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      Plan B, ley vigente para el retroceso al sistema electoral

 

 

Por Mónica Camarena Crespo

 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el llamado Plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador con el que se busca compactar la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) es vigente con todos los riesgos que implica, en lo que se dirimen en la Corte las acciones legales para echarlo abajo.

 

Este Plan B de AMLO, viene en respuesta al fracaso de diciembre pasado, cuando la primera iniciativa de Reforma Electoral al llegar al Congreso se vino abajo tras no alcanzar los dos tercios requeridos para que fuera constitucional.

 

Lo cierto es que ayer jueves 2 de marzo, el Plan B al ser publicado es ya una ley que busca el retroceso al sistema electoral vigente, por cierto, reconocido a nivel internacional y el mismo que organizó los comicios con los que López Obrador logró llegar a la presidencia.

 

De las pocas buenas noticias es que el Plan B ya vigente no se puede aplicar en el proceso electoral 2023 que se llevará a cabo en el Estado de México y Coahuila, ya que una vez iniciados no puede haber cambios a las normas que los rigen.

 

Es positivo también que haya sido publicado el Plan B, tomando en cuenta que se podrá continuar con la defensa jurídica específicamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Por ello se entienden, los ataques diarios de AMLO en contra de la Corte y todos sus elementos, incluida Norma Piña, la ministra presidenta.

El Plan B fue creado en base a los intereses de la 4T que busca una “vida eterna” en el poder, sin contrapesos y no a una demanda de mejora de las reglas electorales, con el pretexto infantil  de que se busca abaratar las elecciones.

Con el Plan B, la estructura operativa del INE sería de las más afectadas; se trata de los especialistas con experiencia sin los cuales no se podría organizar la elección en 2024.

El Plan B, es un conjunto de reformas a seis leyes electorales. Dos de ellas ya fueron publicadas el 27 de diciembre: la Ley General de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y frente a ella ya ha habido una oleada de recursos de inconstitucionalidad, acciones y controversias históricas en cantidad.

La modificación a las otras cuatro leyes son:  La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ahí está el gran riesgo de la democracia en México.

El Plan B busca pulverizar al INE, que es la institución mejor calificada y mejor evaluada del Estado mexicano, al menos como institución civil, con índices de aprobación y de confianza que rondan el 65 por ciento. Lo conducente sería que en la Corte se eche abajo el Plan B, por el bien de México, por la democracia que buscan aniquilar y no por la NO “vida eterna” de la 4T.

 

@monicamarena