Por Emilio Cárdenas Escobosa
El primer tema que abordarán los senadores al reanudarse el trabajo legislativo en este 2023 será la reforma electoral y el famoso Plan B, el polémico y criticado paquete de reformas a diversos ordenamientos legales que regulan la organización de las elecciones.
Ante ello, el Instituto Nacional Electoral hizo público al inicio de esta semana de un diagnóstico sobre los efectos de la reforma electoral, la cual ya fue impugnada, como se preveía, por los líderes del PRI, PAN y PRD que presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación los recursos que van en contra del primer paquete de reformas aprobado por la mayoría morenista en el Congreso de la Unión. Particularmente, en contra de dos de las cinco leyes que planteó el mandatario Andrés Manuel López Obrador modificar, como son la Ley de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y aún falta que el Senado analice y vote las modificaciones a la Ley de Procedimientos Electorales para que se presentan más recursos para combatirlas. Incluso el Instituto Nacional Electoral anunció que también interpondrá las impugnaciones correspondientes en contra el “plan B”.
En tanto ello ocurre y como parte del debate público sobre este importante tema, las consejeras y consejeros electorales del INE hicieron público un documento que analiza y explica las implicaciones que tendrían estas reformas en la celebración de las próximas elecciones y las afectaciones en materia de autonomía del Instituto Nacional Electoral.
De hecho los 11 consejeros electorales hicieron un pronunciamiento unánime contra la reforma.
Es preciso detenerse a analizar este diagnóstico que a mi parecer presenta datos duros que revelan cómo el famoso Plan B ordenado por el presidente López Obrador al que recurrieron ante la imposibilidad de que transitara la reforma constitucional, o fue hecho sobre las rodillas sin reparar en la magnitud del impacto que causaría o fue diseñado con dolo para poner contra la pared al INE -en el límite de incumplir con sus obligaciones-, acusar después su inoperancia y volver a la carga con el tema de su necesaria transformación o desaparición.
Lo que es un hecho es que el severo recorte que habría en la estructura territorial de los órganos ejecutivos del INE en los 300 distritos electorales y en las 32 entidades federativas, con las consecuentes afectaciones a los procedimientos de capacitación y organización electoral, entre otras tareas sustantivas para que las elecciones se desarrollen, no es en absoluto un asunto menor.
De acuerdo al análisis del INE las consecuencias se verán, entre muchos rubros, en materia de fiscalización de los ingresos y gastos de los actores políticos, en el cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos, en la protección de los datos personales de la ciudadanía, en los derechos laborales de los trabajadores del Servicio Profesional Electoral Nacional, en la elaboración del padrón electoral y en la expedición de la credencial de elector, entre muchas tareas más.
Y un tema que a mi juicio salta a la vista es la omisión del oficialismo ante el hecho de que reformas a leyes secundarias violentan el respeto al pacto federal y a la normatividad legislativa de las entidades federativas que se ven afectados en diversa medida por las reformas electorales. Una ley reglamentaria por encima de las constituciones y la soberanía de los estados.
Si las reformas prosperan lo que viene es fácil de prever: organizar los comicios del 2024 será una tarea titánica al mermarse de manera muy significativa la fuerza laboral del INE al tener que despedir a casi 6 mil funcionarios de base, una tercera parte de los recursos humanos con los que cuenta actualmente, lo que entorpecerá el cumplimiento de las funciones del árbitro electoral y significará una enorme carga financiera ante las previsibles demandas laborales que emprenderá el personal perjudicado por los recortes. Y lo peor: el gobierno no previó fondos para resarcir tantos despidos y liquidar a los empleados.
El afán de achicar al órgano electoral y castigar a los consejeros y al secretario ejecutivo del INE que entraron en colisión con el presidente López Obrador apenas iniciado su sexenio planteará graves complicaciones.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que, si el proceso legislativo de la reforma legal se culmina y se publican los cambios legales, estaremos frente a la primera reforma regresiva de nuestra democracia y en la antesala de una inédita incertidumbre preelectoral y postelectoral en la que será, en 2024, la elección más grande de nuestra historia.
La reforma afecta gravemente las posibilidades del ejercicio del voto ciudadano en condiciones de libertad y equidad, con regularidad y certeza. Impacta, como afirmara el presidente del INE, en la recreación misma de nuestra democracia, tal como se ha construido, colectivamente, a lo largo de tres décadas por varias generaciones de mexicanas y mexicanos.
Pero, a pesar de todo este diagnóstico y conclusiones que comparten analistas y observadores políticos, la respuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido lanzar críticas a la Suprema Corte de Justicia, y ofrecer respuestas en la conferencia de prensa mañanera que son de verdadera antología.
Juzgue usted lo dicho por el mandatario: “¿Cómo se va a poner en riesgo una elección, si quien ha hecho valer la democracia en el país ha sido el pueblo? Los que ponen en riesgo la elección son ellos siempre (el INE, se entiende). ¿No son ellos los que permiten el relleno de urnas y la falsificación de actas? ¿No son las autoridades electorales las que se roban los paquetes, las que permiten la compra del voto?”.
Qué más se puede añadir para entender el nivel de confrontación al que hemos llegado.
La pelota está en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
