Por Miguel Casillas
Este martes 16 de agosto por la mañana, seguramente serán miles los universitarios que se reúnan en frente a la casa presidencial de San José para defender a la universidad pública.
Las comunidades de maestros, estudiantes, trabajadores y autoridades de las principales universidades públicas de Costa Rica, la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Estatal a Distancia (UNED), el Tecnológico de Costa Rica (TEC), y la Universidad Técnica Nacional (UTN) confrontan a un gobierno insensible y carente de visión social que busca reducir el presupuesto público para la educación superior. Incluso que está proponiendo reformas constitucionales para limitar el financiamiento universitario.
La propuesta entregada por los representantes del poder ejecutivo en el marco de la Comisión de Enlace que discute el presupuesto para 2023, propone una rebaja sustancial en el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y de la transferencia a la Universidad Técnica Nacional para el 2023. El Consejo Nacional de Rectores (CONARE), la Confederación Estudiantil Universitaria de Costa Rica y las comunidades universitarias sostienen que esta propuesta es inadmisible por las siguientes razones:
La eventual disminución del monto del FEES con respecto al año anterior, constituiría un irrespeto a las disposiciones contenidas en el artículo 85 de nuestra Constitución Política.
La aceptación de esta propuesta implicaría la reducción drástica de los servicios que ofrecen las universidades, tales como los cupos actuales y de nuevo ingreso a carreras, el cierre de proyectos de investigación y extensión y una disminución de nuestra presencia en las regiones. Además, afectaría la cobertura de las becas actuales y futuras para nuestra población estudiantil.
De concretarse, obligaría a las universidades a prescindir del personal necesario para el buen desempeño de las actividades esenciales y comprometería la operación de las universidades públicas. (https://semanariouniversidad.com)
Al defender a la universidad pública, los estudiantes y profesores de Costa Rica defienden a las instituciones que tienen mayor matrícula, mayor cobertura en todas las regiones geográficas y sociales, que brindan educación, becas y servicios a estudiantes en general de bajos recursos económicos. En Costa Rica, como en toda América Latina, la universidad pública es parte de un proyecto civilizatorio mayor, que favorece la ampliación y la producción del conocimiento y su uso en la vida diaria y en la producción económica; que incide de modo estratégico en el desarrollo social de los pueblos; que es una oportunidad de superación y crecimiento personal para miles de jóvenes; que favorece la movilidad social y abre las oportunidades sociales y laborales para sus egresados.
La universidad pública se distingue en Latinoamérica por tener como funciones sustantivas además de la enseñanza y de la producción de conocimiento, la difusión y la preservación cultural. En Costa Rica como en el resto de América Latina, la universidad pública es, además del espacio privilegiado para la producción científica y para la formación masiva de profesionistas, un espacio para la crítica fundada, para el debate de argumentos, para el análisis crítico de todos los asuntos.
La escasa importancia que le otorga el gobierno a la universidad expresa un sin sentido, un absurdo: debilitar a la universidad pública en un país latinoamericano es un error estratégico en el contexto de la sociedad del conocimiento y de la competencia internacional, pues es la principal fuente de formación profesional para sus ciudadanos y la mejor herramienta para fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico.
De acuerdo con la experiencia mexicana y de otros países latinoamericanos, el fracaso de la experiencia neoliberal y la privatización anárquica de los sistemas de educación superior no han dado buenos resultados: los sistemas se segmentan, los criterios de mercado se imponen sobre los criterios académicos, no se avanza en términos sociales, no se mejora la calidad.
Desmantelar el sistema público de educación es un absurdo y un error; todas las experiencias latinoamericanas en este sentido han representado un proceso de involución social y educativo. En Costa Rica, frente a la ofensiva gubernamental, es la hora de defender a la universidad pública. Los ecos de su lucha nos son familiares y encontrarán un respaldo solidario en los universitarios de toda América Latina.
