Ante la inconformidad de los partidos, los consejeros electorales postergaron por algunos días la decisión de ordenar a los institutos políticos designar a mujeres en cinco de las nueve candidaturas a las gubernaturas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México que se renovarán en el 2024.
Los representantes partidistas acusaron al INE de asumir facultades que no les corresponden, pretender legislar, castigarlos indebidamente, establecer las fechas para presentar registros o informes sin fundamento o entender a su modo la paridad y la alternancia.
Por casi dos horas, los partidos lanzaron reclamos, y se sumaron las diferencias de los consejeros Uuc-Kib Espadas y Arturo Castillo sobre el proyecto, por lo que las consejeras cedieron a la petición de instalar una mesa de diálogo con los institutos políticos, y reanudar la sesión de las comisiones de Prerrogativas e Igualdad en unos días.
Dichos órganos internos del INE discutirían un acuerdo para obligar a los partidos a designar a cinco mujeres en las candidaturas a las ocho gubernaturas y a la Jefatura de Gobierno, esto con el argumento de que existe una subrepresentación del sector femenino en los Gobiernos estatales.
Ahora sí, Morena coincidió con el PAN, PRD y PRI en sus exigencias al Instituto. Todos demandaron que se respete su derecho a la autoorganización, pues si ya establecieron en sus estatutos la paridad y dichos documentos básicos fueron palomeados por la autoridad electoral, entonces, dicen, les deberían de dar libertad de establecerla como ellos quieran y puedan.
También rechazaron que sea el 4 de noviembre cuando los partidos entreguen al INE el informe sobre en qué estados designarán mujeres y por qué, así como sus métodos de elección y cómo medirán la competitividad. Esto porque consideraron que es una fecha muy próxima y aún deben determinar si harán o no alianzas con otros partidos.
Plantearon que las tres entidades, de las nuevas en donde habrá elecciones, que ya cuentan con una legislación sobre alternancia o paridad, no sean tomadas en cuenta en el acuerdo y, en consecuencia, únicamente se aplique en seis, y la distribución sea tres mujeres y tres hombres.
«La alternancia no está regulada, al no estar regulada no nos obliga a tener un acatamiento sobre esta figura política. Sí estamos comprometidos, pero conforme a nuestras propias reglas, situaciones y acuerdos que se van teniendo con los demás partidos políticos», afirmó el perredista Julio Cisneros.
El representante del PAN ante las comisiones, Álvaro Malvaez, recordó que en dos ocasiones la Sala Superior revocó las decisiones del INE en este mismo sentido, por lo que era mejor discutir el proyecto, además calificó como extremo y fuera de legalidad que los OPLES cancelen el registro de aspirantes si no se cumple con la paridad.
La diputada de Morena, Julieta Ramírez, aseguró que a su partido no se le puede «regatear nada en cuanto a paridad», porque tienen un Gobierno paritario, una «coordinadora nacional (candidata presidencial)» y desde el 2021 ha designado como candidatas a 12 mujeres y 11 hombres en las gubernaturas.
«Se atenta contra la vida interna de nuestro instituto político, el INE supervisa pero no está facultado para hacer leyes al cuarto para la hora», dijo.
Por ello, insistió su compañero Jaime Castañeda, a Morena sólo se le pueden exigir cuatro candidaturas.
En defensa, consejeras se dijeron sorprendidas por tantas resistencias, pues pese a las sentencias del Tribunal, la cuota mínima se ha mantenido en años anteriores.
La consejera Dania Ravel les explicó que si bien estados como Jalisco, Yucatán y Puebla sí cuentan con una legislación sobre paridad, su redacción no garantiza la alternancia, por lo que no pueden quedar fuera.
Por ejemplo, expuso, en Puebla no se hizo una ley secundaria, en Jalisco se deja en manos de lo que «establezca la autoridad competente», y en Yucatán, sí se prevé la alternancia, pero asegura que los partidos podrán decidir libremente qué género postular en la elección del 2024.
«En consecuencia, las normativas locales no garantizan la alternancia. Resulta necesario establecer criterios para garantizar la paridad. No son decisiones para apoyar al Instituto, sino para cumplir un mandato constitucional», advirtió.
La consejera Carla Humphrey planteó que en el acuerdo se estableciera la obligación de designar a una mujer en la Presidencia y a cuatro gubernaturas, para que la paridad fuera cinco y cinco en todo el paquete de Gobierno federal y locales.
Los consejeros Espadas y Castillo coincidieron en que en ese tema, el Tribunal ha dejado en claro que la paridad en gubernaturas corresponde a los congresos, y el INE no está facultado para decir cuántas.
«No existe en México autoridad facultada para vigilar la llamada paridad horizontal, la alternancia, y no dejaré de insistir, es un criterio, no es un principio. La alternancia no tiene criterio vinculante», arremetió Espadas.
Castillo aclaró que él sí estaba de acuerdo en fijar una cuota, pero pedía fundamentar el acuerdo para que no sea rechazado en la Sala Superior.
La mesa de dialogo se podría instalar en los próximos días, y reanudar la sesión de las comisiones involucradas el viernes o la próxima semana.
Con información de Reforma
