Quebradero

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Nuevo Laredo como síntoma

 

  

Por Javier Solórzano Zinser

Cuando Felipe Calderón tomó la determinación de colocar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad lo primero que saltó fue el hecho de que los militares no tenían conocimiento del tema y que además desconocían un terreno clave en la sociedad, el respeto a los derechos humanos.

Se habló que se dieron cursos sobre la materia a los militares, pero al paso del tiempo, no se han visto resultados concretos, porque el nivel del problema muchas veces nos rebasa y los rebasa. La formación de los soldados tiene objetivos concretos. Enfrente tienen a una delincuencia cada vez más organizada, la cual se ataca y defiende sin importarle en muchos casos la población civil.

La sociedad es cada vez más impulsiva debido a que no encuentra que se haga justicia ante sus innumerables demandas, las cuales no son en la gran mayoría de los casos atendidas y resueltas.

Estos asuntos no han dejado de estar entre nosotros desde hace tiempo. Después de una elección profundamente controvertida Calderón optó por las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad bajo una coyuntura particularmente difícil, por cierto que en algunos casos no es muy distinta a la de ahora; las secuelas de estas decisiones se siguen presentando como se pudo ver en Nuevo Laredo.

Se colocó a los militares en la calle como una presunta solución que, al final, vino a generar otro tipo de problemas. Las cosas no han cambiado al paso del tiempo.

López Obrador ha colocado a los militares en todas las actividades posibles para el desarrollo de su proyecto. Tiene a los militares como su brazo ejecutor, quizá porque no tiene que negociar con ellos. Suma a su estrategia que le obedecen, porque con otros sectores de la sociedad es necesario el diálogo y el debate sobre las cosas, diríamos que como principio de la democracia y la gobernabilidad.

Algunos incidentes con los soldados han sido denunciados por los ciudadanos, pero también hay muchos más casos que se han mantenido sin hacerse públicos, debido al temor de lo que puede pasarle a los denunciantes y también porque existe una desconfianza fundada hacia los encargados de impartir la justicia.

Lo que pasó en Nuevo Laredo forma parte del estado de las cosas. Tiene que ver con una estrategia que tiene a las Fuerzas Armadas en escenarios que, a pesar del paso del tiempo en que se presume habrían adquirido experiencia, en un buen número de casos siguen siendo ámbitos que los rebasan.

En esta administración se optó por una idea que en el papel podría resultar interesante, “abrazos no balazos”; sin embargo,  la estrategia hasta ahora no tiene efectividad en la cotidianidad de varios estados del país.

No somos de la idea de que el proceso de militarización lleve a las Fuerzas Armadas a una gobernabilidad directa. El gran problema que se va a enfrentar en el mediano plazo es cómo revertir la presencia militar para el desarrollo de la sociedad en los ámbitos económicos y sociales, sectores que han sido desplazados en la administración y en la construcción, para mencionar dos espacios claramente establecidos por el propio Presidente.

El otro problema es que tarde que temprano se tendrá que hacer el balance de cómo han actuado las Fuerzas Armadas en el ámbito de seguridad. Los resultados hasta ahora no han sido favorables y además se ha gestado un problema serio con secuelas al hacer a un lado a los civiles de algunas actividades y a las policías en los temas de seguridad.

Lo que pasó en Nuevo Laredo es parte del todo que cuestiona las estrategias en seguridad. La pregunta que está por venir es cuántos casos más se han dado como el de Nuevo Laredo, los cuales no conocemos por las razones que se quiera.

RESQUICIOS

La forma en que el Presidente arremetió contra la titular de la Corte lleva a pensar que con el anterior presidente los temas estaban planchados. La interpretación de lo que ha pasado estos días ha llevado a que de manera radical y hasta absurda sea amenazada la ministra Piña.