Por José Manuel de Alba de Alba
La nueva iniciativa de reforma judicial impulsada por el oficialismo confirma algo que cada día resulta más evidente: la llamada “reforma judicial” de 2024 no fue una verdadera reforma de justicia, sino una reforma política orientada a capturar, rediseñar y subordinar políticamente al Poder Judicial de la Federación.
No existe en ella una teoría seria sobre justicia constitucional. No existe un diagnóstico técnico sobre las causas del rezago judicial. No existe un estudio empírico que demuestre que elegir jueces mediante campañas electorales mejora la calidad de las sentencias o fortalece la protección de los derechos humanos. Lo que sí existe es una obsesión política por someter al Poder Judicial a mecanismos de legitimación electoral, aunque ello implique destruir décadas de experiencia jurisdiccional acumulada.
La iniciativa presentada como “perfeccionamiento” de la reforma judicial es, en realidad, la confesión involuntaria de su fracaso.
El propio proyecto reconoce implícitamente que el modelo de 2025 produjo boletas incomprensibles, exceso de candidaturas, dificultades operativas, problemas logísticos y confusión ciudadana. La respuesta no es abandonar el error, sino administrar mejor el desastre.
Pero un fracaso no se perfecciona. Un fracaso se corrige.
Lo más grave es que seguimos llamando “elección judicial” a un mecanismo que en realidad no lo es. El ciudadano no elige libremente entre todos los perfiles jurídicos posibles. Los verdaderos electores son los Comités de Evaluación, integrados bajo criterios políticos e institucionales. Son ellos quienes deciden quién puede aparecer en las boletas. La ciudadanía únicamente vota entre candidaturas previamente filtradas y autorizadas.
No estamos frente a un sistema de elección judicial. Estamos frente a un sistema de votación controlada.
Y como si ello no fuera suficientemente preocupante, la iniciativa constitucionaliza la insaculación, es decir, la tómbola, como mecanismo estructural de integración judicial. El mérito jurisdiccional queda parcialmente sustituido por el azar político-electoral. La Constitución mexicana pasa así de concebir la función judicial como una actividad técnica especializada, a tratarla parcialmente como un ejercicio de legitimación plebiscitaria.
La justicia constitucional no puede organizarse como un sorteo.
La reforma obliga a jueces y magistrados experimentados a someterse nuevamente a procesos electorales profundamente politizados, en los que la experiencia jurídica dejó de ser el factor determinante. La experiencia de la elección pasada demostró precisamente eso: los perfiles técnicos y de carrera judicial fueron desplazados en numerosos casos por dinámicas políticas, estructuras clientelares, “acordeones” y operaciones de movilización electoral.
El mensaje es devastador: décadas de preparación judicial pueden valer menos que una operación político-electoral bien organizada.
La prudencia constitucional exigía otra ruta. Si verdaderamente se quería experimentar con este sistema, lo razonable hubiera sido aplicarlo exclusivamente a vacantes futuras y no destruir masivamente la estructura existente del Poder Judicial.
Eso fue precisamente lo que sostuvo la JUFED: que, en todo caso, las elecciones judiciales se limitaran gradualmente a los cargos vacantes, permitiendo coexistir temporalmente la experiencia acumulada de la carrera judicial con cualquier nuevo mecanismo de designación popular.
Esa habría sido una transición prudente.
Pero la prudencia nunca fue el objetivo.
La intención real fue sustituir aceleradamente un Poder Judicial profesional e independiente por un sistema de integración políticamente controlable desde las estructuras de poder.
Mientras tanto, los verdaderos problemas de la justicia mexicana siguen intactos: rezago procesal, insuficiencia presupuestal, saturación de tribunales, falta de personal, infraestructura deficiente y enormes dificultades de acceso efectivo a la justicia.
Los miles de millones destinados a campañas, logística electoral y procesos judiciales masivos podrían haberse invertido en nuevos juzgados, más tribunales, digitalización, mejores defensores públicos y fortalecimiento de la carrera judicial.
Pero el objetivo nunca fue fortalecer la justicia. Fue controlar al Poder Judicial.
Morena pretende volver a tropezar con la misma piedra. Sólo que esta vez, el costo institucional puede ser mucho más grave y mucho más difícil de reparar.
Magistrado en retiro forzoso
