El abogado y ex trabajador de la Universidad Veracruzana (UV), Rodolfo Donaldo Vázquez Moreno, denunció públicamente un patrón de hostigamiento institucional y abuso de poder por parte de las autoridades universitarias, que —según su versión— comenzó durante su etapa laboral y se intensificó tras su despido el pasado 27 de mayo.
Vázquez, quien se desempeñaba como analista jurídico en la Dirección de Asuntos Jurídicos, acusa al rector Martín Gerardo Aguilar Sánchez, al abogado general Heroy Muñoz Gómez y al director de Asuntos Jurídicos, Carlos Alberto Pedreguera García, de encabezar acciones para desacreditarlo profesionalmente y obstaculizar su labor como abogado externo de trabajadores universitarios.
El litigante relató que antes de su separación de la UV, presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), alegando hostigamiento dentro de la institución. Posteriormente, se instauró un procedimiento disciplinario laboral que concluyó con su despido, el cual considera irregular y que combatirá en tribunales.
Entre las acusaciones en su contra se mencionó la supuesta “autoasignación de procedimientos”, hecho que él niega categóricamente.
Ya como abogado externo, Vázquez representa a ocho trabajadoras y trabajadores de la UV en casos relacionados con violencia de género, hostigamiento laboral y presuntas violaciones a derechos humanos. Sin embargo, asegura que la UV ha desplegado estrategias para impedir su defensa, como ocurrió el 19 de junio, cuando se le negó el acceso a una audiencia mediante la plataforma institucional “Veracruzana Protegida”. Calificó esta medida como una táctica para excluirlo de diligencias y limitar su representación legal.
«Al consultar la información publicada en la plataforma ‘Veracruzana Protegida’, se advierte que ésta se fundó en argumentos fabricados, mismos que constituyen el delito de falsedad ante autoridad competente”, expuso.
Durante la conferencia de prensa que ofreció este lunes, negó estar sujeto a procedimientos por violencia de género, aclarando que los casos mencionados corresponden a sus representadas. Subrayó que no existe documento oficial que lo vincule a actos de violencia y que su despido responde a una situación administrativa que será ventilada en instancias laborales.
También acusó a la UV de movilizar recursos institucionales —incluyendo personal administrativo y sistemas internos— para afectar su imagen y difundir versiones inexactas en medios de comunicación.
«Resulta grave que una universidad pública movilice aproximadamente a 50 personas servidoras públicas de distintas áreas administrativas y utilice recursos públicos como la plataforma ‘Veracruzana Protegida’, llamadas de emergencia y narrativas mediáticas para desprestigiar a un egresado y extrabajador de la propia institución», sentenció.
Vázquez solicitó la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García y de la presidenta de la CEDH, Minerva Regina Pérez López, para frenar lo que considera abusos de la universidad y garantizar mecanismos de protección. “Que ya dejen ellos de generar esas acciones que totalmente manchan su reputación como institución”, expresó. Los procedimientos administrativos y laborales continúan en curso, y será en esas instancias donde buscará demostrar la legalidad de sus planteamientos.
