bajo el control de la Sedena, decisión que provocó que el presidente López Obrador ordenara a sus colaboradores dejar de tomar las llamadas de los ministros.
Lo que ocurrió este lunes en la SCJN es sumamente importante, pues se trata de la antesala de lo que pasará con la segunda parte del Plan B que nació muerta. Y es que el Plan B tiene que ver con el tipo de democracia que tenemos y que necesitamos que permanezca.
Una vergüenza las ministras “carnalas” de AMLO, la conocida “pirata” Yasmin Esquivel y Loretta Ortiz que sin importar las claras violaciones en el legislativo y el daño que representa el Plan B de la Reforma Electoral, sumisas votaron en contra de invalidar y así, confirman que son unas empleadas enviadas desde Palacio Nacional.
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