La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó presuntas irregularidades por 137 millones 755 mil 328 pesos en el manejo de recursos federales durante el primer año completo del gobierno de Rocío Nahle García, principalmente en los sectores de salud y educación, donde se identificaron pagos sin justificar, trabajadores fallecidos que seguían apareciendo en nóminas y movimientos presupuestales contrarios a la normativa.
Sin embargo, la gobernadora minimizó los resultados de la fiscalización al asegurar este martes que las observaciones son pocas y que su administración conseguirá aclararlas.
“Dicho sea de paso, son muy poquitas”, expresó Nahle durante conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, al referirse a los resultados de la segunda entrega de informes de la revisión de la Cuenta Pública 2025.
Salud concentra las mayores irregularidades
De acuerdo con los informes de la ASF, los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) concentran el mayor monto observado, con 87 millones 419 mil 439 pesos pendientes de aclaración.
La principal irregularidad corresponde a 86 millones 920 mil 909 pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) de 2025 que fueron utilizados para cubrir remuneraciones correspondientes al ejercicio fiscal 2024, sin que la dependencia presentara documentación suficiente para justificar y autorizar dichas operaciones.
También se identificaron diferencias entre transferencias bancarias y registros de nómina, así como recursos federales no ejercidos cuyo reintegro oportuno a la Tesorería de la Federación no fue acreditado.
Adicionalmente, la revisión encontró deficiencias en los controles administrativos y en el manejo de recursos destinados a medicamentos e insumos médicos, en un contexto de cuestionamientos por el abastecimiento de hospitales y centros de salud de Veracruz.
Educación: pagos a fallecidos, trabajadores dados de baja y plazas incompatibles
En el sector educativo, la ASF detectó irregularidades por 48 millones 657 mil 604 pesos en el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).
Entre los hallazgos destacan pagos por aproximadamente 38.9 millones de pesos a 105 trabajadores cuyas plazas se encontraban adscritas a centros educativos con incompatibilidades geográficas.
También fueron identificados pagos a empleados que tenían licencias sin goce de sueldo, personal que había causado baja y personas que aparecían con registros de defunción.
La fiscalización documentó pagos por aproximadamente 648 mil pesos a personas fallecidas, tanto en la nómina federal como en la estatal, así como más de 4.6 millones de pesos entregados a trabajadores durante periodos en los que tenían licencia sin goce de sueldo.
Los resultados adquieren especial relevancia porque semanas antes la propia gobernadora había cuestionado públicamente que la ASF solicitara listas de asistencia del magisterio veracruzano para comprobar que los trabajadores efectivamente desempeñaran las funciones por las que recibían un salario.
Nahle llegó a calificar de “absurda” la solicitud del organismo fiscalizador, aunque posteriormente aseguró que su administración entregaría la documentación requerida.
Los hallazgos de la ASF muestran que la revisión de las nóminas sí identificó inconsistencias que ahora deberán ser justificadas por las autoridades educativas estatales.
También detectan irregularidades en el DIF y obra pública
En el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), la auditoría determinó observaciones por aproximadamente un millón 678 mil pesos.
Entre los señalamientos se encuentran pagos por 319 mil pesos a 88 beneficiarios que aparecían como fallecidos en los registros de programas de asistencia social del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Asimismo, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) no acreditó inicialmente el reintegro de aproximadamente 1.3 millones de pesos relacionados con un anticipo de obra pública.
La revisión también encontró retrasos en transferencias de recursos federales, irregularidades administrativas en cuentas bancarias y deficiencias en expedientes de obras.
Estos resultados se suman a los cuestionamientos sobre los mecanismos de control y vigilancia del gasto público durante el primer ejercicio fiscal completo de la administración estatal.
Gobierno presume que ya aclaró más del 91 por ciento
Ante los señalamientos, el secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, sostuvo que las observaciones pendientes representan una “proporción reducida” del monto nacional detectado por la ASF.
Explicó que inicialmente fueron observados mil 592.6 millones de pesos al Gobierno de Veracruz, pero que durante el proceso de fiscalización se presentó documentación para atender mil 454.8 millones, equivalentes al 91.3 por ciento. De esta manera, el monto pendiente se redujo a 137.8 millones de pesos.
El funcionario argumentó que dicha cantidad representa aproximadamente 1.9 por ciento de los 7 mil 352.8 millones de pesos observados a entidades federativas y municipios del país en la segunda entrega de informes de la ASF.
Además, informó que las dependencias involucradas cuentan con un plazo adicional de 30 días para presentar documentación justificativa y comprobatoria.
Respecto de los recursos observados al FAM, aseguró que un proveedor ya realizó el reintegro de 1.7 millones de pesos y que únicamente falta su validación formal.
ASF también detectó menores transferencias a la Universidad Veracruzana
Otro hallazgo de la fiscalización corresponde a los recursos destinados a instituciones públicas de educación superior.
La auditoría identificó que el Gobierno de Veracruz transfirió 38 millones 696 mil 841 pesos menos de lo convenido para diversas instituciones educativas.
Entre ellas se encuentra la Universidad Veracruzana, que recibió 12 millones 625 mil pesos menos de los recursos comprometidos, así como universidades tecnológicas que también registraron diferencias en las transferencias.
Aunque la ASF no formuló observaciones económicas por estos conceptos, al considerar que las operaciones se ajustaron a los convenios aplicables, las diferencias quedaron documentadas en los informes de fiscalización.
