La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó una nueva ley donde se protege al Presidente de la República para evitar su posible destitución en caso de desafuero.
Además, se busca ir con mayor claridad contra Magistrados, Ministros, consejeros electorales y Gobernadores.
Con 20 votos a favor y seis en contra, se aprobó la nueva Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, y se deroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que data de 1982.
Aunque la Comisión de Gobernación ya había cerrado sus trabajos y entregado oficinas, se convocó a los diputados de última hora y se circuló el dictamen de la iniciativa de ley que Morena presentó hace dos semanas.
La nueva ley es casi calca de la que se deroga y se mantienen los largos procedimientos que deben seguir las comisiones Jurisdiccional, de Juicio Político y Sección Instructora para un desafuero.
Se incluyen nuevos artículos en relación con el Ejecutivo federal, que ahora puede ser juzgado por diversos delitos durante el tiempo de su encargo, como son traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano.
Sin embargo, de último momento la morenista Carmen Almeida presentó una reserva para proteger al Presidente de la República.
En el artículo 42 original del dictamen, que fue modificado, se señala que si el Jurado de Procedencia encuentra responsable a la persona titular de la Presidencia de la República, «en la sentencia decretará su destitución del cargo y le sujetará a la jurisdicción del órgano judicial competente, para que continúe el procesamiento penal del inculpado, en su caso, hasta la imposición de la pena correspondiente».
La legisladora presentó otra redacción, porque, dijo, se trata del Presidente y planteó que para el caso del titular del Ejecutivo se plasma textual lo dicho por el Artículo 111 de la Constitución, respecto a que procederá la «legislación penal aplicable».
«Esta reserva significa que debemos ser prudentes, porque se podría destituir al Presidente por cualquier delito», puntualizó.
«Sí, nadie por encima de ley, pero debemos ser razonables en este sentido», justificó sobre la protección al Presidente.
Esta protección al titular del Ejecutivo contrasta con el artículo 35 de la misma ley, porque para el resto de servidores sí queda explícita la destitución del cargo.
«Si la Cámara de Diputados declara por mayoría absoluta de sus miembros presentes en la sesión que ha lugar a proceder contra la persona imputada, ésta quedará inmediatamente separada de su empleo, cargo o comisión y sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes para que actúen con arreglo a la ley», se indica en el dictamen aprobado.
Por otro lado, uno de los cambios más notables en la nueva legislación es que, en caso de desafuero de funcionarios de las entidades federativas, los Congresos locales estarán obligados a atender lo señalado por la Cámara de Diputados.
Con ello, se evita repetir el caso del Congreso de Tamaulipas, que no procedió igual tras el desafuero al Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
El dictamen será enviado a la Mesa Directiva y Morena buscará que quede considerado en una propuesta de un nuevo periodo extraordinario a realizarse la próxima semana.
Sin embargo, en la Comisión Permanente del Congreso, Morena necesita los votos de la oposición para autorizar la convocatoria al periodo extra, los cuales aún no tiene.
