La Suprema Corte de Justicia de la Nación agendó para este lunes el análisis y deliberación de las acciones de inconstitucionalidad 59/2021 y su acumulada 66/2021, promovidas por diputados de oposición de la LXVI Legislatura del Estado de Veracruz, en contra de las reformas al Código Penal estatal en materia de ultrajes a la autoridad.
Ante la inminencia de un nuevo resolutivo en contra de la reforma aprobada por la mayoría de Morena y aliados en el Congreso local, se convocó para este domingo a las 16 horas a un periodo extraordinario para aprobar una nueva reforma, en la que se mantiene el tipo penal de ultrajes a la autoridad, así como las penas de cinco a siete años de prisión
En el dictamen aprobado por la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, solo se propone derogar las fracciones II y IV del artículo 331 del Código Penal para el Estado de Veracruz.
La fracción II establece que se castigue a quien “ultraje a la autoridad” por “cualquier medio de violencia contra la víctima”, mientras que la fracción IV se refiere a que “se realice a través de cualquier otra a circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa o protección del sujeto pasivo o lo ponga en condiciones de riesgo o desventaja”.
Asimismo, en el dictamen la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales considera “inviable derogar el artículo 371 Quinquies”, ya que “representaría una desprotección a quienes, en cumplimiento de su deber, velan por la seguridad de las y los habitantes y residentes transitorios de la entidad, pues la conducta delictiva descrita en el mencionado numeral implica graves riesgos para la integridad de los elementos de las instituciones de seguridad pública en la entidad”.
El artículo que no tocó la Comisión establece que “Se impondrán de siete a quince años de prisión y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades de medida y actualización diarias, a quien amenace o agreda a un integrante o elemento de alguna institución de Seguridad Pública municipal o estatal en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, de tal manera que, en razón del arma empleada, de la fuerza o destreza del agresor, pueda producirle como resultado lesiones o muerte”.
El dictamen solo fue firmado por los diputados de Morena Luis Fernando Cervantes Cruz y Rosalinda Galindo Silva. El secretario de la Comisión, el diputado priista Marlon Ramírez Marín, no firmó el documento.
Propuesta “insuficiente y tramposa”
A través de un comunicado, el Movimiento por la Justicia rechazó el dictamen, pues “lo que pretende no es resolver el problema, sino retrasar el análisis y deliberación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Calificó a la propuesta legislativa como “insuficiente y tramposa” y pidió a las y los legisladores permitir a la Corte “impartir justicia con independencia, justicia que el Congreso de Veracruz se negó a realizar por varios meses y que ahora busca entorpecer haciendo un uso fraudulento de sus atribuciones”.
