Una nueva filtración masiva de 11.9 millones de documentos a escala global obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) dejó al descubierto los negocios “offshore” de al menos tres mil 47 mexicanos que movieron fortunas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales.
Entre los personajes cuyos negocios revelan los Pandora Papers aparecen algunos políticos cercanos a López Obrador, como el ex consejero jurídico de la Presidencia Julio Scherer, el actual secretario de Comunicaciones y Transportes Jorge Arganis Díaz Leal, el senador de Morena y productor de carbón Armando Guadiana y hasta la pareja sentimental del director de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett Díaz.
La revisión hecha por periodistas de Quinto Elemento Lab, El País, Proceso y Univisión a los Pandora Papers permitió conocer que más de tres mil mexicanos o residentes de México participan en mil 241 sociedades anónimas, 600 fideicomisos y 72 fundaciones difíciles de rastrear situadas en 22 jurisdicciones del mundo.
Entre quienes utilizan sociedades pantalla, fideicomisos o fundaciones opacas figuran más de 80 personajes del mundo de la política que han llevado millones de dólares a lugares que ofrecen privilegios fiscales bajo la sombra del anonimato, fuera del alcance de las autoridades hacendarias y de las agencias reguladoras.
Andrés Manuel López Obrador criticó en 2016 la aparición de mexicanos en la anterior investigación de ICIJ, los Panama Papers, señalando que la “mafia del poder” ocultaba dinero de las autoridades hacendarias.
“Yo respeto mucho lo del anonimato que se guarda en Suiza sobre los que depositan o en los llamados paraísos fiscales, pero eso no debería de existir (…) debería de establecerse que se conociera el origen del dinero, cómo se va el dinero de un país saqueado a un paraíso fiscal y no pasa nada y es normal, y hay incluso países que viven de eso, eso es inmoral”, dijo en agosto de 2020, ya como presidente.
Los amigos de la 4T
Julio Scherer Ibarra, que desde 2018 y hasta hace unas semanas era el consejero jurídico de la Presidencia y uno de los hombres más cercanos a López Obrador, aparece vinculado a una estructura offshore y a un departamento en Miami Beach. En marzo de 2011 recibió las 50 mil acciones de una sociedad de papel de las Islas Vírgenes Británicas llamada 3202 Turn Ltd, la cual controlaba la empresa de Florida denominada 3202 Turn LLC, que a su vez es propietaria de un condominio ubicado en la Collins Avenue de Miami, valuado actualmente en 1.5 millones de dólares.
Al menos entre 2013 y 2016, el nombre de Scherer apareció en las boletas de pago del predial de dicho departamento según los registros fiscales del condado de Miami-Dade. En 2019 no mostró ningún nombre en las boletas y en 2020 el banco Morgan Stanley figuró como responsable del departamento, el cual no aparece en ninguna de las cuatro declaraciones patrimoniales públicas que presentó Scherer mientras fue funcionario.
De acuerdo con los documentos internos del despacho Trident Trust, que administraba la sociedad de las Islas Vírgenes, Scherer recibió las acciones de la compañía de Ilja Landsmanas Dymensztejn y su esposa Ivonne Yolanda Stern Wolf, quienes eran unos de sus principales clientes. Los Landsmanas permanecieron como “directores” de la sociedad hasta el 17 de marzo de 2017, cuando renunciaron a su cargo.
Los Pandora Papers descubren que hasta ese año los activos de la sociedad offshore ascendían a dos millones de dólares procedentes del trabajo de Scherer en la práctica legal, según la declaración confidencial del abogado que fue enviada al despacho Trident.
Antes de integrarse al gabinete de López Obrador, Scherer fue asesor legal del conglomerado de empresas que dirigen los hijos del matrimonio Landsmanas y que son propiedad de la familia. La Cosmopolitana es la más conocida de sus compañías, integradas bajo el sello de Corporativo Kosmos. En años recientes, se erigieron en los mayores proveedores de alimento del gobierno; surten las prisiones federales y estatales, los hospitales públicos, Pemex y policías del país.
Las acciones en la firma offshore y el departamento en Miami, adquirido en 2008 por Elías Landsmanas a través de la firma de Florida, son información que “alude a mi persona en un período de mi trayectoria en el cual no era funcionario público sino profesionista independiente. En este sentido, me es indispensable aclarar que siempre me he conducido conforme a derecho, a mis principios personales y así lo seguiré haciendo”, respondió Scherer a un cuestionario enviado en el marco de esta investigación.
El despacho Scherer y Asociados atendía en ese tiempo a una variedad de empresas y políticos. Asesoró a los Landsmanas durante cinco años, antes de sumarse al gobierno de la Cuarta Transformación, donde estuvo a cargo de revisar las reformas y proyectos de ley del presidente.
Armando Guadiana Tijerina, el empresario minero y desde 2018 senador por Morena, creó en marzo de 2007 The Hawaii Trust, un fideicomiso que resguarda 50 mil acciones de Atlantic Industries International Limited, una empresa opaca basada en las Islas Vírgenes Británicas, según los registros del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), a quienes designó como gestores de sus activos.
