La consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, abierta esta semana por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), no solo reactivó una vieja discusión sobre la protección de radioescuchas y televidentes. También volvió a colocar sobre la mesa una preocupación que parecía superada desde hace casi una década: el riesgo de que el Estado termine interviniendo en las decisiones editoriales de los medios de comunicación.
La controversia escaló después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunciara que el proceso de consulta deberá analizar si los derechos de las audiencias deben limitarse a la radio y la televisión o extenderse también a los medios impresos y digitales, una posibilidad que diversos especialistas consideran incompatible con los estándares internacionales de libertad de expresión.
Hasta ahora, la regulación de los derechos de las audiencias sólo se aplica a los concesionarios de radio y televisión porque utilizan el espectro radioeléctrico, un bien de la nación sujeto a regulación constitucional. Los periódicos, revistas y medios digitales nunca han estado sujetos a ese régimen.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum sostuvo que el objetivo es abrir un debate para determinar si las obligaciones relacionadas con los derechos de las audiencias deberían alcanzar también a otros medios de comunicación.
La presidenta argumentó que el derecho de la población a recibir “información veraz” debe garantizarse independientemente del soporte en el que ésta se publique y rechazó que ello implique censura, insistiendo en que se trata de fortalecer derechos ciudadanos.
No es la primera vez que la mandataria plantea esa posibilidad. A principios de año instruyó al titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, a analizar mecanismos regulatorios relacionados con el derecho de las audiencias tras cuestionar la cobertura de algunos medios nacionales, particularmente del periódico Reforma.
¿Quién decide qué es información «veraz»?
Aunque el proyecto habla de proteger a las audiencias frente a publicidad engañosa, desinformación y contenidos que vulneren derechos, uno de los principales cuestionamientos radica en que introduce conceptos cuya interpretación puede resultar altamente subjetiva.
Expresiones como «información veraz», «tratamiento adecuado», «interés público» o la obligación de distinguir información de opinión han sido objeto de controversia desde que el entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) intentó regularlas en 2016.
Para organizaciones defensoras de la libertad de expresión, el riesgo consiste en que sea la autoridad —y no los propios medios o las audiencias— quien termine definiendo cuándo una cobertura periodística cumple o no con esos criterios.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sostenido reiteradamente que los Estados no pueden erigirse como árbitros de la verdad, pues ello resulta incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege la libertad de buscar, recibir y difundir información sin censura previa.
Especialistas advierten que el problema no radica en reconocer derechos a las audiencias —que ya están previstos en el artículo sexto constitucional—, sino en los mecanismos mediante los cuales el Estado pretende hacerlos exigibles.
Los nuevos lineamientos fortalecen las obligaciones de los concesionarios para responder reclamaciones de las audiencias, mantener códigos de ética, establecer defensorías y atender observaciones sobre sus contenidos.
Aunque el gobierno insiste en que no existe censura previa, críticos señalan que un esquema de vigilancia permanente puede generar autocensura.
Es decir, que los medios modifiquen voluntariamente investigaciones, enfoques o líneas editoriales para evitar procedimientos administrativos, apercibimientos o eventuales sanciones.
En materia de libertad de expresión, la jurisprudencia internacional reconoce precisamente ese fenómeno como uno de los mecanismos indirectos mediante los cuales los gobiernos pueden inhibir el periodismo crítico.
Durante los últimos años, tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum han mantenido una confrontación constante con periodistas y medios críticos, a quienes frecuentemente acusan de mentir, manipular información o responder a intereses económicos y políticos.
Para diversas organizaciones, ese contexto vuelve especialmente delicado que sea el propio gobierno quien impulse normas relacionadas con el tratamiento editorial de la información.
La preocupación aumenta cuando la propia Presidenta plantea extender ese modelo regulatorio a medios impresos y digitales, sectores que históricamente han permanecido fuera del control administrativo precisamente para garantizar el mayor grado posible de libertad de prensa.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha sostenido en diversas resoluciones que cualquier regulación estatal sobre contenidos informativos debe limitarse estrictamente a los parámetros internacionales de derechos humanos y nunca convertirse en una herramienta para influir en las decisiones editoriales.
Por su parte, Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica ha advertido en múltiples análisis que las regulaciones ambiguas sobre «veracidad», «objetividad» o «calidad» de la información pueden abrir espacios para restricciones indirectas a la libertad de expresión, prohibidas tanto por la Constitución mexicana como por la Convención Americana.
La propia Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha establecido que ningún funcionario público está facultado para determinar qué información es verdadera o falsa como condición para permitir su difusión, pues en una democracia esa valoración corresponde a la sociedad y al debate público, no al Estado.
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) informó que analizan los Lineamientos al afirmar que “hay temas que preocupan”, por lo que consideran que revisar para evitar una regresión democrática y a la libertad de expresión.
Entre los temas planteados por la CIRT, el primero se refiere a que, a su consideración, los lineamientos contienen disposiciones ambiguas que podrían permitir discrecionalidad en la definición de información falsa o descontextualizada. También señaló que ello podría modificar el funcionamiento de los mecanismos de autorregulación y la actuación de las defensorías de las audiencias.
“Los Lineamientos son aún ambiguos y dan lugar a discrecionalidad por el gobierno. El Proyecto permite al Gobierno definir que es información falsa o descontextualizada. Desvirtuando los mecanismos de autorregulación y anulando al defensor de las audiencias quien queda como subordinado a la autoridad”, señaló.
Además, expresó preocupación por el esquema de sanciones previsto en los lineamientos, dado que las multas podrían alcanzar hasta el 1 por ciento de los ingresos anuales acumulados de cada concesionario o programador por cada presunta falta informativa. La cámara sostuvo que la legislación vigente únicamente contempla sanciones por no designar una defensoría de audiencias o por no emitir códigos de ética.
Otro de los puntos expuestos por la organización corresponde al denominado “recurso de inconformidad”. De acuerdo con la CIRT, este mecanismo permitiría que el gobierno revise las resoluciones emitidas por las defensorías de las audiencias respecto de los contenidos transmitidos.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) advirtió que la propuesta del Ejecutivo federal para emitir nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias en radio y televisión representa un riesgo para la libertad de expresión, al considerar que abre la puerta a mecanismos de censura e invade garantías constitucionales.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones mantendrá abierta la consulta pública hasta el 21 de agosto, periodo durante el cual medios, universidades, organizaciones civiles y especialistas podrán presentar observaciones al proyecto.
