Por Miguel Casillas
En el campo político, en Campeche se están dando con todo; el actual gobierno de Morena está tratando por todos los medios de doblegar a lo que queda del PRI y no escatima oportunidad para mostrar su mayoría legislativa, para dominar todos los espacios públicos.
Campeche tiene dos universidades estatales públicas, una en la capital, Campeche, y la otra en Ciudad del Carmen. Ambas instituciones han ido construyendo sus proyectos académicos y consolidándose paulatinamente como universidades públicas. Sus condiciones son muy desiguales, pues el financiamiento estatal favorece a la universidad central; la Unacar, más periférica, ha batallado desde sus inicios para abrirse un espacio en el presupuesto del estado.
La Unacar nació en 1967 y cuarenta años después, en 2007 obtuvo su autonomía. El Consejo Universitario designa al rector cada cuatro años. Su integración no es del todo democrática, pues están sobrerrepresentadas las autoridades y los funcionarios, frente a una baja participación de académicos y de estudiantes. El Artículo 31 de su Ley Orgánica establece que para ser Rector se requiere: I. Ser mexicano por nacimiento; II. Tener 35 años cumplidos; III. Tener un grado universitario superior a bachiller, con título legalmente expedido por cualquier institución superior de cultura del país o del extranjero, reconocido por la Universidad del Carmen; IV. Ser de costumbres honestas y tener antecedentes en la enseñanza, en la investigación o en cualquier otra actividad universitaria.
En estos últimos días, la Unacar está en pie de lucha por defender la autonomía de la institución, que intenta ser vulnerada por los legisladores de Morena que pretenden realizar cambios en la Ley Orgánica de la Universidad. En efecto, el 27 de junio, la diputada Irayde del Carmen Avilez Kantún, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó una iniciativa para actualizar los términos de la fracción I y eliminar la mención a por nacimiento y dejar sólo ser mexicano o mexicana (https://www.congresocam.gob.mx/wp-content/uploads/adjuntos_sitio/PL/LXIV/INICIATIVAS/INI129LXIV0622.pdf). La argumentación de la diputada remite a distintas disposiciones de la Corte y no supondría una grave modificación a la Ley si se hiciera esta actualización. El problema es que la diputada no tiene facultades para hacerla.
Según la Ley general de educación superior publicada en el diario oficial de la Federación el 20 de abril de 2021, que es de carácter federal, y que fue propuesta por Morena y aprobada con el voto de todos los partidos, los congresos de los estados no pueden realizar unilateralmente cambios a las leyes orgánicas de las universidades públicas, las iniciativas deben nacer en las instituciones y deben contar con un fuerte respaldo de la comunidad. El artículo 2 es muy preciso:
Las universidades e instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía contarán con todas las facultades y garantías institucionales que se establecen en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se regirán por sus respectivas leyes orgánicas…Los procesos legislativos relacionados con sus leyes orgánicas, en todo momento, respetarán de manera irrestricta las facultades y garantías a las que se refiere el párrafo anterior… Ningún acto legislativo podrá contravenir lo establecido en la fracción VII del artículo 3o. constitucional. Cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas referidas en este artículo deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga autonomía, y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado
El intento por modificar unilateralmente la Ley de la Universidad es una provocación que viene a enturbiar el proceso de sucesión rectoral y en el que las fuerzas políticas se disputan el control de la universidad. Como en el viejo régimen, en Campeche y otros lugares las universidades siguen siendo vistas como un botín político, ni siquiera estamos ante un cambio profundo de la visión del mundo o de la ciencia; estamos frente a la tentativa de su instrumentalización para alinear las instituciones culturales al servicio político de Morena.
Históricamente sometidas al poder político bajo la hegemonía priísta, pareciera que con la 4T se busca ahora que las universidades pasen a estar subordinadas a la hegemonía morenista. Un absurdo y un salto atrás en la historia. Los políticos deberían entender que si se tratara de impulsar una postura progresista, las universidades deberían estar libres de cualquier hegemonía política para poder trabajar académicamente en libertad.
