La fiscal general Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre presentó un balance en el que reconoció que la Fiscalía General del Estado (FGE) violentó los derechos humanos de al menos 187 veracruzanos, entre víctimas directas e indirectas, al no aceptar recomendaciones de las comisiones nacional y estatal durante la gestión de Verónica Hernández Giadáns.
En contraste con la postura de su antecesor, Jiménez Aguirre informó que ha aceptado las 10 recomendaciones emitidas por los organismos de derechos humanos.
Detalló que cinco recomendaciones fueron de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), una de la Comisión Nacional (CNDH), y cuatro casos más previamente rechazados por la administración anterior.
Entre los casos más relevantes mencionó el ataque al bar “Caballo Blanco” en Coatzacoalcos en 2019, uno de los hechos más graves de violencia en el estado, con decenas de víctimas mortales y sobrevivientes afectados. Este expediente fue ignorado por la gestión anterior.
Aunque no se detallaron públicamente todos los casos, la aceptación implica el reconocimiento institucional de las víctimas y la obligación de reparar el daño.
Jiménez Aguirre reconoció que la FGE mantiene una “deuda con la sociedad” en materia de derechos humanos y subrayó que la aceptación de las recomendaciones no basta: se requieren acciones concretas, capacitación y disculpas públicas.
