Violencia política. Focos rojos
Por Javier Solórzano Zinser
Estamos a pocos meses del proceso en medio de la agudización de confrontaciones y de hechos de violencia que están creando en algunas comunidades un ambiente de miedo electoral.
Las alertas están por doquier. El mayor riesgo, como ha sucedido en pasados procesos, está en el papel que juega la delincuencia organizada en la selección de candidatos o en la desaprobación de ellos, lo que ha llevado en algunos casos a la violencia política.
El magistrado del TEPJF Felipe de la Mata ha alertado, con sobrada razón, sobre la importancia que tiene atender todo lo relacionado con la violencia política de cara a las elecciones. En su argumentación muestra datos que deben ser considerados por la autoridad, muy en particular por los partidos políticos, que son los responsables de la selección de candidatos, porque a menudo les da por colocar personajes sin preguntarse quiénes son con tal de ganar las elecciones.
No es casual que un funcionario como Felipe de la Mata lance una alerta de esta naturaleza. Quiere decir que al estarse presentando hechos de violencia política se va definiendo los perfiles de las y los candidatos en diversas comunidades del país. Dicho de otra manera, están haciendo a un lado a unos y unas para colocar a otras y otros.
Pero no es sólo eso. Es el hecho de que la delincuencia organizada se vaya metiendo de manera cada vez más significativa en la definición político-electoral en algunos estados del país.
La violencia que se vive, la cual mucho tiene que ver con mantener o apoderarse de las plazas, tiene una inevitable repercusión en la vida política. Los cárteles buscan entenderse con la autoridad que les es afín o de plano, como apuntó el CJNG, le dicen a los gobernantes que mejor no se metan porque el problema no es con ellos.
En las últimas semanas se ha presentado con regularidad la petición de familias o colectivos a la delincuencia organizada para que les ayuden a resolver su problema o para que dejen en libertad a las personas que secuestran, lo que quiere decir que en su radar no consideran a las autoridades para resolver el problema.
Vivimos en medio de cifras negras. En muchos casos los ciudadanos no denuncian, porque lo consideran innecesario. Más bien tratan de entenderse con los delincuentes para enfrentar sus dolorosas pesadillas; en algunas comunidades hemos ido entrando en la ley de la selva.
La interpretación que hacen los gobernantes sobre el estado de las cosas llega a ser irresponsable. Algunos dicen que están pasando por un “bachecito” y otros miran sus estados de una manera muy distinta de lo que lo ve y padece la ciudadanía.
Va a ser muy difícil que la violencia que impera en diversos estados no se extienda hacia los procesos electorales. Más bien pudiera ser que tuvieran otro espacio de confrontación entre los cárteles. Se ha ido normalizando el que los gobernantes, particularmente las presidencias municipales, se sienten a la mesa con los delincuentes para llegar a acuerdos o para delimitar los terrenos de unos y otros.
La hegemonía de dos o tres cárteles no significa que tengan un pleno control de las cosas. Han surgido pequeños grupos al amparo de las grandes organizaciones que se han dedicado a delinquir, a veces con el apoyo de ellas y otras muchas se van por la libre.
La violencia política difícilmente se va a erradicar. La clave está en la responsabilidad que asuman los órganos electorales, los partidos, las y los candidatos y, sobre todo, el Gobierno.
Cada quien tiene que asumir su responsabilidad, no hacerlo es meterle a la democracia un cuchillo en el corazón.
RESQUICIOS.
El Presidente aseguró que la información sobre los periodistas que van a la mañanera fue hackeada. La pregunta es por qué no tenían un sistema de defensa después de todo lo que ha pasado en otras dependencias en el sexenio. No vaya a ser otro capítulo de la austeridad convertida en austericidio llevándose en el camino los datos personales de periodistas.
