O todos coludos o todos rabones
Por Javier Solórzano Zinser
Sin descartar las responsabilidades que tenga Ernesto Ruffo, los cuestionamientos parten de la forma en que ha hecho las cosas la FGR, con el apoyo del gobierno y la Judicatura.
La FGR debe tener bien hechos sus deberes. Lo que está instrumentando en contra de Ruffo, ha logrado una particular atención, porque el exgobernador de BC es un personaje que ha jugado un papel importante en la historia política del país, en términos de su democratización y pluralidad.
Esto no lo hace inocente de los cargos que se le imputan. Pero sí es para tomar en cuenta, porque de alguna manera se da un efecto colateral, en el sentido de que se está acusando a un personaje identificado con la oposición, aunque ya no sea integrante del PAN.
En torno al caso se han presentado elementos que cuestionan las formas. Uno de ellos es el hecho de que hayan cambiado al juez que había tomado ciertas determinaciones. Lo que hicieron fue quitarle el caso y mandar el asunto a una jueza que con prontitud definió lo que de antemano se veía venir: la consignación de Ruffo. La jueza forma parte de los impartidores de justicia que fueron elegidos con la reforma al Poder Judicial.
Independientemente de los argumentos en contra del exgobernador, quedó muy claro que querían tenerlo tras las rejas a como diera lugar. La Presidenta aseguró que había “muchas” pruebas en su contra, la consejera Jurídica de la Presidencia está pidiendo que se sancione al juez que no actuó como hubiera querido la Fiscalía, como si no tuviera autonomía para hacer lo que consideraba, acorde a su experiencia.
El caso se da en medio de un escándalo por los audios de la gobernadora de BC. Marina del Pilar ahora aparece como una víctima, porque va quedando claro que la “chamaquearon”. Resulta que ofreció una serie de opciones informativas delicadas a sus interlocutores para tratar de salvar su pellejo.
Ahora parece que esto es lo que menos importa. Hemos pasado a los terrenos en que se aprovecharon de ella pasando a segundo plano el contenido de una muy delicada conversación, la cual pudiera ser lo mismo que la haya tenido frente a agentes estadounidenses o a un grupo de engañadores profesionales.
Sea o no el caso Ruffo un distractor político, es evidente que la narrativa cambió 180°, el gobierno se encargó puntualmente de ello. Ahora resulta que no es importante lo que pasó con la gobernadora, pero si es de primera importancia señalar al exgobernador, más allá de las responsabilidades que eventualmente tenga, lo cual no se pasa por alto.
Al mismo tiempo va quedando en evidencia cómo existen en el gobierno diferentes formas de tratar asuntos de esta naturaleza. Esto es lo que más se ha puesto en cuestionamiento. Otros asuntos, propios de funcionarios y de personajes señalados del gobierno y de la mayoría, son tratados de manera laxa sin que haya una acuciosidad propia de la justicia y del ejercicio de la gobernabilidad.
No es la primera vez que esto sucede. Es una constante que viene desde López Obrador y que tiene un referente significativo en el caso Segalmex. De manera inopinada, el expresidente trató, como fuera, de salvar y defender a quien era el director de la paraestatal al asegurar que lo habían engañado y que estaba “rodeado de priistas corruptos”.
Las responsabilidades de Ruffo tendrán que irse probando a lo largo de un proceso que se vislumbra largo, complejo, controvertido y profundamente político.
La FGR, que viéndolo bien no es tan autónoma, tendrá que medir las cosas de manera justa e imparcial. No solamente es el caso Ruffo, son otros casos que tiene en su escritorio, los cuales trata con una muy cuestionable discrecionalidad.
O todos coludos o todos rabones.
RESQUICIOS.
Lo que pasa en Nicaragua era previsible. Llegó la dictadura a un país que tuvo uno de los momentos políticos más atractivos y alentadores a finales de los 70 y principios de los 80. El Gobierno mexicano no debe ver el partido desde la tribuna como acostumbra con quienes empatiza.
