Por Carlos Tercero
Desde las primeras formulaciones de la teoría política moderna, el Estado se ha definido como una entidad soberana dotada de poder legítimo para organizar la convivencia, administrar justicia y garantizar la seguridad de quienes habitan bajo su jurisdicción. Esa función constituye el propósito primario de cualquier orden político que aspire a ser reconocido como tal. La seguridad de la sociedad no se limita a la protección frente a amenazas externas o internas; implica también la preservación de un marco de legalidad que mantenga vigentes los derechos fundamentales.
Por ello, el Estado debe ejercer el monopolio legítimo del uso de la fuerza, condición indispensable para fortalecer sus instituciones, imponer su autoridad y proteger a la población frente a quienes desconocen el pacto social. La soberanía se expresa tanto en la capacidad coercitiva regulada como en la capacidad protectora; dos dimensiones inseparables que sostienen la tranquilidad pública y la preeminencia del Estado de Derecho.
Los recientes acontecimientos violentos en varios estados del país tras el abatimiento de un objetivo criminal prioritario evidenciaron las tensiones inherentes a esa función esencial. No se trató de episodios aislados ni de estridencia mediática, sino de hechos que pusieron a prueba la capacidad institucional para responder con firmeza y legalidad. La pregunta de fondo es clara: cómo debe enfrentarse la violencia sin rebasar los límites del orden democrático. La respuesta es precisa: un Estado democrático no es sinónimo de debilidad ni de pasividad frente a la criminalidad.
La fortaleza del Estado radica en su capacidad para actuar con determinación y aplicar la ley con justicia, equidad y transparencia, preservando al mismo tiempo las libertades ciudadanas. La autoridad no debe erigirse en obstáculo de los derechos civiles, sino en garante de que estos no sean vulnerados por actores que operan al margen de la ley. Cuando el poder público abdica de esa responsabilidad, fuerzas ilegítimas ocupan el vacío y erosionan la cohesión social.
La actuación de las fuerzas armadas y de las corporaciones de seguridad se evalúa no solo por su eficacia operativa, sino por su apego al marco constitucional. La defensa del orden público exige estrategia, coordinación y control institucional. No se trata de ejercer fuerza por inercia, sino de restablecer la paz y proteger a la ciudadanía con el menor costo posible para sus derechos y bienes.
Gobernar implica ejercer autoridad con mesura y determinación. Supone evitar intimidaciones o excesos, pero también comunicar con oportunidad y explicar las decisiones adoptadas. De lo contrario, se abren vacíos que suelen llenarse con rumores y desinformación, lo que provoca desconcierto, especialmente en momentos de crisis. Precisamente en escenarios de tensión es cuando se pone a prueba la madurez institucional y la convicción democrática.
Los hechos recientes también recuerdan que la seguridad no puede abordarse únicamente desde la dimensión coercitiva. La violencia prospera donde el Estado es débil o ausente, pero también donde las oportunidades escasean y la confianza institucional se deteriora. Por ello, la acción en materia de seguridad debe complementarse con políticas públicas que fortalezcan el tejido social, reduzcan la desigualdad y combatan la corrupción. La legitimidad no se impone; se construye de manera sostenida.
La fuerza del Estado no se mide por la espectacularidad de sus operativos ni por la confrontación retórica entre abrazos o mano firme, sino por su capacidad de proteger a la ciudadanía, preservar la justicia y sostener la convivencia democrática. La seguridad puede verse amenazada, pero un Estado que actúa con legalidad y firmeza demuestra que es posible recuperar la estabilidad sin sacrificar los principios que le dan sentido. Mantener ese equilibrio es la condición indispensable para que la seguridad pública deje de ser una aspiración frágil y se convierta en una garantía efectiva de bienestar colectivo. La acertada expresión del General Secretario de la Defensa Nacional, “Un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Cumplieron su misión y se demostró la fortaleza del Estado mexicano”, lo confirma.
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