Por Sandra Luz Tello Velázquez
En su manifestación más brutal, la naturaleza desgarra, destruye, no entiende de ideologías, de discursos revolucionarios, ni de blindajes militares. El trágico terremoto que azotó a Venezuela el pasado 24 de junio nos muestra, además de la catástrofe geológica, la radiografía implacable de un gobierno ausente, el eco doloroso de las estructuras del poder diseñadas únicamente para su autopreservación y que colapsan mucho antes de que la tierra empiece a temblar.
A lo largo de la historia, los sismos han puesto a prueba la resiliencia de las naciones. Sin embargo, lo que hoy se vive en tierra venezolana no es el infortunio de la fatalidad geográfica, sino el resultado acumulado de años de abuso institucional. Ver a los ciudadanos escarbar entre los escombros con las manos desnudas, a los médicos improvisar listas de sobrevivientes escritas a mano en hojas de cuadernos y a los rescatistas alumbrando el dolor con las linternas de teléfonos celulares prestados es una muestra de heroísmo civil; aunque también es la evidencia trágica del desamparo sistemático. El sistema de salud desprovisto de los insumos más elementales como gasas y guantes, ha tenido que enfrentar la peor emergencia de su historia reciente en el absoluto y criminal desamparo logístico.
Las tragedias naturales son inevitables, pero el tamaño del desastre siempre es consecuencia de una decisión política.
Resulta profundamente paradójico e indignante constatar las prioridades del aparato estatal. Durante más de dos décadas se edificó un monstruo burocrático y militarizado, donde las fuerzas militares han ocupado ministerios, puertos y aduanas, demostrando su eficacia implacable cuando se trata de control social y contención política. Sin embargo, ante el clamor de las víctimas atrapadas bajo el concreto, ese músculo gubernamental se tornó flácido e invisible. Ha sido la solidaridad internacional, con el despliegue de rescatistas de naciones hermanas como México, Colombia y la inmediatez de las organizaciones de la sociedad civil, las que asumieron las funciones de auxilio que el régimen simplemente no puede o no sabe proveer. Una aplicación creada para el control de los ciudadanos no salva vidas cuando se apaga la luz del Estado.
La imagen de los complejos gubernamentales reducidos a polvo, aquellos concebidos precisamente bajo la promesa de proteger a los vulnerables de desastres pasados, las imágenes de la tragedia transmitidas por los medios, son la metáfora de un modelo tiránico agotado. No se puede proteger a una población cuando las capacidades silenciosas del Estado (protección civil, el mantenimiento de infraestructuras, los protocolos de emergencia) han sido sacrificadas en pro de la propaganda y la lealtad partidista.
Venezuela se encontraba en un punto donde intentaba atisbar el mañana, discutiendo rutas económicas y futuros posibles. El terremoto ha obligado a su gente a mirar hacia abajo, hacia los escombros, para descubrir con horror que debajo de la retórica oficial no quedaban cimientos públicos que sostuvieran tan duro golpe. La lección es amarga pero urgente para todos los países de la región: un Estado fuerte no es aquel que vigila y somete, sino aquel que provee, previene y protege a sus ciudadanos cuando la tierra, inevitablemente, reclama su espacio.
