El Congreso del Estado aprobó por mayoría calificada la procedencia para retirar el fuero a los presidentes municipales de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, y de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, con lo que ambos podrán ser sujetos a procesos penales por las investigaciones que sigue en su contra la Fiscalía General del Estado (FGE).
La determinación fue tomada por el Pleno de la LXVII Legislatura, erigido en Jurado de Procedencia, luego de analizar los dictámenes elaborados por la Comisión Permanente Instructora, órgano responsable de conducir el procedimiento previsto en la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia del Estado de Veracruz.
En sesión privada, la presidenta de la Mesa Directiva, Naomi Edith Gómez Santos, declaró formalmente instalado el Jurado de Procedencia, tras lo cual fueron leídos los dictámenes y las conclusiones derivadas de las audiencias de pruebas y alegatos celebradas entre los alcaldes y representantes de la Fiscalía General del Estado.
Como parte del procedimiento, ambos presidentes municipales comparecieron por separado ante el Pleno para exponer los argumentos que consideraron convenientes para su defensa. Durante sus intervenciones fueron desalojados del recinto tanto los demás servidores públicos involucrados como sus representantes legales.
Con la resolución aprobada por el Congreso, la Fiscalía podrá continuar los procedimientos penales sin el obstáculo de la inmunidad procesal que confería el cargo a ambos ediles.
Movimiento Ciudadano acusa «justicia selectiva»
Movimiento Ciudadano denunció que en Veracruz existe una estrategia de persecución política contra alcaldes de oposición y anunció que su dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez, acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para solicitar medidas de protección frente a lo que calificó como «intromisiones y arbitrariedades» del Gobierno del Estado.
En un posicionamiento, el partido naranja sostuvo que no permitirá la utilización de las instituciones de procuración de justicia para judicializar selectivamente a sus gobiernos municipales.
Álvarez Máynez afirmó que, después de las controversias electorales registradas en municipios como Papantla y Poza Rica, ahora existe una estrategia para presionar y cooptar a alcaldes de oposición.
Asimismo, aseguró que la gobernadora Rocío Nahle llegó incluso a señalar públicamente a un presidente municipal como presunto delincuente y posteriormente incorporarlo a Morena mediante presiones, situación que calificó como una práctica inaceptable.
Pese a sus señalamientos, Movimiento Ciudadano reiteró que mantiene una postura de cero tolerancia a la impunidad y sostuvo que cualquier conducta delictiva atribuida a servidores públicos debe investigarse y sancionarse conforme a derecho.
«Nadie está por encima de la ley», expresó el partido, al tiempo que subrayó que el respaldo obtenido en las urnas no constituye una protección frente a posibles responsabilidades penales.
No obstante, advirtió que resulta preocupante que, mientras Veracruz enfrenta una grave crisis de violencia, desapariciones e impunidad, las instituciones de justicia actúen —a su juicio— con rapidez cuando se trata de funcionarios de oposición, pero mantengan una respuesta insuficiente frente a otros delitos que afectan a la población.
Por ello, exigió a la Fiscalía General del Estado actuar con autonomía, imparcialidad y estricto respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y las garantías constitucionales.
Finalmente, el partido llamó a los cabildos de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste a garantizar la continuidad de los servicios públicos y la estabilidad institucional de ambos municipios mientras continúan los procesos legales contra sus presidentes municipales.
