Por Emilio Cárdenas Escobosa
La primera parte del Plan B en materia electoral que aprobaron alegremente los legisladores de Morena seguros de que su mayoría estaba por encima de cualquier disposición legal y constitucional se cayó. O más bien, la desechó la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los votos de nueve de los once ministros que integran su pleno, quienes se sumaron al proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán que proponía declarar la inconstitucionalidad de este primer paquete de reformas al haber faltado al procedimiento legislativo, no respetar la Constitución, la ley del Congreso y los reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República.
“La gravedad de tales infracciones en conjunto permite concluir con la invalidez del Decreto cuestionado, por violación directa a los artículos 71 y 72 de la Constitución federal, esto porque la iniciativa no se conoció a tiempo, ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el Reglamento de cada Cámara, desconociéndose con ello el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a la representación popular”, cita la sentencia aprobada.
La mayoría legislativa en el ámbito federal como en el de los estados debe tener claro que cualquier reforma que se apruebe debe cumplir íntegramente con las normas legales, reglamentarias y constitucionales, tal y como lo resolvieron ayer los ministros.
La Suprema Corte dejó un mensaje rotundo respecto a la defensa del orden constitucional, lo que es su función primordial.
Este resultado cayó como balde de agua helada al presidente López Obrador y sus seguidores que, en la víspera, a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia, habían advertido a la Corte que si declaraban inconstitucionales las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las primeras sacadas a rajatabla en el Poder Legislativo y que forman parte del Plan B impulsado por el presidente, estarían vulnerando la división de poderes y sustituyendo al Congreso de la Unión, además de que la SCJN es un poder derivado “sin legitimación popular”.
Tras la decisión de la SCJN, políticos de Morena y afines lamentaron el actuar de los ministros y se mantuvieron en la línea discursiva de que a los ministros no los elije el voto ciudadano y que obedecen a consignas como un poder corrompido que son. Fueron infinidad de exabruptos los que pudimos leer en las redes sociales, de anatemas y mensajes cargados de furia y desahogo hacia los togados. Pero sobresalió lo que es la línea presidencial ante esta circunstancia: desprestigiar al Poder Judicial y poner por delante ahora al llamado Plan C, que es ganar la mayoría absoluta en el próximo Congreso federal.
Del otro lado, entre las opiniones de juristas y expertos de derecho constitucional la interpretación de lo sucedido era una constante: la Corte es el árbitro que debe resolver disputas y diferencias entre los actores políticos y, fundamentalmente, para revisar la constitucionalidad de procesos legislativos, así sin más. Y se destacaba lo dicho respecto a que cumplir con su responsabilidad constitucional no es en absoluto invadir a otro poder.
Mientras que para expertos lo sucedido es una muestra de autonomía frente a presiones del poder y un signo de madurez de la vida institucional mexicana que rescató la razón constitucional frente a los impulsos desmedidos de una política que hoy abusa de su mayoría, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su conferencia mañanera que el Poder Judicial “está podrido” y que es necesaria una reforma constitucional para que sea la gente la que decida quienes serán ministros, magistrados y jueces.
El presidente anunció de plano que antes de que termine su mandato enviará una iniciativa para que los ministros sean electos por voto ciudadano, esto con el fin de acabar con la corrupción y complicidad que, aseguró, existe en el Poder Judicial.
Ese es quizá el fondo y el objetivo final de su campaña de descrédito hacia los integrantes de ese Poder y del hostigamiento de las huestes del oficialismo hacia ellos: generar el consenso para destituir a los actuales ministros y buscar que en adelante sean electos por el voto popular.
Sobre este particular y para ilustrar mejor este episodio de la vida nacional, vale la pena reproducir un fragmento del artículo que publicó en Milenio (9/05/23) el ministro Arturo Zaldívar, quien votó por la inconstitucionalidad de las reformas y, hay que recordarlo, fuera presidente de la SCJN y durante su periodo (2019-2022), muy afín a las posturas del presidente López Obrador:
“Hay quienes piensan, por razones políticas o partidistas, que son dueños de la Constitución: que su visión de los derechos y la democracia es la única legítima. Que son poseedores de su sentido ‘verdadero’ y que cualquier lectura que se aparte de la suya no solo es equivocada, sino reprobable. En tal sentido, pretenden que los jueces constitucionales nos alineemos a su postura y nos conformemos con su criterio. Si votamos en un sentido diferente, entonces nuestra postura es condenable, nuestra integridad como juzgadores resulta cuestionable, y nuestra autonomía dudosa o simplemente inexistente”.
Lo resuelto por la SCJN el día de ayer anticipa lo que ocurrirá con lo que resta del Plan B y con lo aprobado por el Senado, en la noche del 28 y la madrugada del 29 de abril, cuando la coalición de Morena, Verde y PT aprobó sin trámite, con la ausencia de la oposición, sin haber leído las iniciativas, falsificando el quórum, y sin reparar en normas parlamentarias, más de 20 leyes aprobadas por la vía rápida en las cámaras de Diputados y de Senadores en la recta final del periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión que concluyó en abril pasado, y que con toda seguridad serán impugnadas ante la Corte.
El “mayoriteo” lleno de irregularidades e ilegalidades tiene un freno y un límite y así debería entenderse.
La Suprema Corte hizo lo que le tocaba hacer y desde luego que es necesario revisar su actuar y someter a los juzgadores a una limpia, pero no en los términos ni con los excesos del actual debate público, donde de casta de privilegiados no los bajan los seguidores del mandatario. Calificativos redituables para ganar simpatías populares pero que no abonan para una discusión seria de la necesaria reforma del Poder Judicial, tema del que nos ocuparemos en una próxima entrega.
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