La Fiscalía General de la República vinculó a proceso a cuatro ex funcionarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa por el presunto desvío de dos mil millones de pesos de fondos del sector educativo en el año 2012.
Los imputados son los ex secretarios de Finanzas Tomás Ruiz González y Fernando Charleston Hernández; así como el ex subsecretario de Finanzas Gabriel Deantes Ramos el ex subdirector de Operación Financiera de la Secretaría de Finanzas y Planeación, José Francisco Díaz Valenzuela.
El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Xalapa, Francisco Enrique Manuel Negrete Márquez, procesó a los cuatro ex funcionarios por el delito de peculado y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, informaron fuentes del Poder Judicial de la Federación.
En una audiencia que concluyó a las 21:30 horas de este miércoles, el juez ratificó no imponer medidas cautelares a los procesados, porque siempre han comparecido ante autoridades ministeriales o judiciales.
Los fiscales federales Rodrigo Arellano Sandoval y Gilberto Salazar Aguilar atribuyeron a los ex funcionarios haber desviado dos mil millones de pesos derivados de la “Solicitud y Entrega de Apoyos Financieros Extraordinarios No Regularizables” del 12 de diciembre de 2012.
El probable delito, según la imputación, consistiría en que en diciembre de 2012, al recibir la participación federal, transfirieron la mayoría del dinero a una cuenta concentradora de la Sefiplan y no a las instituciones a las que estaba destinada, mientras que en diciembre de 2013 también habría sucedido lo mismo con 100 mil pesos.
Los recursos fueron aportados por la Federación con base en el Convenio de Apoyo Financiero, celebrado por la Secretaría de Educación Pública con el Gobierno de Veracruz.
Aunque el volumen de la imputación original son 2 mil millones de pesos, a los imputados se les procesó por cantidades distintas comprendidas dentro de la misma, como es el caso de Charleston, a quien le atribuyeron sólo la operación de 100 mil pesos de fines de 2013.
Esta nueva imputación tiene su origen en una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y en los testimonios rendidos por Tarek Abdalá, ex tesorero de Duarte y hoy testigo colaborador de la FGR.
Abdalá presuntamente estuvo relacionado con desvíos por 57 mil millones de pesos en el Gobierno de Javier Duarte, y por tal motivo se le iniciaron 11 averiguaciones previas y 32 carpetas de investigación. También le fue girada una orden de aprehensión.
Sin embargo, el 31 de octubre de 2018 consiguió la inmunidad penal en las investigaciones, gracias a que logró negociar un criterio de oportunidad con la FGR para colaborar en los juicios contra otros imputados.
