Un juez federal negó las órdenes de aprehensión que solicitó la FGR contra 31 académicos, científicos y ex funcionarios por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, derivado de los 244 millones de pesos que durante seis años otorgó el Conacyt al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT).
Gregorio Salazar Hernández, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, con sede en el Penal del Altiplano, resolvió este miércoles que no existe ninguno de los delitos imputados.
De acuerdo con fuentes federales, el juez consideró que los hechos imputados no se corresponden o se adecúan a los delitos que se pretenden atribuir a los indiciados (no existe la tipicidad del delito).
Sin embargo, la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero -quien tiene viejas rencillas con el sector académico y a quien el Conacyt del actual régimen le otorgó el ingreso al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel III, el más alto- anunció que por tercera ocasión solicitará las órdenes de aprehensión contra los científicos, a quienes acusa de que “crearon, autorizaron y fondearon” una empresa privada para después incorporarse a ella, aunque según la Fiscalía se usaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a este grupo con la “compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos”.
«Por lo anterior, se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan», señaló la FGR en un comunicado.