Al momento de registrar su offshore, Guadiana dijo que su ingreso anual rondaba los 600 mil dólares y que su patrimonio superaba los 28 millones dólares distribuidos en empresas mineras, inversiones y propiedades. Designó a sus cuatro hijos como beneficiarios, según los expedientes del despacho.
En las declaraciones patrimoniales públicas que presentó ya como senador, esa fortuna ya no estaba. En 2020 y 2021 Guadiana dejó en blanco los campos donde tendría que detallar sus ingresos por actividades empresariales, financieras o servicios profesionales, enajenación de bienes o cualquier otro ingreso aparte de su salario como legislador. Anotó “ninguno” ahí donde debía reportar sus inversiones, cuentas y otro tipo de valores o activos, sus bienes inmuebles y fideicomisos.
-¿De dónde viene ese patrimonio declarado cuando creó su fideicomiso? se le preguntó en entrevista previa a la publicación.
-Yo no sé, fíjate, porque la cantidad eso sí desconozco. Le diría una mentira.
Y en cuanto a lo reportado en su declaración patrimonial contestó. “Ahí hubo un error, los contadores me entendieron mal la pregunta en la declaración patrimonial, entendieron que si no tenía conflicto de interés”, dijo Guadiana, “Me atonté en el asunto de la Declaranet”.
El senador aclaró que sus contadores cometieron un error al llenar el formato de su declaración patrimonial, el cual asegura fue corregido en marzo pasado, aunque en las versiones públicas sus datos no han sido actualizados.
En entrevista, el legislador explicó que Hawaii Trust fue creado para desarrollar un proyecto minero de carbón en la provincia de Santander, en Colombia, que no prosperó por las condiciones de inseguridad de la guerrilla. “Todavía tenemos el proyecto, de hecho nada más nos ha costado dinero, no hemos hecho nada”, dijo Guadiana en la entrevista telefónica.
Planeaba desarrollar el proyecto con socios inversionistas colombianos, aunque no recuerda sus nombres “ellos querían cosas offshore” y por eso “se creó la entidad (Hawaii Trust) pero no se invirtió, no se aportaron bienes, yo creo que se extinguió”. Cuestionado sobre la empresa en las Islas Vírgenes, respondió: “Yo no sé, no tengo los datos exactos pero voy a checarlo con los contadores (…) No estoy seguro si está viva la mentada Atlantic”, dijo el legislador.
El actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, también aparece como dueño de la empresa Desbond Finance Limited con sede en las Islas Vírgenes Británicas, que fue creada en 1998 con el propósito de proteger su patrimonio.
La compañía fue registrada en febrero de 1998, tan solo un mes después de que Arganis ingresara a la Secretaría de Obras y Servicios del gobierno de la Ciudad de México como director general de la planta de asfalto. Desde ese año y hasta mayo de 2003, cuando se desempeñaba ya como director de Obras Públicas en el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, Arganis dispuso de un poder general sobre la empresa.
En una carta enviada para este reportaje, el secretario aseguró que los recursos fueron “producto del ejercicio profesional en el sector privado”. No precisó el monto que invirtió a través de su offshore y aseguró, además, que el despacho lo defraudó y que él perdió su dinero.
La empresaria Julia Elena Abdala Lemus, quien es pareja sentimental del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, es dueña de 10 mil acciones de una sociedad panameña de papel, que no cuenta con empleados ni oficinas, y cuyo primer accionista se mantuvo en el anonimato que garantizan las acciones al portador.
La empresa Roybell International Inc fue creada en diciembre de 2011 con un capital de 10 mil dólares a través de un despacho en Ginebra especializado en la gestión de grandes fortunas, que a su vez contrató los servicios de Alcogal. La compañía es dirigida por tres ejecutivos nominales, pero quien realmente lleva las riendas es Abdala: en diciembre de 2017 recibió poderes para realizar acciones como comprar bienes, pedir créditos, otorgar préstamos, celebrar contratos, participar en licitaciones, comprar acciones y presentar demandas. También recibió autorización para abrir una cuenta en la sucursal de Lyford International Bank and Trust Ltd, en Las Bahamas, según los Pandora Papers.
Tener una sociedad “offshore” no es un crimen, pero en muchos casos su opacidad permite la comisión de delitos como el lavado de dinero, la corrupción o la evasión fiscal. En México no es ilegal tener sociedades fachada para mantener activos o resguardar el patrimonio fuera del país, incluso algunas personas las usan para reducir riesgos a su seguridad o conducir negocios internacionales.
Sin embargo, el uso de sociedades offshore puede ser particularmente controversial en el caso de políticos y funcionarios públicos, pues las pueden utilizar para esconder dinero y bienes procedentes de sobornos o desvío de recursos públicos.
Esto es de particular interés en naciones como México donde la corrupción es rampante y el gobierno ha hecho un pobre trabajo impidiendo estos abusos.
(Información retomada de Quinto Elemento Lab)
