La propuesta de crear un censo o padrón de periodistas en Veracruz avalada por la gobernadora Rocío Nahle volvió a ser cuestionada por especialistas y comunicadores, quienes advirtieron que, en un estado con una larga historia de agresiones contra la prensa, una medida de esa naturaleza carece de un objetivo claramente definido y podría convertirse en un instrumento de control sobre el ejercicio periodístico.
Durante el programa «La Clave», la directora general del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, Mariana Calderón Aramburu, analizó junto con los periodistas Aurelio Contreras y Mónica Camarena los alcances de la propuesta planteada recientemente y secundada por la mandataria estatal, en el contexto del debate nacional sobre los nuevos lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias impulsados por el gobierno federal.
Calderón Aramburu cuestionó cuál sería el propósito específico del censo y bajo qué criterios se determinaría quién puede ser considerado periodista, recordando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido un concepto amplio del ejercicio periodístico que no depende de títulos profesionales, afiliaciones gremiales ni registros gubernamentales.
«La primera pregunta es para qué. ¿Cuál es el objetivo de crear un padrón de periodistas y quién decidirá quién sí es periodista y quién no?», planteó.
Los participantes coincidieron en que la propuesta adquiere una dimensión especialmente delicada en Veracruz, entidad que durante años ha figurado entre las más peligrosas del país para ejercer el periodismo.
Señalaron que, antes de pensar en elaborar un registro de comunicadores, el gobierno estatal debería fortalecer las políticas públicas de protección, investigación de agresiones y combate a la impunidad.
Durante la discusión también se recordó que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) ya cuenta con mecanismos de vinculación con medios de comunicación y periodistas en situación de riesgo, además de que existe un padrón de empresas periodísticas para efectos administrativos, por lo que no resulta claro qué problema resolvería un nuevo censo.
Aurelio Contreras advirtió que la CEAPP tampoco dispone del presupuesto ni de la estructura operativa necesaria para desarrollar un proyecto de esa magnitud.
Mariana Calderón sostuvo que la propuesta carece de un andamiaje institucional que garantice la protección de los datos personales de los periodistas y evite un eventual uso político de la información.
Explicó que, en un contexto donde diversos organismos autónomos han desaparecido o perdido independencia, la creación de una base de datos oficial sobre periodistas genera preocupaciones legítimas respecto a la libertad de expresión.
Para la especialista, una política pública de protección al periodismo requiere primero definir objetivos, mecanismos de operación, responsabilidades institucionales y garantías para quienes eventualmente formen parte del registro.
Sin esos elementos, afirmó, el riesgo es que el padrón termine siendo percibido como un mecanismo de vigilancia o inhibición del periodismo independiente.
Lineamientos federales: discrecionalidad y posible censura
El análisis también se centró en los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, propuestos por el gobierno federal, los cuales fueron calificados por los participantes como uno de los mayores riesgos recientes para la libertad de expresión.
Mariana Calderón recordó que los derechos de las audiencias ya están reconocidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión desde 2014, por lo que consideró innecesario crear un nuevo modelo regulatorio con facultades sancionadoras.
A su juicio, la principal preocupación radica en que los nuevos lineamientos introducen conceptos ambiguos como «información falsa», «información descontextualizada» o la obligación de separar estrictamente información y opinión, criterios que calificó de subjetivos y prácticamente imposibles de aplicar en el ejercicio cotidiano del periodismo.
Otro de los aspectos cuestionados fue que la autoridad encargada de aplicar los lineamientos ya no sería un organismo constitucional autónomo, como ocurría con el desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), sino una Comisión Reguladora integrada dentro de la Agencia de Transformación Digital, dependiente del Poder Ejecutivo federal.
Para Mariana Calderón, ello elimina un contrapeso institucional y concentra en un órgano subordinado a la Presidencia la facultad de determinar qué contenidos incumplen la normativa y qué concesionarios pueden ser sancionados.
En opinión de los participantes, esa discrecionalidad podría generar fenómenos de autocensura entre medios de comunicación para evitar multas o procedimientos administrativos.
Durante el programa también se expresó preocupación por la posibilidad de que el modelo regulatorio sea extendido más adelante a medios impresos, portales informativos y plataformas digitales.
Aurelio Contreras señaló que esa intención ha sido planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que ampliaría considerablemente el alcance de las disposiciones.
Mariana Calderón advirtió que, de concretarse, las sanciones ya no se limitarían a concesionarios de radio y televisión, sino que eventualmente podrían afectar a cualquier persona que difunda información a través de internet o redes sociales.
Llaman a participar en consulta pública
Frente a este escenario, los participantes hicieron un llamado a la ciudadanía para participar en la consulta pública abierta sobre los lineamientos y expresar su opinión, aunque reconocieron dudas sobre el impacto real que pueda tener ese proceso en la decisión final del gobierno federal.
Asimismo, Mariana Calderón señaló que el Consejo Nacional de Litigio Estratégico prepara estrategias jurídicas para impugnar aquellas disposiciones que considere contrarias a los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión.
Finalmente, hicieron un llamado a periodistas, medios de comunicación y organizaciones civiles a mantenerse unidos en la defensa del derecho a informar y del derecho de las audiencias a recibir información plural, libre e independiente, al considerar que tanto los nuevos lineamientos federales como la propuesta de crear un padrón de periodistas en Veracruz forman parte de una tendencia que podría incrementar los mecanismos de control sobre el ejercicio periodístico.
