Por Mariana Calderón Aramburu
Durante años, una calle de la colonia 18 de agosto, en Ixtapaluca, Estado de México, permaneció prácticamente sin alumbrado público. Varias luminarias dejaron de funcionar y nadie las reparó.
Para quienes viven ahí, el problema era caminar de noche por una calle sin luz, regresar a casa en la oscuridad, modificar rutinas por miedo y no poder utilizar el espacio público en condiciones adecuadas.
En el Consejo Nacional de Litigio Estratégico promovimos un juicio de amparo contra distintas autoridades municipales por la omisión de garantizar y mantener el servicio de alumbrado público. La demanda planteaba que la falta de iluminación afectaba la movilidad, la seguridad personal y la buena administración.
El juicio todavía no termina. No existe una sentencia que determine si las autoridades incurrieron en las omisiones reclamadas ni una resolución definitiva que les ordene actuar. Sin embargo, las luminarias fueron reparadas y la calle hoy está iluminada. La autoridad actuó antes de que un juez se lo ordenara mediante una sentencia.
Ese pequeño caso permite explicar una dimensión del litigio estratégico de la que hablamos poco. Normalmente pensamos en los tribunales como espacios en los que dos partes discuten hasta que una persona juzgadora decide quién tiene la razón.
Pero el litigio estratégico puede hacer algo más. Puede acercar los derechos a los problemas reales de las personas. Puede colocar frente a una autoridad un problema que durante meses o años permaneció sin respuesta. Puede documentarlo, darle nombre, identificar quién tiene la obligación de resolverlo y convertir una queja cotidiana en una exigencia jurídica.
No debería ser necesario presentar un amparo para conseguir que funcione una luminaria. Lo ideal sería que las autoridades contaran con mecanismos eficaces para detectar y resolver estos problemas antes de que alguien tuviera que acudir a un tribunal. Pero cuando esos canales fallan, el litigio puede convertirse en otro puente entre ciudadanía y gobierno.
No se trata solamente de llevar grandes causas a los tribunales o de construir precedentes jurídicos. Se trata de utilizar el derecho para acercar los derechos a las personas y, cuando sea posible, modificar su realidad.
El litigio estratégico, bien utilizado, también puede ser un mecanismo de comunicación y exigencia institucional. Porque el éxito del derecho no debe medirse solamente por las sentencias que se obtienen, sino también por las veces que logra que algo cambie.
Incluso antes de que llegue la sentencia.
