La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) tiene pendientes por aclarar 57 millones 651 mil 970.62 pesos, además de que registró anomalías en la administración de los recursos de fideicomisos.
De acuerdo con la Segunda Entrega de Informes Individuales del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, encontró 14 resultados importantes de la revisión que realizó, de las cuales emitió siete recomendaciones, dos promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y dos pliegos de observaciones, dejando pendiente la posibilidad de que se sienten responsabilidades penales.
Señaló que en las erogaciones del Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (Fordecyt-Pronaces), se observó que comprometió 97 millones 616 mil pesos después del plazo establecido en el decreto del 6 de noviembre de 2020, correspondiente a 10 Convenios de Asignación de Recursos.
Agregó que se careció de evidencia que acredite los entregables, así como la prestación de servicios especializados y profesionales para apoyo al Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología (Foncicyt), para el seguimiento administrativo, financiero y contable de los proyectos del Fondo Institucional del Conacyt y del Fordecyt-Pronaces, así como en la operación del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (Conricyt), de cinco contratos formalizados con tres prestadores de servicios, por 35 millones 152 mil pesos.
En la contratación del “Servicio integral para el apoyo en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable de los proyectos que sean transferidos al Conacyt, en cumplimiento con la extinción de Fideicomisos y los aprobados por el Programa Presupuestario F003”, no se evidenció que en la investigación de mercado se consideraran al menos dos fuentes, ni se acreditó el medio por el que se obtuvo la información para la selección de los posibles proveedores a los que se les solicitó la cotización , ni se verificó el histórico de contrataciones.
Sobre todo, “se autorizó el pago de los servicios por 22 millones 500 mil pesos, sin acreditar que se efectuó el seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable de los proyectos transferidos al Conacyt, como resultado de la extinción de los fideicomisos de los fondos institucionales, mixtos y sectoriales”.
