El Senado de la República y la Cámara de Diputados presentaron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la impugnación contra 26 candidaturas al Poder Judicial.
Entre los 26 impugnados, ocho no cumplieron con el requerimiento de tener promedio general de calificación de ocho en sus estudios universitarios.
La petición del Congreso de la Unión es que el INE “cancele el registro” de los enlistados a ocupar cargos en el Poder Judicial “por no haber cumplido el requisito constitucional de elegibilidad” previsto en la ley.
El informe presentado acredita la existencia de carpetas de investigación y órdenes de aprehensión contra algunas de estas personas. También se documenta que algunas de ellas han actuado como defensores de individuos relacionados con el crimen organizado, lo cual compromete su imparcialidad y representa un conflicto de interés.
Por otra parte, en las candidaturas impugnadas por elegibilidad académica que corresponden a cargos de juezas, jueces y magistrados en distintos circuitos y salas del país, los promedios documentados van de 7.0 a 7.93. Esto afecta directamente la idoneidad de las personas aspirantes y demuestra un incumplimiento de las bases legales del proceso.
Uno de los tres documentos dirigidos a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, incluye los nombres de 12 personas que no cumplieron con tener “buena reputación”.
Entre ellos, hay siete personas identificadas por haber emitido fallos en favor de personas acusadas por delincuencia organizada, como Fernando Escamilla Villarreal, aspirante a juez de distrito, que fue postulado por el Comité de Evaluación del Ejecutivo federal.
El señalamiento adverso a su buena reputación es que fue “abogado defensor de personas imputadas de pertenecer a la delincuencia organizada”.
Otras es Diana Monserrat Partida, aspirante a jueza de distrito, postulada por los poderes Ejecutivo y Judicial. Se le señala por haber concedido libertad indebida a imputados por delincuencia organizada.
Los demás aspirantes impugnados por esas causas son:
- Julio Veredín Serna, postulado por el Comité del Poder Ejecutivo.
- Aníbal Castro Borbón, propuesto por el Comité del Ejecutivo.
- Conrado Alcalá Romo, postulado por el Comité del Poder Ejecutivo.
- Enrique Hernández Miranda, postulado por el Comité del Poder Ejecutivo.
- Francisco Herrera Franco, postulado por el Comité del Poder Legislativo, y señalado “por tener vínculos con integrantes de la delincuencia organizada”.
En un segundo documento, los congresistas pidieron al INE cancelar candidaturas por no gozar de buena reputación, al estar imputados y en proceso de investigación por la Fiscalía General de la República (FGR), por haber cometido distintos delitos.
Los señalados son:
- Alejandro Tlacuahuac Zitlalpopoca, aspirante a magistrado de circuito, postulado por el Comité del Poder Judicial. Está imputado por el delito de abuso sexual y tiene una carpeta de investigación abierta.
- Ángel Antonio Villegas Cortés, aspirante a juez de distrito, fue postulado por el Comité del Poder Judicial y está imputado por amenazas y lesiones.
- Noel Castro Melgar, aspirante a juez de distrito, postulado por el Comité del Poder Ejecutivo, está imputado por el delito de peculado y abuso sexual.
- Arturo César Morales Ramírez, aspirante a magistrado de circuito, postulado por el Comité del Ejecutivo, está imputado por delincuencia organizada, en la hipótesis de delitos contra la salud.
- Jesús Karina Almada Rábago, aspirante a jueza de distrito, postulada por el Comité del Poder Ejecutivo, está imputada por ser abogada defensora de un procesado ligado al Cártel de Sinaloa.
- María de Jesús López Guzmán, aspirante a jueza de distrito, postulada por el Comité del Ejecutivo, actuó como abogada defensora de un procesado al que se le imputó el delito de delincuencia organizada en la hipótesis de secuestro.
Algunos otros participantes en la elección judicial que no cumplieron el requisito de “buena reputación”, son Jesús Humberto Padilla Briones, aspirante a juez de distrito, postulado por el Comité del Legislativo. Fue puesto a disposición por portación de arma de fuego y delitos contra la salud.
Francisco Martín Hernández Zaragoza, aspirante a magistrado del Poder Judicial federal, fue imputado por abuso sexual en agravio de diversas víctimas.
Edgar Agustín Rodríguez Beiza, aspirante a magistrado del Poder Judicial, fue imputado por abuso sexual en agravio de una alumna.
Andrés Montoya García, aspirante a magistrado, fue imputado por desaparición forzada de personas en agravio de un periodista.
Leopoldo Javier Chávez, aspirante a juez del Poder Judicial de la Federación, fue imputado por delitos contra la salud.
Los presidentes del Congreso enviaron al INE un tercer documento con los nombres de los aspirantes cuya candidatura piden cancelar por no cumplir con el requisito de tener el “promedio general de calificación en licenciatura de cuando menos ocho puntos”.
Los señalados son Arturo Manuel Fernández Abundis, aspirante a juez de distrito, postulado por el Comité de Poder Ejecutivo.
También se enlista a Elvia Regina Jiménez Castillo, aspirante a magistrada de sala regional del Tribunal Electoral; Juan Hernández Rodríguez, aspirante a magistrado de circuito; Raúl Miguel Gaspar Pech Martínez, aspirante a juez de distrito; Joaquín Flores Ruiz, aspirante a juez de distrito; Porfirio Aldana Mota, aspirante a juez de distrito; Alejandra Ramírez De La Vega, aspirante a magistrada de circuito y Mario Alberto Parada Cerón, aspirante a juez de distrito.
