Quebradero

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La banalización educativa

 

Por Javier Solórzano Zinser

 

Mientras las autoridades educativas den el visto bueno a instituciones escolares de toda índole sin que de por medio haya un análisis sobre su organización interna y valor académico, seguirán proliferando.

Lo idóneo sería que todas las instituciones educativas tuvieran un buen nivel, pero a pesar de que en el país muchas lo tienen, el problema está en que no pueden darle cabida a la gran demanda de los jóvenes y sus familias.

Lo delicado es que en muchas ocasiones la formación escolar es desigual o mala lo que acaba por lanzar al mercado de trabajo profesionistas con formaciones cargadas de deficiencias.

Estamos ante el negocio y el engaño que se provoca entre los jóvenes y sus familias quienes están ávidos por una formación universitaria con todo lo que puede generarles.

El problema se viene acumulando y mientras las autoridades educativas no pongan un freno a este tipo de instituciones seguirán proliferando y seguirán generando falsas esperanzas entre las familias, lo cual lleva, entre otras cosas, a que no tengamos un mercado de trabajo mejor formado, propositivo y que permita a los jóvenes tener un empleo que les ofrezca mejores condiciones de vida junto con sus familias.

El tema es integral. Pasa por la organización social y económica de la sociedad. Lo que es un hecho es que las autoridades educativas tienen a la mano discernir y decidir cuáles son las instituciones que cumplen con todos los requisitos escolares y académicos y cuáles no.

Una universidad que apura de manera torpe el otorgamiento de un título y una cédula profesional no puede pensarse de otra manera que esté en una singular relación directa con la SEP, como es el caso del Centro Universitario Cúspide y el fiscal interino, Ulises Lara.

Por la información que se tiene, todas las cosas aparejadas por un conjunto de irregularidades que incluyen la dinámica interna del centro y en particular los oficios de la SEP.

El tema lleva a preguntarse cuántas instituciones de esta naturaleza existen en el país, qué es lo que están haciendo para existir y con quién, inevitablemente se piensa, están coludidos para desarrollar sus actividades.

Ha sucedido en otros sexenios que con tal de que los funcionarios designados tengan los títulos académicos que exigen sus cargos, la SEP en caso de que no los tengan apure como fuere el otorgamiento de títulos a la vez que les ofrece todas las facilidades para que se reciban, hayan terminado la carrera o no.

Esto se ha presentado en otros sexenios. No tenemos información de que esto también se haya dado en la presente administración, pero hay elementos para poner el tema sin la menor duda en la mesa. Los funcionarios de la noche a la mañana tienen título y con eso se justifica su idoneidad para el cargo que, eventualmente, vayan a ocupar.

No se trata que sólo prevalezcan las grandes instituciones públicas y privadas de educación superior. Lo que es importante es que exista una supervisión y revisión sistemática de las autoridades educativas para que todas las instituciones por pequeñas o grandes que sean cumplan con los requisitos académicos y escolares.

La cuestión está en que al amparo de la enseñanza lo que se hace es un negocio y se pierde de vista la importancia que tiene la formación académica de los jóvenes para la transformación de un país que si algo requiere es egresados bien formados que puedan transformar el actual estado de las cosas en el mercado de trabajo.

Lo que en el fondo está es que a lo largo de años recientes se ha perdido de vista la importancia que tiene la formación académica para un país urgido de ella.

RESQUICIOS.

El Presidente apuesta por un triunfo contundente en el Congreso. Por ello, el 5 de febrero, nomás faltaba, va a enviar una serie de reformas constitucionales que pasan por los temas electorales y económicos. Su apuesta es el mes de septiembre en que con un Congreso totalmente a su favor podría hacer lo que no ha podido hacer.