El nombramiento de Rachel Guadalupe Hernández Domínguez como directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) desató una oleada de críticas y cuestionamientos. Apenas en mayo pasado, Hernández -entonces jefa del Departamento de Estadística Catastral- fue exhibida en un video reteniendo y presionando a la trabajadora Litzy Rubí Ronzón Montiel, para que firmara su renuncia.
En la grabación se le escucha insistir: “No va a haber liquidación, fírmalo, por favor, esto es por las buenas”.
Pese a la evidencia, la gobernadora Rocío Nahle García defendió la designación y justificó el traslado de Hernández a la SEV. Según la mandataria, se trató de un conflicto personal entre dos trabajadoras, y ambas fueron separadas de su centro laboral.
Con todo y eso, Nahle aseguró que “yo la mandé de directora de Recursos Humanos de la SEV; Rachel es una persona preparada, muy capaz, y yo soy la que la envié”.
Por su parte, representantes de 36 organizaciones sindicales del magisterio veracruzano se manifestaron este lunes en las oficinas centrales de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para expresar su inconformidad con el nombramiento de Rachel Guadalupe Hernández Domínguez como nueva directora del área, en sustitución de Sofía Enith Quiroz Allende.
En un pronunciamiento leído por Tonatiuh Paredes Rangel, secretario general estatal del Sindicato Independiente de Regeneración Magisterial (SIRMA), los dirigentes reconocieron que la designación de funcionarios es facultad del Gobierno del Estado, pero advirtieron que estas decisiones deben privilegiar la continuidad administrativa, la eficiencia del servicio público y el interés superior de la niñez.
Señalaron que la constante rotación de titulares en la SEV provoca retrasos en trámites, reinicia acuerdos institucionales y afecta directamente la atención de miles de trabajadores de la educación.
Los sindicatos subrayaron que la Dirección de Recursos Humanos atraviesa una etapa crítica, con procesos de cambios de adscripción, movimientos de personal y regularizaciones administrativas que requieren experiencia técnica y continuidad. Rechazaron que su postura responda a intereses políticos, insistiendo en que defienden la estabilidad administrativa y el derecho de los trabajadores a recibir respuestas oportunas, lo cual repercute directamente en los estudiantes.
El posicionamiento también destacó que, por primera vez, organizaciones sindicales independientes decidieron unificar esfuerzos para exigir diálogo, respeto a la base trabajadora y estabilidad laboral. “La educación de Veracruz merece estabilidad, profesionalismo y continuidad”, concluyeron.
A su vez, el abogado laboral Juan José Llanes criticó la postura de la mandataria, señalando que su mensaje pretende imponerse con la contundencia de la “infalibilidad papal”.
Para Llanes, reducir el episodio de violencia institucional a un “problema personal” con la trabajadora Litzy Ronzón refleja la lógica del poder que busca conjurar cualquier observación con la frase “me canso, ganso”.
