Por Mariana Calderón Aramburu
Después de varios días de rechazar públicamente la posibilidad de separarse de su cargo, este domingo el INE difundió un comunicado en el que Guadalupe Taddei anunció que, este lunes 26 de octubre, presentará su renuncia ante la Cámara de Diputados. Una decisión que llega después de cuestionamientos sobre su gestión y en medio de investigaciones por posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
De concretarse, su renuncia abrirá una nueva etapa para el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, la salida de su presidenta no extingue las posibles responsabilidades ni resuelve, por sí misma, el daño ocasionado a la confianza ciudadana en la institución encargada de organizar las elecciones de 2027.
Ante este escenario, ¿qué sigue?
El artículo 41 de la LGIPE establece que, ante la ausencia definitiva de la presidencia, las consejerías electorales designarán de entre ellas a quien deba sustituirla provisionalmente y lo comunicarán de inmediato a la Cámara de Diputados para que nombre a su sustituto definitivo.
La primera decisión corresponde al propio Consejo General del INE y debe tomarse con enorme responsabilidad. La presidencia provisional podría terminar conduciendo al Instituto durante el resto del proceso electoral si la Cámara de Diputados no aprueba el nombramiento definitivo —y, a juzgar por la diligencia con la que la mayoría oficialista ha cubierto otras vacantes, más vale no hacerse demasiadas ilusiones—.
Por ello, esa designación debería surgir de un acuerdo respaldado por las dos terceras partes de las diez consejerías electorales, es decir, siete votos. Aunque la ley no exige expresamente esa mayoría para este supuesto, la propia Constitución la establece para designar a la Secretaría Ejecutiva. ¿Por qué no asumir ese mismo estándar de consenso para conducir al Instituto en uno de sus momentos más delicados?
Sería una oportunidad para recuperar la colegialidad, reconstruir los equilibrios internos y demostrar que el INE es mucho más que su presidencia. No se trata simplemente de elegir a quien ocupe temporalmente una silla, sino de garantizar una conducción institucional capaz de rescatar la confianza ciudadana.
Después, la Cámara de Diputados tendría dos caminos.
El primero, que la Cámara realice, con la mayor celeridad posible, un verdadero ejercicio parlamentario, incluyente y plural, que permita construir un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas para designar una nueva presidencia con legitimidad y credibilidad. Estamos en pleno proceso electoral y el INE no puede prolongar la incertidumbre sobre su conducción.
El segundo, que la mayoría oficialista posponga el nombramiento y prolongue implícitamente la interinidad. De ahí la importancia de que el Consejo General no improvise su primera decisión. El INE no puede arriesgarse a sustituir una crisis de credibilidad por otra.
Las decisiones que se tomen en los próximos días serán determinantes para el rumbo del proceso electoral de 2027. No está en juego únicamente quién ocupará la presidencia del INE, sino la capacidad del Instituto para recuperar su fortaleza institucional, reconstruir la colegialidad y garantizar la independencia, la imparcialidad y la certeza que exige la organización de nuestras elecciones.
Pocas cosas resultan tan peligrosas para una democracia como que la ciudadanía dude de la autoridad electoral. Cuando se pierde esa confianza, incluso los resultados legítimos quedan expuestos a la sospecha, se alimentan los conflictos poselectorales y se debilita la credibilidad del propio sistema democrático.
La salida de Taddei puede cerrar una etapa, pero la reconstrucción institucional apenas comienza. Quienes tengan en sus manos las próximas decisiones deberán demostrar que el INE está por encima de las personas y de los intereses políticos.
