Por Juan José Llanes
Me parece incomprensible -y, francamente, grosero- que la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz descalifique a quienes -con legítima razón- protestan por las condiciones infrahumanas en las que deben impartir clases en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) y, por si fuera poco, deben prácticamente mendigar el pago de su salario.
Expreso esto en ejercicio de mi libertad de expresión, con pleno respeto a la investidura de quien gobierna Veracruz, pero sin dejar de lado que muchos de quienes se empeñan en dar clases en esa institución son amigos y colegas muy apreciados que emprenden esa tarea más que nada por su sentido de solidaridad social, y no tanto por la expectativa de recibir como contraprestación una cantidad de dinero que está muy lejos de ser justa, y que se cubre, además, de vez en cuando.
Me parece humillante, también, que se asegure que quienes se han atrevido a protestar en la calle para exigir lo que les corresponde, no son trabajadores de la UPAV. Me parece agresivo que se amenace, también, con “convocar” a otros maestros que -en palabras de la gobernadora- “sí quieran trabajar”.
Creo que la titular del Poder Ejecutivo debería reconocer que NO LE ESTÁ OFRECIENDO TRABAJO A NADIE, porque lo que su gobierno dispuso fue que se firmen contratos de “prestación de servicios profesionales”, en donde se exige que el “prestador de servicios” admita que no es trabajador; no puede afirmarse que se “ofrecerá trabajo” a quien no se le dará el trato mínimo indispensable que merece un trabajador y que incluye herramientas y útiles de trabajo, espacios adecuados, prestaciones mínimas (aguinaldo, vacaciones, prima vacacional) y lo más importante: seguridad social.
Se ofrece trabajo “a quien sí quiera trabajar”, pero con la condición de que no se atreva a definirse como trabajador.
Se amenaza, entonces, con recurrir a la más inhumana de las prácticas de ese capitalismo salvaje de derecha que, ahora, desde el gobierno, dicen repudiar: el ESQUIROLAJE. Esto es, ayer la Gobernadora abiertamente, sin ambages, admitió que si los trabajadores de la UPAV no renuncian a sus derechos como trabajadores firmando un contrato (del que nos les quieren dar ni copia), su administración recurrirá a esquiroles. No me explico cómo, en ese contexto, son capaces de hablar de “humanismo”.
Se pasa por alto que solamente en los más rudos regímenes de ultraderecha en América Latina, atreverse a disentir ha sido castigado con tal fuerza. Insisto en lo que he dicho antes: gobierna una “izquierda” que más bien tiene modos de derecha; son otros, distintos -dicen- pero que me recuerdan al duartismo y al yuneslinarismo que la sociedad veracruzana extirpó.
Y les recordaré: de nada servirán esos contratos de “prestación de servicios” ante quienes decidan reclamar en los tribunales que se les reconozca como trabajadores.
Se les olvida que existe algo llamado PRIMACÍA DE LA REALIDAD que pregona que, si hay una diferencia entre los documentos firmados y lo que pasa en el día a día, valen más los hechos reales; que tienen más peso los hechos que los papeles, y si un contrato dice una cosa pero la práctica muestra otra, se cree la práctica; que el contrato de trabajo nace de la situación real del trabajador, no de lo que diga un documento firmado por presión o engaño, y que se trata de brindar protección a la parte más débil frente a los abusos del patrón (aunque el empleador sea el gobierno).
Y como es obvio que quienes rodean y “asesoran” sobre estos temas a la Gobernadora no consultan ni siquiera la Wikipedia, les dejaré la liga: Principio de primacía de la realidad – Wikipedia, la enciclopedia libre
