Por Ruby Soriano
El coordinador del gabinete del gobernador Alejandro Armenta, José Luis García Parra seguramente no midió el alcance de las inconformidades de su ley contra el ciberasedio.
Resulta que, frente a la oleada de protestas, el gobierno y congreso del estado decidieron cambiar la narrativa argumentando que esta ley va en función de resguardar los derechos de niños y mujeres que son vulnerables ante los ciberdelitos.
El discurso fracasó pues la narrativa no permeó sobre todo porque contrasta con el contenido de una ley donde lo que menos se resguarda son los derechos de los infantes.
Y a pesar de todos los pronósticos adversos, la tarde de este domingo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presidida por Rosario Piedra Ibarra, emitió un exhorto al gobierno de Puebla para revisar el polémico artículo 480 que criminaliza las críticas en redes sociales.
“La libertad de expresión es un pilar en toda sociedad democrática y debe ser protegida frente a cualquier forma de censura, ya sea directa o indirecta. Así como no es válido el uso de la mentira y la calumnia como forma normalizada de ejercer el periodismo, el derecho penal no debe utilizarse como medio para castigar el disenso, la crítica o el ejercicio libre de la palabra”, CNDH.
Frente a la nueva crisis que enfrenta el gobierno de Alejandro Armenta, la realización de foros sólo confirmó que hay una percepción de rechazo frente a una ley que a todas luces representa un riesgo para limitar garantías individuales como la libertad de expresión.
Ha sido más que vergonzosa la actuación del Congreso Estatal liderado por la diputada Laura Artemisa García que con toda alevosía votó esta ley al vapor con el mayoriteo y la premura que eximió del análisis y discusión al resto de los diputados.
El riesgo de una ley censura en Puebla que de manera deliberada contenga la crítica y castigue a quienes increpen, cuestionen o exhiban está latente.
Los foros organizados por el Congreso reflejaron no sólo desorganización, sino también la falta de transparencia ya que ni siquiera fueron transmitidos por las plataformas digitales del poder legislativo.
Periodistas, activistas y académicos hicieron acto de presencia coincidiendo en que esta ley más que abonar a un combate real en contra de los ciberdelitos, lo que promueve es una velada censura de la crítica hacia quienes están en el ejercicio del poder.
La criminalización con 3 años de prisión fue el discurso que de manera inicial alentó el ejecutivo estatal. Frente a ello, una parte importante de las ponencias en los foros organizados por el Congreso del Estado coincidieron en solicitar la derogación del artículo 480.
Asimismo, frente a los riesgos que representa esta Ley, por el momento hay dos solicitudes de una declaratoria de inconstitucionalidad presentadas por el abogado Ricardo Gali y la Red de Periodistas de Puebla.
El tema de la #LeyCensura cobró relevancia en los últimos días, al darse a conocer dos casos donde se afecta el derecho de la libre expresión.
El primero de ellos se registró en Hermosillo, Sonora, donde la ciudadana Karla María Estrella fue sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por Violencia Política en Razón de Género.
Karla publicó un tuit el pasado mes de febrero del año en curso, donde sugirió que la diputada del Partido del Trabajo, Diana Karina Barreras Samaniego había arribado al cargo por ser esposa del morenista, Sergio Gutiérrez Luna.
La ciudadana deberá pagar una multa, emitir disculpas públicas por un periodo de 30 días, además de figurar por 18 meses en el padrón de violencia de género.
El segundo caso es el de la influencer Laisha Wilkins quien el pasado viernes fue notificada de una denuncia en su contra también por Violencia Política presentada por Dora Alicia Martínez Valero, quien contendió para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Wilkins comentó con una carcajada el mote que otro tuit la mencionaba como “Dora, la censuradora”.
Estos dos casos reflejan la oleada de denuncias que han empezado a circular no sólo en contra de periodistas, sino también en contra de ciudadanos que emiten críticas sobre personajes en el actual ejercicio del poder.
La ley censura poblana sin duda ha servido de laboratorio para que en otras entidades con gobiernos morenistas empiecen a explorar las posibilidades de establecer una legislación que disfrace la censura e imponga una nueva forma de contener la crítica al poder.
@rubysoriano @alquimiapoder
