Con los votos de Morena, PVEM y PT, el Congreso de Veracruz aprobó una reforma constitucional que incorpora la figura de la revocación de mandato para la persona titular del Poder Ejecutivo estatal, pero lo hace estableciendo requisitos más restrictivos que los previstos en la legislación federal, lo que para la oposición representa una serie de «candados» que dificultarán la activación de este mecanismo de participación ciudadana.
La reforma modifica el artículo 15 de la Constitución local. El aspecto que más críticas generó fue que, además del requisito de reunir el respaldo del 10 por ciento de la Lista Nominal de Electores de Veracruz, equivalente a cerca de 750 mil firmas, los promoventes deberán acreditar que ese apoyo proviene de al menos 107 municipios, es decir, la mitad más uno de los 212 ayuntamientos de la entidad, y que en cada uno de ellos las firmas representen por lo menos el 3 por ciento de la lista nominal municipal.
A ello se suma otro requisito que complica el procedimiento: todas esas firmas deberán recabarse en un plazo de únicamente 30 días, tras la emisión de los formatos correspondientes por parte del Organismo Público Local Electoral (OPLE). Una vez recibida la solicitud, el organismo contará con otros 30 días para verificar su validez.
Las nuevas reglas contrastan con el esquema previsto para la revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo federal.
La legislación nacional exige el respaldo del 3 por ciento de la Lista Nominal, distribuido en al menos 17 entidades federativas, además de que el proceso se desarrolla bajo reglas establecidas por la Ley Federal de Revocación de Mandato. En el caso veracruzano, aunque el porcentaje total de firmas se fija en 10 por ciento del padrón estatal, la exigencia territorial se traslada a 107 municipios, lo que eleva considerablemente la complejidad logística para cualquier organización ciudadana interesada en impulsar el procedimiento.
Oposición acusa «blindaje»
Durante la discusión legislativa, diputados de oposición señalaron que la reforma no fortalece la participación ciudadana, sino que blinda políticamente a la titular del Ejecutivo estatal, al establecer condiciones que consideran prácticamente imposibles de cumplir.
Los legisladores cuestionaron que el Congreso haya optado por una regulación más restrictiva que la prevista a nivel federal, pese a que la revocación de mandato fue concebida constitucionalmente como un mecanismo para que la ciudadanía pueda evaluar la permanencia de sus gobernantes.
Por su parte, Morena y sus aliados defendieron el dictamen al argumentar que las nuevas disposiciones buscan otorgar certeza jurídica, evitar solicitudes frívolas o con fines políticos y garantizar que un eventual procedimiento cuente con un respaldo ciudadano amplio y verificable.
De ser ratificada por los cabildos, Veracruz contará finalmente con una regulación local sobre revocación de mandato, después de que el Congreso fuera emplazado por instancias jurisdiccionales para legislar sobre este mecanismo. Sin embargo, la discusión ya no gira en torno a la existencia de la figura, sino a si los requisitos impuestos terminan convirtiéndola en un instrumento de muy difícil acceso para la ciudadanía
La reforma fue aprobada con 39 votos a favor, aunque todavía deberá ser avalada por la mayoría de los ayuntamientos del estado para entrar en vigor.
