Con 69 votos y 53 en contra, fue aprobado en lo general y en los artículos no reservados el dictamen que reforma dos leyes en materia electoral, y que crea la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, conocido como el “plan B” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para debilitar el sistema electoral del país.
Tras un diálogo de sordos en el que el bloque oficialista ignoró todos los posicionamientos y solicitudes de la oposición, los senadores de Morena, PT y PVEM “mayoritearon” la reforma que se devolverá a la Cámara de Diputados.
Tal como lo anunció horas antes en su presentación de postura, el senador de Morena Ricardo Monreal votó en contra junto con el bloque opositor, bajo el argumento de que considera que esta propuesta impulsada desde el Ejecutivo va en contra de la Constitución de la República.
El paquete aprobado anula el Servicio Profesional Electoral y, con un nuevo estatuto, fusiona la estructura del INE y los Organismos Públicos Locales (Oples). Está en ciernes la eliminación de 760 plazas de un total de 792 funcionarios. Se suprimieron unos mil 200 puestos relacionados con el trabajo de campo y la instalación de casillas.
«No me vengan con que la democracia nació en el pesebre de la 4T. Y que México divide su historia antes y después de que nació Jesucristo en Macuspana», ironizó en tribuna el senador Germán Martínez.
«Bartlett hizo callar al INE un día. Ustedes lo quieren callar para siempre», protestó el fundador del Grupo Plural, quien advirtió que la estructura temporal del INE estaba siendo alquilada a los servidores de la Nación.
Los senadores José Alfredo Botello Montes, del PAN, y Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD, así como la senadora Beatriz Paredes Rangel, del PRI, presentaron mociones para suspender la discusión de los dictámenes y regresarlos a las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda.
Botello Montes denunció que el Gobierno federal y la mayoría legislativa buscan quebrantar la autonomía del INE, por lo que solicitó más tiempo para analizar las minutas, así como abrir un Parlamento Abierto para su análisis.
Paredes Rangel reiteró que los cambios introducidos en la iniciativa de Morena entre las 22 y 23 horas del 7 de diciembre no se informaron al Pleno de la Cámara de Diputados, por lo que no pueden ser aprobados, por lo que, en este caso, hay una irregularidad y, si realmente los hechos se dieron así, “se cometió un fraude legislativo”.
Sin embargo, con 63 votos en contra y 48 votos a favor, las peticiones para suspender la discusión no fueron aceptadas por la Asamblea.
Posteriormente, los senadores Ricardo Monreal Ávila, de Morena; Damián Zepeda Vidales, Indira de Jesús Rosales San Román y Josefina Vázquez Mota, del PAN; Claudia Ruiz Massieu Salinas, del PRI; Luis David Ortiz Salinas y Noé Castañón Ramírez, de Movimiento Ciudadano; Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD; y Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural, presentaron votos particulares.
Ricardo Monreal adelantó que a título personal, sin involucrar a su Grupo Parlamentario, presentará un paquete de reservas para modificar el dictamen, pues “algunas de las normas que pudieran aprobarse esta noche pueden alejarse de los principios constitucionales”.
Aclaró que lo único que quiere es que se respete la Constitución. “No es un ejercicio retórico, falso o demagógico. Es un ejercicio de auténtica preocupación por nuestra democracia”.
En el documento que presentó, agregó, se expresan las razones por las que se vulnera la Constitución, argumentos que atienden la doctrina, jurisprudencia y principios generales del Derecho. Votó en contra, en lo general.
Ruiz Massieu acusó que se modifican las leyes para adecuarlas a la voluntad del gobernante, las decisiones del gobernante se sitúan en los límites de la legalidad y se corona el diseño autoritario con la reforma a las leyes electorales, para garantizar su permanencia en el poder, pero en detrimento de la democracia.
Por su parte, Zepeda Vidales consideró que la reforma electoral busca debilitar institucionalmente al árbitro electoral y que no se puede desbaratar “lo que juntos hemos logrado, porque la democracia, el sistema político electoral vigente, se logró con la lucha” de todos.
Castañón Ramírez coincidió en que el proyecto pretende “derruir todo el aparato democrático que todos los ciudadanos hemos construido en los últimos 30 años”, por el capricho, resentimiento y odio de Palacio Nacional.
En tanto, Mancera Espinosa afirmó que sí es necesaria una reforma en materia electoral, pero no una reforma que afecte lo que se ha ganado a lo largo de 30 años con consensos, con y desde la oposición.
Martínez Cázares insistió en que la reforma no es constitucional, debilita al árbitro electoral y prepara el terreno para que el Gobierno controle la organización y la operación de las elecciones.
“Hoy es una vergüenza lo que quieren hacer y todo en nombre del señor que sólo les ordena y en detrimento de la democracia de este país y de ustedes en el futuro, porque no siempre van a estar ahí, no siempre van a estar del lado del poder y cuando quieran reglas democráticas se acordarán ustedes, y si no sus hijos o sus nietos, que fueron los de hoy, los de esta Legislatura, los que permitieron este retroceso histórico”, afirmó el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería.
