El gobierno de México eximió de responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al ejército en el caso de la violación y asesinato de la mujer indígena Ernestina Ascencio en 2008, en la sierra de Zongolica.
El Estado Mexicano solo admitió responsabilidad en no haberle dado acceso a servicios de salud, que a la postre provocaron su muerte.
Durante la audiencia ante la CIDH, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Pablo Arrocha, sostuvo que “no existe evidencia directa en el expediente penal que permita vincular a agentes estatales en los hechos legados por la representación”, con lo que el gobierno de Claudia Sheinbaum se ajustó a la misma conclusión a la que en su momento llegó la administración de Felipe Calderón.
Antes de morir, Ernestina Ascencio declaró haber sido víctima de una violación tumultuaria por parte de los soldados. Pero el entonces presidente Felipe Calderón aseguró que su muerte había sido provocada por una “gastritis”.
Los jueces de la CIDH cuestionaron a México por no aceptar la participación de los soldados en crimen contra Ernestina Ascencio, a pesar de la evidencia.
“Lo que está argumentando el Estado es que a pesar de que contamos con el testimonio de la víctima antes de fallecer y que hay una serie de elementos contextuales también, además se levantaron pruebas en la autopsia que incluían material genético.
“Y que al mismo tiempo el Estado está reconociendo que violó el derecho de acceso a la justicia y derechos judiciales. Y a pesar de todo eso que hay bastante más pruebas de las que a veces hay en casos de este tipo, el Estado considera que no hay elementos para considerar que hay una responsabilidad”, espetó la jueza Verónica Gómez.
Angelita Valles, representante legal de la familia, aseguró que a la familia no se le respetó el derecho de acceso a la información, pues en un principio le negaron acceso al expediente y cuando se los dieron, estaba censurado.
La investigación sigue a cargo de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, que les ha pedido a los familiares desistirse.
El caso será juzgado por la CIDH, que emitirá una sentencia que deberá acatar el Estado mexicano.
